Deliberación ciudadana y calidad de la democracia (2005)

Estado y Sociedad Civil

Rendición de cuentas

Memoria e identidad

www.adolfocastillo.cl

Adolfo Castillo[1]

 

Cada acción humana es un acto único y original, irreproducible e inimitable. No existen dos acciones idénticas efectuadas por hombres o mujeres en un mismo o distinto contexto, y éste es tal vez uno de los rasgos más singulares de la naturaleza social de nuestra especie. No obstante esta constatación, en las acciones humanas colectivas o aquellas en que intervienen grupos de hombres y mujeres movidos por fines específicos y diferenciados, aun cuando el acto único ejecutado por el individuo mantenga su especificidad, en el movimiento de la acción colectiva tiende a producirse un fenómeno que da lugar a una construcción simbólica y significativa para sus actores: la formación de una memoria colectiva, que deviene identidad en la medida que el evento constituye o forma parte del sentido de las cosas, o se integra a la ideación o interpretación social del contexto en que nace y se mueve la vida social de los sujetos involucrados.

 

Identidad y memoria constituyen formas de anclaje subjetivo en las culturas del tránsito de la vida colectiva en el mundo, y en consecuencia, son bienes preciados y escasos.

 

Nuestro mundo es una paisaje pleno de memorias e identidades, algunas fugaces, otras duraderas y casi eternas; memorias e identidades que se hacen realidades en sus creyentes y seguidores. Cada cultura o subcultura, pueblo o colectivo, urbano o rural, de mares o bosques, letrados o iletrados, hacen esa sumatoria maravillosa que llamamos la vida social en la diversidad. Y por ser la vida esencialmente tránsito, cambio, la memoria e identidad de los sujetos que la encarnan, viven, gozan y padecen esa constante transformación, que afecta y nutre a la vida misma.

 

Desde esta perspectiva, los cambios no pueden ser valorados pues forman parte del fenómeno de la vida humana, y las memorias e identidades cargadas de valor, sí asignan a esos tránsitos –en ocasiones imperceptibles o brutales– una carga valorativa, pues constituyen el sentido mismo de la vida, que podemos comprender dada nuestras inserciones en memorias e identidades que pueden estar en riesgo. La empatía o capacidad de estar en el otro o comprender al otro distinto de mí, constituye una vía para adentrarnos en los relatos que nos llevan a lugares de nuestra geografía de memorias e identidades, a través de los senderos y caminos de sueños y esperanzas, al encuentro con las raíces fundamentales de  nuestro vínculo  con el mundo.

 

Nuestros paisajes de esperanzas colectivas esparcidas en una geografía a veces infinita, encarnados en hombres y mujeres, constituyen el sustrato vivo de la persistencia de la memoria y las identidades que conforman nuestra sociedad, composiciones ciudadanas sin las cuales no sería posible comprender a la vez que admirar el ritmo de los procesos de cambio que estremecen nuestra convivencia diaria.

 

Los testimonios y el habla de los protagonistas del altiplano, de los bosques sureños, de Chiloé o de las vivencias juveniles, nos convocan a pensar en el Chile que está naciendo, en sus enormes debilidades y en la fuerza trasformadora del racionalismo productivista y tecnocrático que busca instalarse como nueva hegemonía, como paradigma de lo políticamente correcto, en un intento por suprimir las diferencias, la diversidad cultural y desterrar sueños y esperanzas, especialmente de aquellos cuyo poder no radica en el dinero ni en la autoridad administrativa.

 

Con todo, emerge en este tiempo de cambios sociales y culturales una nueva mirada desde los actores sociales invisibilizados, que sin ocultar los temores de la fuerza transformadora de una modernidad importada, encuentran su fuerza constituyente ahí donde la razón egoísta no logra ingresar: la memoria colectiva y la identidad que funde pasado con futuro, memoria y esperanza. Los relatos descritos en las siguientes líneas, intentan capturar algo de esa fuerza.

 

 

Afrodescendientes chilenos

 

Es una búsqueda colectiva por encontrar sus raíces, aquello que se entronca a las cuestiones primarias, a la identidad y la memoria. Agrupaciones como Lumbanga y Oro Negro, son las primeras expresiones organizativas integradas por afrodescendientes que habitan el espacio geográfico denominado Chile.

 

Es un sendero trazado por dolor y humillaciones, por fuerza y coraje. El grupo Lumbanga es la expresión viva de la continuidad histórica de un pasado que hunde sus raíces en África y en la América colonial. Constituye esa misteriosa búsqueda humana y vital necesidad del reconocimiento de sí mismo, para dotar de sentido los pasos por el mundo y sus circunstancias.

 

El reconocimiento y la aspiración justa y legítima de los afrodescendientes es una deuda ética que tiene el Estado de Chile y su sociedad con cada uno de los grupos que forman parte de nuestra identidad colectiva y que nos convocan a examinar nuestros propios prejuicios y dolores.

 

A través de un paulatino proceso de reconstrucción de la memoria, los afrodescendientes que habitan en Arica han logrado articular los fragmentos dispersos en el tiempo del habla y acción de los antepasados a través de la Mesa Redonda, que es un consejo de ancianos donde “ellos [nos van] contando las vivencias, historias, pasados, luchas, todo el pasar de ellos”. Mis abuelos y mis padres no era algo que tuvieran claro –señala Cristián Báez, coordinador de Lumbanga– mi abuela cuenta en la Mesa Redonda que ellos no creían que eran negros porque donde vivían habían puros negros, en el Valle de Azapa, a 12 Km. de la ciudad de Arica, desde 1850 hasta 1940, la gran población del valle eran negros, entonces, para ellos era algo normal. Cuando llega la televisión cuentan los abuelos, es que recién se dieron cuenta que existían negros en África y ellos no entendían por qué eran negros acá”.

 

El proceso de chilenización fue la inclusión forzada al Estado de Chile de los grupos culturales que habitaron el territorio anexado tras la Guerra del Pacífico. Cuentan que “para nosotros, el proceso de chilenización de 1900 a 1929 fue el blanqueamiento de nuestra raza. Nuestro abuelos fueron muy buenos con nosotros, en una demostración de amor, se casaron con blancas o blancos, para que nosotros no sufriéramos y porque ellos sufrieron mucho”.

 

Con motivo del plebiscito –que nunca se efectuó y que tenía por objeto definir el destino de la población de Arica y Tacna– para su inserción al Estado de Perú o de Chile, señalan que “nuestras familias se separaron, nuestros padres arrancaron tres años al Perú, al Callao, a trabajar y mandaban plata porque no podían estar acá, porque si no los iban a matar […] el Tratado de Ancón reconocía los papeles de bienes raíces, sin embargo los papeles peruanos no los reconocían acá en Arica siendo administrados por Chile; eso era un apego fuerte a que el peruano se quedara en los valles donde está la mayor comunidad negra, sin embargo se hace una persecución para que se vayan antes del plebiscito”.

 

Ser afrodescendiente es una historia de dolor. Ser afrodescendiente no pasa por el color, por los rasgos, pasa por una historia, una tradición, una costumbre, un estilo de vida distinto a los demás.

 

Mundo aymará

 

Pueblo milenario, conocedor de quebradas, desiertos y alturas, de espíritu comunitario, contemplativo y gran amante de la naturaleza. Tras largos siglos de opresión de la conquista imperial hispana, han sido objeto de políticas coloniales primero y estatales luego. Lo común es que ninguna de esas políticas ha logrado empatizar con los anhelos y derechos de las comunidades aymará que han poblado por miles de años esas nortinas regiones.

 

Las vivencias que nos relatan Claudio, Silvia y David, se vienen reiterando año tras año, tornándose reivindicaciones pues sus alcances aluden al territorio, la vida y la dignidad humana. Qué falta de sensibilidad y respuestas se aprecia en las políticas públicas, incapaces de comprender el sentido de la vida aymará que fluye en las alturas de la vida andina.

 

Tal vez la lógica estatal y su poder coactivo es lo que impulsa el desarrollo de acciones que no sólo fragmentan a una cultura cuyo sentido primigenio de identidad es su vínculo con la tierra.

 

Los líderes aymará señalan que “el problema que tenemos es que no se está haciendo el trabajo como las comunidades desearían que se haga en nuestro territorio. Las políticas están erradas. Los recursos que nos dan de una forma asistencialista, eso significa que nos dividen las comunidades indígenas por la poca cantidad de recursos y la mala forma de enfrentar este tema”. Agregan que “el Estado ha sido ineficiente y le hemos planteado otra forma de hacer las cosas, pero está enceguecido, todavía no quieren comprender nuestras propuestas”.

 

Para las comunidades, las visiones más integradoras de cómo crecer y desarrollarse están en ellas mismas. Reconocen que existen distintas estrategias, que se requiere dialogar con el Estado de una manera distinta, igualmente con la minería y la empresa privada en otros términos, “sabemos también que entre nosotros, como indígenas, podemos seguir encontrándonos y desde ahí, generar propuestas territoriales mucho más integrales y orgánicas en este desarrollo unido en lo macro y fragmentado en lo micro. Nosotros estamos apostando por estar unidos en lo macro y en lo micro también”.

 

Los sentimientos de exclusión frente a un orden adverso son clarificadores cuando señalan que “las leyes están hechas para los grandes capitales, para el sistema imperante en desmedro de nuestras comunidades. Nosotros no nos oponemos al progreso, pero un progreso que sea responsable, con un verdadero estudio del impacto ambiental”.

 

Los pueblos aymará se relacionan en forma colectiva y participativa, señalan que “para nosotros es muy importante el concepto comunitario, pero en base a nuestro concepto, no como lo miran de la parte exterior. Nuestro concepto es territorial y necesitamos tierra y agua para poder vivir, no necesitamos nada más. Si nos están quitando eso hoy en día, nos están quitando nuestros territorios. El futuro es bien lapidario para nosotros”.

 

Otro visión aymará es la no fragmentación, se trata de volver a unir el agua con la tierra, la comunidad de aquí con la de allá, la práctica con el sueño, el desarrollo espiritual con lo material. Los sueños a largo plazo y el unir y no fragmentar, es el anhelo de un liderazgo local.

 

 

Fiesta de la semilla

 

La lucha por la conservación de la semilla como fuente de vida constituye uno de los objetivos del trabajo que efectúan las comunidades rurales en Canela, localidad de la IV región de Coquimbo. Con el avance de las grandes empresas transnacionales la lógica de la rentabilidad provoca una privatización de los recursos naturales, como las semillas que hoy circulan por los mercados globales, siendo patentadas por grandes empresas que luego se las apropian y modifican genéticamente, hasta llegar a la semilla estéril, incapaz de dar vida, lo que crea dependencia con las empresas que las producen.

 

La certificación de la semilla es una amenaza no sólo a la diversidad natural, sino al patrimonio cultural de los pueblos que han vivido históricamente del cultivo de estos bienes que prodiga la naturaleza. Aquí se enfrentan dos lógicas, una fundada en el productivismo racionalista que busca rentabilizar todos los bienes que la naturaleza dispone. Otra de la sustentabilidad ambiental y desarrollo a escala humana territorial, que está centrada en la protección del patrimonio orgánico. Se trata de una contienda desigual en que colisionan las fuerzas del egoísmo y de la solidaridad. El ejemplo que brinda el colectivo Anamury es una esperanza, ya en que es posible construir relaciones mercantiles no fundadas en la depredación. Anamury, la agrupación de mujeres rurales de Canela, con el Centro de Estudios de la Mujer, CEDEM, y el apoyo de la Municipalidad de Canela, organizan la Fiesta de las Semillas Nativas, con el propósito de defender el patrimonio natural.

 

Las mujeres de Canela señalan no estar de “acuerdo con la certificación de la semilla, porque es adueñarse de un patrimonio de los pueblos, que debiéramos defenderlo. Nosotros mismas tenemos que validar nuestros productos que son orgánicos, pero no necesariamente pasar por una certificación”. Agregan que “todavía estamos a tiempo de salvar nuestro patrimonio, de tener soberanía y seguridad alimentaria, porque si nosotros no producimos nuestro alimento vamos a depender de otros y eso no es un pueblo seguro. Hay que sensibilizar a las empresas y que trabajemos coordinadamente, sin pasar a llevar al otro”.

 

 

Las recolectoras del nuevo emporio agrario

 

En medio de los grandes cambios tecnológicos que afectan vastos territorios del sur del país y de la lucha por defender el bosque nativo, las recolectoras del sur y sus demandas de justicia y reconocimiento se levantan como una voz de esperanza y llamada de alerta.

 

La fase primario exportadora por la que atraviesa la economía chilena, como la vivida en los inicios del siglo XX, genera una enorme inestabilidad y precariedad laboral que amenaza no sólo la calidad de vida de quienes están en medio de la nueva revolución tecnológica en los campos, sino que además tensiona los espacios de convivencia social, producto de la fragmentación de los sistemas de referencia, identidad y cultura que se fueron constituyendo en el Chile republicano. En esta nueva fase depredadora del crecimiento económico chileno, miles de mujeres que se dedican a la recolección de frutos silvestres, como la rosa mosqueta, comienzan a sentir los efectos de la fuerza transformadora de la modernidad a la chilena. Sin reconocimiento, al arbitrio de compradores y con jornadas de trabajo de catorce horas de recolección, las casi doscientos cincuenta mil personas que recolectan en promedio seiscientos kilos de frutos por semana, en una temporada de sólo un mes y medio, viven un incierto escenario.

 

La recolección es una faena precaria, en muchos casos trabajan para empresarios que “las suben a una camioneta sin seguridad alguna y las llevan a los bosques donde recolectarán. Adultas y adultos en ocasiones trabajan con sus hijos menores para aumentar el volumen de frutos recolectados. No hay interlocutores para las trabajadoras, producto de la misma invisibilización de las que son afectas, no hay fiscalización de esta actividad”.

 

Quenaida Valdebenito, secretaria del Comité de Recolectoras La Esperanza, de Culenco, en la comuna de Temuco, señala que “tenemos problemas con las forestales que no reconocen nuestra labor, que es nuestra sobrevivencia. Las forestales siempre nos colocan obstáculos para recolectar. Falta reconocimiento que esa es nuestra labor que uno realiza en el campo. ”

 

Por su parte, Sebastián Rillón, gerente de abastecimiento de Forestal Casino, planta Chillán, que se dedica al abastecimiento y exportación de la rosa mosqueta y que compran quinientas toneladas diarias de este fruto, señala que “éstas son empresas privadas y su función es ganar dinero. Hoy día la rosa mosqueta se compra porque se supone que es más barata que cultivarla. Desde el minuto que la rosa mosqueta comprada silvestremente es más cara que cultivarla, nos conviene cultivar. Entonces, nosotros consideramos que el precio de la mosqueta los últimos dos años ha estado por sobre de lo que debiera ser”. Los empresarios estiman que cada temporero recolecta entre sesenta y ochenta kilos diarios. Si compran a $100 el kilo, tendría entre $6000 a $8000 diarios, lo cual –apunta el empresario– “es mejor que cualquier trabajo temporal en cualquier otro lado”.

 

Desde el sector público se ha tomado conciencia de la precariedad en que viven las mujeres recolectoras. Claudia Gómez, del Programa de Desarrollo Local[2] de Cabreros estima que “debiera formalizarse este rubro para proteger a estas personas y sus derechos, su trabajo social, que es un trabajo precario en el que no se tiene seguro social, previsión o salud”. Agrega que “casi el 90 - 98% son indigentes. Debiéramos articularnos, sector público, privado, las organizaciones sociales, las ONG y empezar a pensar que esto se tiene que formalizar y fiscalizar como cualquier otro rubro. Como son importantes en cuanto ingresos, se debe visibilizar a la sociedad civil en la importancia que tienen los recolectores en las divisas del país, no es sólo lo grande, este producto también es importante para todos”.

 

La lucha por la identidad chilota

 

Ser o no ser, tal parece ser el dilema hamletiano que vive el mundo y la cultura de Chiloé en la actualidad. Transformada la isla mítica en isla factoría de la industria salmonera, cobija a cincuenta empresas cuyos quince propietarios dan trabajo a unas treinta mil personas. Se estima que por cada cinco chilotes uno está vinculado al rubro. Esta transformación tiene consecuencias aún insospechadas.

 

Las iglesias de Chiloé, su cultura legendaria de seres de la noche, el mar y los bosques, son las contrapartes simbólicas frente a las balsas que sostienen a millares de salmones engendrados artificialmente para servir las mesas de Japón, Estados Unidos y Europa.

 

La magia chilota parece cobrar forma en una nueva leyenda, en un nuevo ser mitológico surgido de la modernidad salvaje chilena, que sin consideraciones empuja una cultura hacia los bordes de la extinción. Puede ser, como dicen los moradores de Chiloé que, como ha acaecido en el tiempo, la fuerza de la tradición y la cultura ancestral que anida en los rincones de la isla, terminará imponiéndose al plástico que secreta en las playas la naciente industria y la porfiada fuerza de la expansión del salmón de exportación.

 

Es una contienda cultural en desarrollo, proceso que comienza a cobrar sus primeras víctimas: el medio ambiente chilote evidencia el impacto de la fuerza de la modernidad primario exportadora tercermundista. Cientos de balsas colmadas de salmones cubriendo fiordos, ensenadas y golfos, la contaminación de los fondos marinos por la reproducción acelerada de millones de peces, las playas cubiertas de restos industriales y las carreteras por donde surcan camiones malolientes con sus valiosas cargas, modifican las velocidades de Chiloé.

 

Para Juan Carlos Cárdenas, director de Ecocéanos, “ese personaje creado a través del tiempo también ha ido evolucionado y hoy, seguramente, ese chilote también es muy céntrico porque ha llegado mucha gente en un proceso de inmigración, al revés de lo que existía acá, que en los años  ochenta se revierte la emigración chilota hacia la Patagonia, donde los chilotes fueron a buscar el sustento durante todo un siglo, en dos tercios del siglo, ese proceso de emigración se revierte y se transforma en inmigración, llega gente de otras zonas de Chile, el país estaba muy deprimido y van a incorporarse a una actividad laboral que tiene que ver en ese momento con cultivo, con todo lo que es la salmonera, el cual tiene una evolución más o menos, no definitiva”.

 

Por otra parte, hay un eje que no ha cambiado. Renato Cárdenas, investigador de la Universidad Arcis Patagonia señala que “en gran medida, el chilote sigue vinculado a la tierra. A pesar que todo el mundo, sobre todo en las zonas rurales, mantiene ese nido que es la casa ancestral, directa o indirectamente, aunque sea para sembrar una papitas. Ese gesto, que es casi ritual porque no hay una economía desde el campo, excepto de autoconsumo. Ese ritual hace que la gente todavía esté vinculada a una tradición. Es una cultura, aun cuando estemos involucrados en un sistema económico de vida, aún existe esa relación con esa unidad básica que es la comunidad”. Esa comunidad que formó al chilote desde lo laboral se fue estructurando en una unidad férrea. Lo laboral –que significaba yo trabajo para ti, tú trabajas para mí y entre todos vamos construyendo una pequeña economía– se fue transformando posteriormente en una relación social. “Nuestras culturas locales las hemos aprehendido en esas comunidades” concluye Renato Cárdenas.

 

Al reflexionar sobre el impacto que tiene esta nueva actividad económica sobre la identidad chilota, el docente universitario estima que “con la transnacionalización de nuestra cultura, especialmente en Chiloé, hay cambios y van a haber cambios profundos que, en un momento dado, con el correr del tiempo, harán que veamos a Chiloé como mitología, como algo del recuerdo. No nos olvidemos que bajo estos parámetros de desarrollo económico, en el mundo, Chiloé es conocido más que cualquier cosa por el salmón, en Japón, en EEUU, en Europa, en nuestro mismo continente. Por supuesto que La Pincoya, el curanto y nuestras tradiciones tienen importancia, pero tienen importancia en términos muy regionales y particulares, no tan globalizadas como el salmón”.

 

Francisco Chávez, secretario ejecutivo del Foro de Trabajadores de la industria del salmón, estima que “el problema es el ambiente que se va creando, un ambiente de deterioro. No sólo en el aspecto medioambiental sino en las mentalidades que se van desarrollando. El gran recurso de Chiloé en el futuro es el turismo y las tradiciones y la cultura siguen ahí, no han cambiado. Cualquier día de estos las salmoneras se van a otro lugar y nosotros vamos a quedar solos aquí y con una desculturalización que es un hoyo que se deja sin tapar”. Sin embargo, no deja de asombrar la fuerza que emerge desde la cultura chilota frente a la transformación de la isla. “Estamos resistiendo –afirma con fuerza Renato Cárdenas– eso es lo fundamental y con nuestras propias potencialidades que es nuestra cultura y nuestro medio ambiente. Mostrar que una casa es más importante que un galpón salmonero, que un paisaje natural es más importante que una jaula de salmones. Insisto, nosotros ya tenemos establecido este recurso laboral acá y es muy peligroso botarlo”. Agrega que “hay que sostenerlo, pero regulado. Si no, estamos destruyendo a la gallina de los huevos de oro que es Chiloé. En este presente la salmonera está cumpliendo un rol pero, no el futuro, en el futuro lo va a cumplir este Chiloé que es una herencia de muchas tradiciones que nos han hecho ser chilotes de esta manera”.

 

 

Jóvenes y transformación social

 

Cuando en una sociedad se estigmatiza a un sector de ella y se le atribuyen cualidades indeseables para la convivencia social o que tal segmento es un potencial portador de contenidos, prácticas o comportamientos que pueden afectar el orden establecido, se generan adhesiones a políticas conservadoras de parte de los grupos de poder, al mismo tiempo que constituyen señales de agotamiento de un patrón de disciplinamiento colectivo frente a una hegemonía político-cultural que no logra instalarse en el sentido común. En los últimos años, parte de la juventud chilena ha sido objeto de discursos y políticas que atentan contra un conjunto de sus derechos. El Estado y actores no estatales no han sabido resguardarlos adecuadamente, contribuyendo a la construcción de estigmas y prejuicios altamente nocivos, no sólo para quienes son directamente afectados, sino para el desarrollo de la propia convivencia democrática.

 

En Chile viven un millón y medio de niñas, niños y jóvenes que están bajo la línea de la pobreza. De ellos ciento cinco mil no están en el sistema escolar, no por opción, sino porque el propio sistema escolar no ofrece oportunidades para que los jóvenes pobres puedan estudiar. Parte considerable de esos jóvenes están en la mira de los medios de comunicación y de grupos de poder, quienes los consideran responsables de la producción y reproducción de la criminalidad en el país, desviando la mirada de las causas estructurales generadoras de la injusticia social en Chile. Según estudios, el 7% del total de los delitos cometidos son atribuibles a delincuencia juvenil, sin embargo, los medios de comunicación y actores conservadores de este orden de injusticia, apuntan a este segmento como el principal responsable de los delitos que se producen, generando estigmas, temores, desmovilización, resistencias juveniles.

 

Cabe destacar que en esta política de destrucción de imagen, son los jóvenes de sectores populares –en general no votantes ni consumidores– quienes se llevan la peor parte. Ser joven y pobre constituye un peligro en sí mismo.

Para el investigador social Cristián Parker, del Instituto de Estudios Avanzados de la USACh, considerar a los sujetos jóvenes como delincuentes “es absolutamente sobredimensionado. Hay una distorsión sistemática. Es lamentable porque en los medios de comunicación no sólo tienen la misión de informar sino también de formar, y lo que generan es la reproducción de estigmas sociales. El joven está siendo señalado con el dedo y lo más lamentable es que los medios de comunicación refuerzan ese estigma”. Claudio Vásquez, de la ONG Caleta Sur, apunta que “cuando se habla de la criminalización de los jóvenes no se habla de todos los sectores, se habla del joven pobre, del sector popular, del que se viste distinto. Este fenómeno obedece a una mirada general del mundo adulto hacia los jóvenes. Toda la lógica adulto-céntrica elimina a los niños, a los jóvenes y a los viejos, porque pareciera que la única potencialidad de la sociedad es ser adulto, ser trabajador, o estar integrado a un mundo más o menos normal. Ayer, los jóvenes fueron chivos expiatorios de otras cosas, hoy lo son de la criminalización”.

 

Esta constatación entronca con el clasismo, o inclinación conductual o del comportamiento social a mirar, ver y valorar a las personas según su posición socioeconómica en la sociedad. Para Parker el clasismo se manifiesta en que “nuestra sociedad es muy disgregada, hay todavía un grado de inequidad y desigualdad social muy grande y eso va con patrones de percepción del otro, patrones culturales. En nuestra cultura oficial, el joven que cuenta es el de barrio alto, rubio, ojos celestes, y el joven que está discriminado se da por características externas. Somos tremendamente racistas y clasistas y eso a los que más afecta es a los jóvenes”.

 

“En general, existe acuerdo en que los jóvenes se adaptan más rápido a los cambios sociales y tienden a tener conductas e ideas que son distintas a las de los adultos y como los cambios son tan rápidos hoy, los adultos somos incapaces de comprender”, indica Claudio Vásquez. “Nos cuesta mucho entender y respetar el derecho que tienen los jóvenes a pensar, vivir diferente y tener otro estilo. Como no entendemos, ponemos el estigma y de ahí a la criminalización es fácil”.

 

“El joven se siente incómodo en esta sociedad y creo que eso le hace bien a la sociedad, pero el problema es que esa incomodidad no siempre tiene los cauces, y la capacidad de expresión no siempre se expresa de la manera correcta y el problema es que la sociedad no acepta que los jóvenes se sientan incómodos”, argumenta Parker.

 

Enfrentados a un mundo que los estigmatiza, los jóvenes pobres reaccionan con rabia contra un orden que perciben ajeno y hostil. Entre los factores que potencian el desarrollo y acumulación de rabia juvenil estaría, según Vásquez, “la desigualdad, y con la imposibilidad de poder acceder y ser parte de lo que la sociedad, la política oficial y los medios de comunicación llama una sociedad moderna integrada. A esa sociedad es a la que se llama a los jóvenes, a la que no tienen posibilidad de acceder. En la comuna de Lo Espejo, a un kilómetro de su centro, hay un mall, y ellos, los jóvenes, ven cómo la ciudadanía se pasea y ellos no tienen ninguna factibilidad de ir a comprar. Viven en absoluta marginalidad”.

 

Construir con respecto y valoración de la diversidad

 

         El  paradigma  productivista que  se ha  ido instalando en Chile parte del supuesto que  todo  lo potencialmente   comercializable es  bueno  en sí mismo, pues  genera riqueza, crecimiento  económico, trabajo.  Ese  paradigma  no  repara  habitualmente en los costos  asociados generados por  el accionar de tal lógica,  lo que  denominan en lenguaje técnico “externalidades”, y  mientras no existan sistemas de  control  o regulaciones impulsados desde el Estado o la ciudadanía,  sean desde  los espacios  nacionales  o internacionales,  estos comportamientos   tenderán a  mantenerse.

 

Habitualmente  se piensa que  las externalidades  aluden  a costos  ambientales o sociales. Sin embargo la lógica productivista de los procesos industrializadores que  vive  nuestro país, no concibe que  los daños o  efectos  provocados sobre la  vida  social son muy  superiores  y sus  impactos  más  graves que los  imaginados por las tecnocracias del  viejo  paradigma. No es sólo  la contaminación de  ríos  y mares,  de  daños  a bosques nativos  o  contaminación  ambiental  urbana. Se trata  de costos societales y culturales depredatorios de las identidades  y el  derecho a la existencia de colectivos  humanos,  producto de la construcción de  un modo de  convivencia que  ya ha demostrado sus nocivos efectos en los países  altamente  industrializados.

 

Uno de los  pilares  del desarrollo  humano es el respeto por la dignidad de pueblos  y personas,  base  en la que  descansa la fuerza  de una modernidad solidaria, democrática y humanista. Chile vive  un momento de su historia en que  se están  definiendo los fundamentos de  la convivencia  de los próximos  cien años. Los  relatos  que  hemos  conocido de sus protagonistas  en este bosquejo  de la memoria y la identidad constituyen una  llamado  a nuestras  conciencias,  una invitación  a  no  olvidar que  somos responsables de la construcción  de  nuestro  común destino.



[1] Historiador, Cientista Político, Director de la Corporación Libertades Ciudadanas.

[2] Alianza entre INDAP y los diversos municipios.

Deliberación Ciudadana

Democratizar el Estado, Presupuestos Participativos y democracia en Chile (2008)

Crisis de paradigmas y nuevo asocianismo en Chile

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Por Adolfo Castillo*



PRESENTACION

Se ha ido  estableciendo la creencia que  el Chile  que emergió de las llamas  de La Moneda en 1973  es un  ser mitológico,  que se  reconstruye de las cenizas en medio de profundos  cambios en sus estructuras, al punto de hacerlo irreconocible para quienes  han vivido y padecido sus dos  edades o épocas. Tal vez  muchos quisieran  referirse a la primera edad  como protomoderna, tradicional o del provincialismo chileno. Y a la segunda época  o actual como  de la modernidad, del conocimiento o del Chile  en  forma una vez   más.

 

En el marco de un proceso que aún no define  claramente  su rumbo,  las notas que  siguen  buscan  proponer  una reflexión sobre el sentido de los cambios que han afectado la trama de la sociabilidad  chilena, especialmente de aquella en la que se construyen  sentidos comunes y en la que  en definitiva se libran  las  batallas  por  los ideales  de libertad, justicia social y  fraternidad. Ese territorio es el campo de las  relaciones entre  actores sociales,  de  narrativas y épicas,  de  proyectos, sueños  y esperanzas. Es en el  campo extendido de la  sociedad civil en donde conviven  las dos edades del Chile invertebrado de la  pos dictadura.

 

Con fines expositivos recurrir a las metáforas es de alta utilidad. La metáfora del mapa o de la carta de navegación tiene alto valor  explicativo. Ambos instrumentos  orientan  al buscador, otorgan  rutas y sentidos de ubicación facilitando el acceso a caminos por donde transitar para alcanzar un determinado destino. Es posible calcular tiempos, velocidades y/o los ritmos requeridos para alcanzar un lugar. Ellos nos permiten  ubicar lugares, dimensionar espacios y tiempos. Para  un navegante el mapa  permite  fijar la ruta de  navegación y por lo  mismo  un mapa  mal trazado  puede traer  graves  consecuencias. Los mapas  requieren intérpretes o traductores de los secretos que atesoran. Sin ellos   son  inútiles o, por falta de  adiestramiento de los  diseñadores,  devienen obsoletos, pues no dan cuenta de  los nuevos lugares y no señalan líneas que permitan la orientación de quienes  buscan caminos  o senderos.

 

Los mapas los encontramos en todo orden  de cosas humanas y son,  en verdad,  muy importantes  a la hora de  adoptar  decisiones. Estas representaciones de lo real y lo deseado son de  interés  para  una amplia gama de actividades en que nos desenvolvemos, sea el campo cultural, económico, social o político. Estos  mapas contienen una doble  perspectiva: dan cuenta  de  campos o territorios y  de  miradas o interpretaciones.  Por ejemplo, en politología los mapas dan cuenta de este doble proceso: existen territorios e intérpretes.  Las “ideologías” permiten interpretar  el campo de las relaciones entre los actores del juego del poder,  analizar las instituciones o trazar  escenarios de acción. En el pasado siglo, el  liberalismo y el socialismo fueron  las dos grandes  vertientes modernas que nutrieron  a los  hermeneutas de las relaciones de  poder.

 

Un paradigma sociocultural es un mapa  que contiene un amplio  elenco de dimensiones que hacen posible  la producción  y reproducción de  un orden social.  La acción  colectiva de sujetos y actores sociales del Chile  que  habría desaparecido con la dictadura  y la transición que le sucedió,  tuvo lugar en  un tiempo y territorio  en donde  las fuerzas  del cambio y la  conservación  compartían  códigos que les permitieron generar adhesiones de  sentido a los colectivos  sociales  que compartían sus visiones de orden y sociedad. Puede  afirmarse que  parte importante de la historia chilena del siglo XX es un proceso marcado  fuertemente por  un rasgo  mesiánico, vale decir, las  acciones  de gobernantes y gobernados pueden ser  explicadas  por la presencia de creencias  en las elites  y en las muchedumbres, de  destinos  manifiestos, en donde  los líderes  en  tanto intérpretes de los designios  estaban ungidos  por la  fe o la razón para conducir  al pueblo  a la libertad  y la felicidad.

 

Prisioneros  los  actores y movimientos sociales de un paradigma  heredero  de la matriz  occidental judeo -  cristiana, de fuerte contenido escatológico,  que  prometía  el fin de  los sufrimientos  del mundo a través  de la  transformación  de las  estructuras  que  hacían posible  la opresión  y la alienación, la posibilidad de repensar  la conquista de la libertad o de la justicia  como un acto colectivo resultante de la acción racional o de un nuevo contrato social, eran impensables  en el marco de un Chile  que  seguía  actuando y pensando a la manera  que lo había  hecho  durante  siglos, en los inicios de  su constitución identitaria.

 

Desde  esta perspectiva,  los movimientos sociales de los grupos  excluidos y de los marginados del Chile  pre moderno,  así como  las leyendas y doctrinas que  enarbolaron sus líderes,  constituyen  expresiones y tendencias  de la vieja  confrontación laico – clerical en el espacio  del entramado  asociativo. Tras  la crisis de paradigmas que  ha vivido  Chile, el campo  o territorio  del debate  y la construcción de  sujetos  y  narrativas emancipadoras presenta con nitidez  los contornos  de la formación  de una nueva  asociatividad  y sentidos comunes, en donde  tienen  lugar diálogos  de viejos y nuevos actores que esgrimen sus argumentaciones sobre  fundamentos  cada  vez  menos  sacralizados o  más  seculares. El cambio de  paradigma se presenta como una disputa cultural de  grandes  proyecciones en donde  la  pérdida  de  centralidad del  Estado en la configuración del  orden colectivo comienza  a ser sustituido por  propuestas  que  surgen de los mapas del mercado  y de la  ciudadanía.   

 

 

LA CRISIS DE LA  POLITICA COMO CRISIS DE  PARADIGMA

Chile  experimenta una crisis de  paradigma en la esfera de la política que  explican  las tensiones y brechas  entre  ciudadanía y política en el Chile invertebrado. Un modo de aproximarnos  a la comprensión de ese proceso es a través de a) un análisis de la política en tanto  paradigma  cultural, b) de  la ruptura que  genera  su  actual levedad y c) de  la fuerza que  adquiere  la búsqueda de sentidos y  de identidades  para los nuevos actores sociales.

 

El  primer nivel  alude  a las concepciones políticas  imperantes,  a las  ideas  prevalecientes que  se mueven en la arena de la política existente y que  circulan en el plano de las  corrientes de  larga  duración culturales y, que  por lo  mismo,  no siempre  dan cuenta  de las realidades emergentes, especialmente de  aquellas  que nacen  aparejadas de los cambios  tecnológicos y productivos. Las  concepciones  políticas no sólo son las ideologías, son a la vez el modo concreto en que ellas  se materializan en programas de acción y en escenarios  a construir. El siglo  XX  estuvo marcado por la presencia de concepciones  políticas que,  ubicadas en espacios culturales y  territoriales buscaron expresar visiones de  hombre  y sociedad, y aun cuando  aparecieron  como  diametralmente opuestas tienen  un común origen en los inicios de la modernidad. Tales  proyectos  político – ideológicos y sus variantes,  generaron modos de intervención y de articulación con la sociedad en donde se  desplegaron y  contribuyeron a  explicar e interpretar  las relaciones entre sociedades  civiles y  estados desde  lógicas  generalmente  contradictorias.  La  concepción liberal  - democrática,  puso  énfasis en los  mecanismos  formales de la democracia y en los  derechos  civiles  y políticos,  valorando  la libertad de los sujetos y  la primacía del  mercado como  espacio de  intercambio de  bienes y servicios. La concepción socialista en su amplio sentido, puso  énfasis en los derechos  sociales  y económicos de los  sujetos,  valorando  la igualdad como  motor  de los cambios, y  puso  limitaciones  al ejercicio del poder sobre la  base  de  una visión  reduccionista del rol de la política y  la democracia.

 

América Latina formó parte de ese universo de concepciones. Cuando  el mundo deja de ser  bipolar y se desploman sistemas socialistas,  comienzan a  esfumarse  las categorías  que dieron sustento a la acción social, especialmente  de los agrupamientos que preconizaban la inminencia del  cambio  político y económico.  La crisis del orden estatal chileno -  el estadocentrismo -   puesta en  evidencia  tras el  término de la Guerra Fría, generó  desintegración social  y profundizó la exclusión, porque las certidumbres  ordenadoras  de la vida colectiva  que encarnó el Estado no se traspasaron a la ciudadanía.  La debilidad del  orden  emergente tensionado  por el enfrentamiento  de discursos y prácticas de dos época, ha ido  estimulando conductas de corto  plazo que encuentran en las lógicas del mercado su máxima expresión. El intercambio mercantil, el  cálculo de corto plazo y la máxima rentabilidad en toda operación social, lubrican hoy  las nuevas relaciones  sociales del Chile bajo la Concertación de  Partidos por la Democracia gobernante.

 

La orfandad teórica  e ideológica  generada  por  el fin de  la polarización global y la revalorización  del liberalismo económico y político, comenzó a erosionar la trama en que se afincaba el entramado  social y político chileno. De manera gradual comenzó a postularse la tesis del Estado mínimo, el desarrollo de las capacidades empresariales  del individuo, la  racionalidad  del consumidor, se estimula el crédito y el endeudamiento, emergen  nuevas formas de comunicación electrónica y en definitiva, se instala la idea de que es posible construir un nuevo orden social que encuentra su  legitimación  y sustento en  las fuerzas  motrices  de la revolución científico técnica impulsadas por  la lógica de un mercado autorregulado, en detrimento de la lógica  de la democracia, que  ha  habría  sido incapaz de constituirse como paradigma para  la acción  transformadora e incapaz de   entusiasmar a sus ciudadanos.   Una consecuencia inmediata de este fenómeno no sólo fue la desarticulación de la vieja matriz histórica que nucleaba en torno del Estado a actores  políticos y sociales y que regulaba  la reproducción del mercado, [1] sino que dejó al desnudo la diversidad y heterogeneidad social. En este proceso las voces distantes  y ausentes de la argumentación democrática   comenzaron    a emerger y a  disputar  espacios  y sentidos de identidad y pertenencias a  las agrupaciones político – partidarias.  En consecuencia,  la crisis de concepciones y la aparente estabilidad ideológica global, se explica en gran medida por el quiebre de concepciones políticas  de la modernidad del siglo XX.

La  brecha entre  democracia y  sociedad  civil radicaría  en la  insuficiencia de las concepciones políticas vigentes para  comprender  y dirigir los procesos sociales  abiertos tras los escenarios de la polarización del siglo  pasado. Vale  decir,  la  brecha es principalmente  incapacidad para  conducir  los cambios, antes que  una  falta de  gobernabilidad. Bien  apuntó  O´Donnell en 1994, cuando acuñó la noción de "democracia delegativa" para caracterizar la reducción de la democracia a la función legitimadora sin capacidad de conducción. En ese escenario, no sólo los mercados quedan desregulados, sino que al mismo tiempo las políticas sociales se restringen y se subsumen a la lógica del mercado. El objetivo declarado es eliminar los rasgos "paternalistas" que los Estados habían adquirido en décadas anteriores buscando  de quebrantar así las actitudes clientelares de los ciudadanos y fomentar su sentido de responsabilidad. Queda un dominio residual de intervención conocida como la lucha contra la extrema pobreza cuyo propósito es crear una "cancha pareja". De esta manera, las políticas de bienestar teóricamente universalistas de inspiración keynesiana son revertidas para dar lugar a políticas "focalizadas" que buscan capacitar los grupos meta para su participación en un entorno competitivo. Al mismo tiempo, se asigna un nuevo papel a la sociedad civil; los intereses privados pueden organizarse para realizar tareas anteriormente a cargo del Estado. De este modo el proyecto neoliberal de modernización fue aprovechando importantes recursos culturales y materiales de la sociedad civil. [2]

 

Un segundo aspecto a abordar es el relativo a los desajustes estructurales entre política  institucional y  nueva ciudadanía. Un hecho destacado en la emergencia de esta nueva  realidad  es el  protagonismo de los actores  sociales de cara a  las insuficiencias  del  Estado y el mercado, adquiriendo  una importancia  decisiva  la participación  de la ciudadanía.  En el seno de este cambio  tiene lugar la disputa  conceptual sobre el sentido de los  nuevos conflictos de la globalización, aflorando  términos como  sociedad civil,   ciudadanía,   actores emergentes, nuevos movimientos sociales, tercer sector; proceso acompañado de una crítica a los estilos  de hacer política y en general,  de desencanto con el orden económico, cultural y social  que se expande.[3] Hoy existe un consenso creciente entre sectores del mundo académico, de líderes  ciudadanos y parte  de la elite  política, que se   estaría viviendo un desajuste / tensión  entre las estructuras de representación y coordinación político – cultural de la sociedad y el sistema de actores sociales y sus  estructuras de representación de demandas y  derechos.

 

 

En la base de  este  cambio de paradigma se encuentra la  reestructuración de identidades sociales del Chile de  la última década. Por identidades sociales nos referimos a la organización del material simbólico, de discursos y prácticas que  dotan de contenido la acción de  actores  sociales en la  vida asociativa  chilena a la vez que  lo instalan en un territorio  del mapa  de la sociedad civil. 

Esta  neo identitación es  un  proceso multifocal y polifacético. Es multifocal porque  son diversos los lugares en donde se  construye y reconstruye  ciudadanía. En la última década,  son múltiples  los actores, organizaciones e instituciones que intervienen en las esferas públicas locales,  regionales y nacional/globales, como los  movimientos de  mujeres,  de  indígenas,  minorías  sexuales,   redes de  organismos no gubernamentales,  agrupaciones vecinales, empresas sociales, grupos ambientalistas, agrupaciones de discapacitados, voluntarios,  las nuevas  fundaciones  que promueven la  responsabilidad  social empresarial, constituyendo una  amplia red asociativa que emerge en el Chile del siglo XXI. Es un proceso  polifacético porque  sus expresiones presentan  temas  y modalidades  de acción  muy variadas y asentadas en nichos o espacios muy acotados. Así  por ejemplo, encontramos ligas de  defensores de  derechos  humanos,  movimientos que  reivindican  el derecho a la identidad  o el respeto, grupos que  buscan  un mercado transparente, equidad de  género, no-discriminación, tolerancia o simplemente  desean  ayudar  al desvalido o al niño  abandonado o que  ha sufrido  abusos. Este es el nuevo escenario en que tiene  lugar la disputa por la construcción  paradigmática del orden que sobrevendrá finalmente a  la sociedad  pos industrial.

Los desajustes entre estructuras de representación político social y estructuras de ejercicio de la ciudadanía,  fenómeno  más conocido como crisis de la política, presenta  diferentes facetas. Desde el nuevo asociativismo chileno, apunta  a  cierta crisis de representación,  crisis de los sentidos, crisis de las utopías, y que  se  asocia  con  una crisis de la idea de  gobierno democrático y con  las nociones en uso de gobernabilidad. Ciertamente que  la crisis de representación puede  verse  potenciada  cuando el sistema  ofrece  limitaciones  a una efectiva  representación, como bien lo  ha observado  Varas [4] en un ensayo reciente. Según el  autor, el sistema de  representación parlamentaria en Chile  permite la sobre – representación y fuerza  la constitución de  coaliciones, lo cual “excluye  de la representación parlamentaria a quienes  no se integran a una de  las dos principales coaliciones en competencia” agregando que en un contexto de  cambio  dinámico y acelerado de la estratificación social y de perfil socio -  político nacional “estas  exclusiones no tienen otro destino que el aumento proporcional de las tensiones y conflictos  sociales”[5]

Estudios sobre el fenómeno han señalado que  un primer problema que aqueja a las democracias sudamericanas corresponde  a la reducción de las mayorías  a la calidad de  electores espectadores. A pesar de que  en muchas constituciones se consagra el principio de la democracia participativa e incluso  se establecen mecanismos  para hacerla efectiva, el proceso político real se caracteriza por la  concentración de la toma  de decisiones   en el ámbito nacional,  regional y local en la llamada clase política, compuesta por altos funcionarios de  gobierno y la administración estatal, junto a parlamentarios y dirigentes de partidos, la cual se ha transformado en un núcleo  relativamente homogéneo  que administra el poder político, estableciendo relaciones  de tipo  clientelístico con una red de agentes que opera en los ámbitos regional y local.[6]

 

Este  proceso  es objeto de estudios actualmente, como  ocurre  con el  análisis de  las nuevas  redes sociales  y prácticas  asociadas en América  Latina. “Apoyados en sus redes y asociaciones, muchas  organizaciones de la  sociedad  civil (OSC) han optado por entrar en el escenario político. Si bien las OSC son bienvenidas calurosamente como ejecutoras  de los programas sociales,  la recepción es más bien fría en la medida en que procuran adquirir influencia política” señala un estudio de Reilly.[7] Para  algunos  estudiosos del fenómeno “las redes  asociacionales  son estructuras no jerárquicas formadas por medio de decisiones de múltiples actores que se agrupan para incidir en las políticas  públicas”,  apuntando que  “la mayor implicación  del crecimiento de un Estado  policéntrico y de redes asociativas múltiples y cambiantes, es que las tareas de asegurar la distribución y una participación  significativa no serán obra de un liderazgo popular central único, sino que  serán llevadas  a cabo,  en todo caso, por numerosos individuos y organizaciones operando en  escenarios muy diversos”. [8] En esta línea, algunos autores sostienen que “la sociedad civil  aparece entonces como esfera intermediaria, como instancia puente hacia el núcleo del sistema político que complementa la intermediación de intereses basados en la representación funcional, territorial y administrativa. La base  de este  fenómeno se encuentra en la variedad asociativa de iniciativas y movimientos en conjunto  con los gremios de expertos y “voceadores que surgen en su  seno”. [9]

De manera especial  destaca el rol que  desempeñan los  congresistas o parlamentarios en el desarrollo de la  brecha. Se señala que, legitimados (los parlamentarios) en sus  posiciones  por el  voto popular,  sus “vinculaciones con la ciudadanía  entre elección  y elección se establecen  fundamentalmente  a través de los  medios de  comunicación de masas”. Este  proceso de  reducción de la participación y de  gobierno de  nuevas elites ha sido  observado en otros procesos.  Como  sostiene Daniela Vicherat “los regímenes democráticos han sido regímenes gobernados  por selectas minorías – y por tanto  sujetos al riesgo ante la “tiranía de  los intereses privados “ - que, en nombre  de  las minorías existentes, han articulado un orden social sin hacer referencia a un proyecto colectivo. Esta  alienación puede interpretarse como la enajenación del sujeto respecto  de su comunidad y la sociedad”.[10] El debilitamiento de los vínculos entre representantes y representados, se explicaría  en parte  por  el “declive  o estancamiento de los movimientos sociales históricos y el distanciamiento que muchos de los nuevos movimientos  mantienen con la esfera política institucional.” Este  retiro de la vida pública, característico de los tiempos actuales “ha confinado a la mayoría de los ciudadanos a su expresión mínima – una suerte de grado cero de la ciudadanía – anclada a la condición de  audiencia de los medios en general y de la televisión en particular, señala la introducción de un estudio que reúne  estudios politológicos  relativos  a esta temática.[11]

 

¿Cuáles son las consecuencias que tiene desde el punto de vista de las estructuras de coordinación política de la sociedad el hecho de que se haya producido una crisis o un desajuste en estos dos sistemas? En el paradigma estadocéntrico hubo estructuras internacionales que respondían a ese orden, como el sistema de Naciones Unidas, incluso frente al tema de la vieja cuestión social los actores sociales se articulaban  a  organizaciones sindicales de gran poder. ¿Pero que pasa hoy día con la desestructuración, cuáles son las estructuras nacionales e internacionales que dan cuenta de la cuestión ciudadana en el ámbito nacional e internacional? ¿cómo articulamos lo nacional, superando los localismos, con lo global, con los temas de la democracia y  la política?

 

El Foro  Social  Mundial de  Porto Alegre y las  experiencias internacionales  y nacionales de articulación amplia de la diversidad presenta similares procesos, pese a  la heterogeneidad de los sujetos  y temáticas. Cuando se articula la diversidad en plataformas muy amplias, donde está el mundo indígena, el mundo social, las  mujeres, etc., el problema es el mismo y es cómo ha de concebirse  la construcción de la coordinación político – cultural de la diversidad en  un contexto de reconstrucción de  la democracia. Se  trata de una  pregunta crucial ¿debe disponer de  instrumentos de orientación /coordinación política la diversidad, en el ámbito nacional o global? ¿Es deseable la coordinación  política, reglamentación, estructuras normativas, que señalen paradigmas, establezcan  programas y aborde un diseño de  instrumentos nacionales o regionales en el campo del  nuevo asociativismo  nacional/global?

 

Esa cuestión está en la base de la tensión que  examinamos y que remite a  una segunda  constatación:  nuestros sistemas de  referencias o  marcos cognitivos ven  el desarrollo de  colisiones continuas entre lo viejo y lo nuevo. Pero  ¿qué es lo viejo? ¿es seguir pensando que la sociedad es representable, que se puede seguir representando como ha sido históricamente representada por los tradicionales esquemas  de  sistemas de partidos políticos con sus  variaciones nacionales? Y por otro lado, ¿lo nuevo se expresa en  los sectores contestararios, que adscriben a  la auto representación y  a la construcción de identidad propia frente a lo global o lo local? Esto nos conduce  al tema de la  producción y reproducción de clase política. Así como pensamos en la renovación de la democracia como cambio  institucional también hay un tema de generación o de construcción de clase política en los nuevos escenarios. Ello nos remite a  la cuestión generacional. ¿Hasta dónde las viejas formas de concebir el orden político democrático están en disputa con lo nuevo, con la  generaciones en constitución que portan  concepciones de lo público y  lo social  surgidas  de la revolución tecnológica y del nuevo orden erigido sobre  los residuos de las ideologías del  siglo XX?

 

Finalmente, y a título meramente expositivo es  indispensable trazar esquemas sobre  la cuestión de los nuevos  paradigmas para la acción  política democrática, en la perspectiva de contribuir  al diseño de  estrategias de análisis y de acción del cuadro  que  enfrenta nuestro país. La cuestión del cómo  hacer viable una estrategia de superación de  la brecha que permita fundar una  nueva relación entre  sociedad  civil y política,  por un lado, que  genere  una cultura de la responsabilidad  compartida, entre gobernantes y  actores sociales, particularmente  en los espacios regionales y locales, y por otra parte, asumir que tales esfuerzos requieren  niveles  controlables en materia de conflicto  y de altos niveles de estabilidad y gobernabilidad .

 

Ese  paradigma debiera  fundarse  en una noción renovada de la democracia que  supone  producción de  nueva  clase  política,  revalorización  de los nuevos  actores  sociales y sus autonomías, ampliación de  los espacios  públicos,  escrutinio  de los asuntos de todos,  deliberación  democrática  y rediseño de  las estructuras de mediación política de la  sociedad. El  programa de trabajo  que  señala una nueva  estrategia  requiere una alta  cuota de  compromiso y responsabilidad tanto de  actores  políticos  tradicionales y  emergentes  y de  los  liderazgos surgidos del cambio  de  paradigma. Deberá abordar no sólo cuestiones del status de la sociedad  civil en el nuevo orden sino  los  roles  que habrá de  desempeñar en la construcción democrática de la globalización con ciudadanía. Finalmente, los  instrumentos del  cambio  deberán afincarse en las historias  nacionales o regionales,  debiendo  responder a sus desafíos, por lo que  no debe  descartarse  la emergencia de  nuevos  actores  políticos con capacidad de articulación de  nuevas  demandas, hasta  el desarrollo de  coaliciones político – culturales  convocadas a  superar los déficit de  legitimidad de las  democracias  o las precariedades de la  vida económica  y social que  padecen las  sociedades.

 

EL ASOCIATIVISMO CIUDADANO 

Se  ha sostenido hasta  aquí que  Chile  vive un profundo  cambio en sus estructuras vertebradoras, siendo una  de  ellas la que vive  la trama  asociativa. Este  fenómeno es  de tal  magnitud que se presenta  como una crisis de la política y lo  social.

 

Entiendo, en primer  lugar,  que  la   asociatividad  es una acción intersubjetiva, esto es,  vincula relacionalmente a  sujetos y actores,  individuales y colectivos. Ese mundo  intersubjetivo no es  privado como suele pensarse: es  común a todos y existe  porque   vivimos  en él  como hombres y mujeres  entre otros hombres y mujeres, con quienes nos vinculan  influencias y labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo comprendidos  por ellos .  El  hacer asociativo se da en el mundo de la vida, en “el mundo del sentido común”, no es  en la teoría  doctrinaria  o la ideología. Las  personas  y sujetos  perciben y tienen vivencias en el marco de procesos y contextos .En consecuencia, el  asociacionismo  es  el resultado  de una interacción entre  actores   y  estructuras en mutua influencia. En segundo lugar, en el asociacionismo se pueden distinguir  significados y motivos. El significado  hace  referencia  al modo en que los actores determinan qué aspectos  del mundo social son importantes para ellos y los  motivos  se refieren a las razones que explican su acción. El  asociacionismo es histórico y los/as hombres/mujeres  lo vivencian  a través de  instituciones, llámese  sindicato,   junta de vecinos,    grupo cultural, o la pandilla. La asociación confiere  sentido  a la acción individual y colectiva, sentido que es   contextual y por tanto  social.

 

Nuestra  precaria modernidad

No parece  posible  comprender  e interpretar el sentido histórico de  la asociatividad  chilena  fuera  de las claves   de su precaria  modernidad.  En cuanto tal  la  modernidad  plantea  a los actores sociales  la opción de  intervenir  deliberadamente  en la   construcción y/o transformación  del orden, esto es, la posibilidad  de  producir escenarios, de modificar  relaciones de  poder, de  idear  nuevas narrativas y  propuestas  significativas, factor estimulante  que  permitió el despliegue de  las capacidades  y creatividad de  los ciudadanos.

El estado  fue  el impulsor de los procesos de modernización,  asumiendo el rol de  coordinador   y  orientador  del  desarrollo  nacional. Gracias a su labor se  organizaron estructuras  de  apoyo para enfrentar y procesar adecuadamente la cuestión social, fomentó  la democratización permitiendo  la ampliación de la base  ciudadana  de legitimación del orden político. En verdad, el estado fue   esencialmente  modernizador. 

 

Durante  la segunda  mitad del siglo pasado el estado se  constituyó en el escenario de  la polarización global, lo cual   también se reflejó en el campo  del movimiento asociativo.  El conflicto  entre capital y trabajo se proyectó  a toda forma de  organización,   y en el marco  de la sociedad  de masas que emergió junto  con el desarrollo capitalista  chileno, contribuyó a escindir aún más  ambas dimensiones del conflicto  contemporáneo. Ese tejido asociativo que  nació   bajo  el impulso de un estado fuerte, centralista, heredero de la tradición borbónica no tuvo, al menos  durante  la mayor parte del siglo XX,  la autonomía  suficiente para  intervenir en la esfera pública  y construir  procesos de participación  y empoderamiento  ciudadano. La matriz histórica de articulación sociopolítica  se estructuró en torno del Estado. La asociatividad  formó parte  de una frondosa y espesa red de relaciones con el estado y la política,  que estuvo  acompaña de un complejo  entramado de favores  e intercambios. Así,  la sociedad  civil que  se desplegara junto con el estado,  no adquirió  la  fuerza y la autonomía  que  le permitiera   construir una esfera  propia desde  donde  ejercer  derechos y   controlar  el poder  del estado  y del mercado. Ese modelo  operó durante décadas. Los actores sociales   operaban vía mediación de los partidos, quienes   al agregar demandas las llevaban ante el sistema político y las transformaban en  respuestas, sea en forma de reajustes salariales,  dictación  de   leyes,   reconocimientos simbólicos, etc.  Lo  central en el modelo fue la representación democrática,   no obstante  las dificultades   que encontraba el sistema para  lograr legitimación, especialmente en la década de los  sesenta y setenta.

 

La  integración social o  proceso de inclusión de la sociedad a las esferas de los sistemas político, económico  y cultural, propios de la expansión de la modernidad latinoamericana,  fue  el resultado  de la actuación de  mediadores   y obedeció  a  estrategias de planeación centralizada. Se creía o pensaba entonces que la sociedad se integraría  desde un mando central  público.  Aquel  mundo de  guerra fría configuró un orden y dio  respuestas   a  múltiples demandas  de   grupos  excluidos, tanto de  integración como  de  inclusión asociativa.   Ello hizo posible la construcción de   sistemas de  referencia para  ubicarse en el mundo y a través de este, acceder  a lo  universal, favoreciendo  de este modo su propia constitución identitaria.

QUIEBRE  Y CONTINUIDAD HISTÓRICA DEL ASOCIATIVISMO  CHILENO

En tanto  categoría  moderna el asociacionismo se  presenta como   programa    para    la autodeterminación social. Desde   esta perspectiva la mirada histórica al asociacionismo  chileno señala un triple   proceso que podemos  distinguir en asociacionismo  estatal / partidista; asociacionismo  estatal/corporativo y    asociacionismo ciudadano .

 

Asociacionismo  estatal  / partidista

Se  estructura a fines de  los años  veinte y se prolonga hasta  el  golpe de estado de 1973. Durante su vigencia,  las asociaciones políticas  y los intelectuales llegaron a  disponer de  una  vigorosa  capacidad de  orientar a la sociedad en pos de objetivos  político- culturales, esto es, logrando concitar    la adhesión  de las masas a  idearios o  propuestas   significativas de  construcción de orden.  El movimiento asociativo se ordenó  progresivamente  en torno del conflicto capital / trabajo y en consecuencia  el mundo  laboral  y sus organizaciones  adquirieron una valoración por sobre  otras asociaciones. La imbricación  entre  partido políticos  y asociación  fue una constante  que  terminó  privando de  autonomía  al  naciente  tejido social. Dicho período encuentra  su  punto   más  alto en el gobierno de  la Unidad  Popular. La asociatividad  se encuentra   unida  profundamente  al contexto, es más,   es parte  de la construcción social  de un relato histórico. Fue ese marco  de expansión  de una asociatividad  politizada  la que  terminó  destruyendo  la posibilidad de una mirada  común nacional y  la lógica  de la guerra  concluyó  cerrando  el camino a la libertad de los sujetos  y de las instituciones.

 

De la  cuestión  social   abierta  con el desarrollo  capitalista  de fines del siglo XIX se dio inicio   a un  poderoso  movimiento asociativo que concluyó con una derrota  estratégica   para  la vertiente  que  propugnaba  el cambio  social, toda vez que los logros  alcanzados y  reconocidos  por el estado  en el transcurso del siglo  XX  se desvanecieron  con el  régimen  corporativista de los militares. El estado  que emergió tras 17 años  de  dictadura, provocó, a su vez -  al igual que  acaeciera en los  albores del siglo XX -  el nacimiento  de  una  nueva  construcción social, una nueva mirada  de la sociedad  sobre sí misma,  esta vez erigida sobre   instituciones que se  plantean de cara a la  cuestión ciudadana, del reconocimiento  y  la exigibilidad de sus derechos,  de un comportamiento  proclive   al control del estado y del mercado.

 

Asociacionismo  estatal / corporativo

Tiene  vigencia  entre  1973 y 1990, aun cuando parte de  sus  postulados  quedan contenidos en la institucionalidad surgida en los ochenta y se proyectan por tanto  en la transición democrática  de los gobiernos concertacionistas. Junto  con la crisis que  sacude  a la asociatividad  chilena - heredera  de  una tradición  centenaria  y  factor clave  para explicar la construcción de un  ordenamiento  que  fue  ampliado  progresivamente  la democracia -   el estado democrático  deja de   ser  una referencia  simbólica para  parte  importante de la población, iniciándose  un proceso de  refundación  del orden  social  en Chile.  En la crisis  que  afectó  una imagen  y una creencia de Chile tras el 11 de septiembre encontramos  las fuentes  del  régimen que  se erigió  sobre  las llamas del palacio  de La Moneda, y  comprendemos  entonces  los rasgos  de la peculiar concepción de asociatividad  que albergaban  los conductores del estado  refundado  por    militares  e ideólogos gremialistas.

 

El asociacionismo vigente  entonces  era el de  una  sociedad corporativa, de desconfianza y compartimentos estancos, carente  de  autonomía y de   potencialidad  crítica, incapaz de  trascender el orden sofocante  conducido desde el estado, que las  crea  a su imagen y semejanza. Tal modelo de  asociatividad encuentra su símil en las  estructuras  organizativas de los totalitarismos. El totalitarismo está presente en todo  ordenamiento social, la libertad  no es sino una quimera para  las mayorías. La elite gobernante es en  rigor  la  fracción  que en nombre de los demás  establece los límites  a los derechos de  asociación. 

 

Los gremios,  las juntas  vecinales  y las organizaciones estudiantiles estaban impregnadas de un apoliticismo cuyo nutriente  doctrinario  era  el gremialismo. Para el gremialismo existe   “cuerpos  intermedios entre el  hombre  y el estado” ajenos  a la actividad  político partidista,  y  motivados  por  fines  específicos que  congregan el interés  de sus afiliados.  Esa  concepción  de la  vida asociativa  se desarrolla  a la par de la exclusión de  quienes  estuvieron vinculados  a estructuras  partidarias del derrocado  gobierno, y  se desarrolla  en medio de un  ambiente  de  antipolítica. En una sociedad  que  por décadas  vinculó asociatividad  y política,  quienes   quedaron del lado de los vencedores,  instrumentalizaron toda  forma de organización  en favor de  la nueva doctrina.

 

Ese concepto de asociatividad, empero, tampoco debemos  verlo como algo ajeno al “ser  histórico democrático chileno”. Es más, el perfil corporativista del régimen militar es expresivo  de  un ethos  nacional que  se alberga  en no pocas   instituciones y en consecuencia  se  refleja en comportamientos sociales, políticos y económicos.  Parte  importante de la historia  política reciente  y de la fuerza que  empuja el modelo    encuentra  su  fundamento en una  especial combinación  de  estructuras  oligárquicas,  corporativismo social  y dependencia cultural.

 

Asociacionismo ciudadano v/s  neocorporativismo

Tras  la crisis político  institucional  que sacudió  el  autoritarismo en octubre  de  1988 y que  abrió paso a la transición democrática, se  inicia una lenta refundación del asociacionismo  en nuestro  país. Proceso que  se da en el marco de un nuevo orden  global   y estatal/nacional,  representado bajo una morfología  asociativa de nuevos perfiles,  contenidos y sentidos.

 

La década de los noventa   constituye  para los  actores y movimientos sociales  de Chile,     un    escenario  de experimentación, innovación y despliegue de creatividad ciudadana. Periclitado el orden  bipolar   de la guerra fría  el estado chileno    abandona   roles históricos,  los circuitos de capital se amplían y por doquier los mercados se expanden; los individuos  comienzan a valorarlo todo con una óptica   no conocida  en nuestro país. Los actores colectivos  modifican sus relaciones tradicionales de representación y surgen  con fuerza   nuevos argumentos en  los  mall  y plazas de la  nueva  democracia.

Un  hecho destacado en la emergencia de esta nueva  realidad   es el nuevo  protagonismo ciudadano de cara a  las insuficiencias  del  estado y el mercado  adquiriendo  una importancia  decisiva  la participación  ciudadada. 

 

Asociacionismo  ciudadano  es el nombre  que reciben las experiencias  organizativas  de personas nucleadas en torno de  temas específicos, tales como  los adultos mayores, mujeres,  pueblos indígenas, minorías  sexuales o  agrupaciones  juveniles, por citar algunas, que  van generando una escenografía  nueva cuyo sentido no señala una clara dirección. Este  asociacionismo tiene en el pasado  histórico sus fundamentos. Se estructura  en torno de oposiciones polares, como acaeció  durante  la guerra  fría; esta  vez   respecto de categorías  que fortalecen  identidades altamente  significativas para  sus integrantes. El feminismo en oposición al machismo;  el  homosexualismo v/s  el  heterosexualismo,  jóvenes y adultos  mayores;  indígena / mestizo/europeo;  integrados al mercado / excluidos; ciudadanos / clientes; etc. El rasgo rasgo corporativo de las nuevas  asociaciones  remite  principalmente  a su  autoreferencia o  celo por  el interés institucional, en detrimento de la propensión coalicional propia del  asociativismo del siglo  XX.

Una  pista  que  permite  verificar  esta hipótesis  es  el resultado  que entregó el reciente  informe del PNUD sobre  asociatividad en Chile.   Más de ochenta  mil asociaciones se logró detectar en la  investigación, lo que daría cuenta de  una densa plataforma de  intereses, temas, sensibilidades y aspiraciones  sociales organizados  institucionalmente. Surge  con pertinencia    la pregunta sobre cómo es posible  la existencia de  tantas organizaciones  y  los niveles  de  desconfianza que se verifican en nuestra sociedad. Tal vez   estamos  ante la emergencia de  un orden  neo - corporativo, esto es,  que las personas  se agrupan  temáticamente por intereses sin vinculaciones sociales   desconfiando  de  las capacidades de  otras  instituciones, lo cual  limita   el accionar e impacto de   sus   propuestas. Con todo  se ha ido instalando una  nueva lógica que  se opone  a la ampliación de  la lógica del mercado a los comportamientos  sociales.  Es la lógica  de la cooperación ciudadana, que  hace posible    el establecimiento de  compromisos entre actores e instituciones,  pone en relación asociaciones y órganos públicos y  empresas,  potencia  la participación y el  escrutinio  ciudadano en los asuntos  públicos.

 

Lo peculiar de este proceso y que tiene consecuencias políticas  no despreciables es que a aumentado la lógica de la cooperación social. En el pasado, la asociatividad adquirió sentido primordial en el marco de grandes  luchas reivindicativas y de emancipación humana,  centrada en torno de  un actor  del sistema. El proletariado en  conjunto con los pobres de la ciudad y del campo fueron los portadores de las buenas nuevas, el pueblo escogido para  guiar la sociedad a la felicidad y la igualdad. Hoy,  ante la carencia de cementos normativos y de mapas de orientación  compartidos, los sujetos y actores  emergentes se ven  obligados  a  potenciar estrategias cooperativas con el fin de  alcanzar objetivos. Estos son algunos de los rasgos  que ordenan  o configuran los escenarios en construcción; se trata de rasgos, tendencias en desarrollo, epifenómenos. No necesariamente pueden ser   parte constituyente del nuevo modelo de  articulación social. Vale decir, la matriz estadocéntrica que albergó la subjetividad y prácticas de las generaciones de gran parte de la segunda mitad del siglo XX, aun cuando  dejó de tener  vigencia histórica tras el término de la Guerra Fría, mantendrá  influencias o inercias históricas, pero  en lo esencial la nueva matriz se irá construyendo  ya no en torno del Estado –  como ocurrió con  la anterior -  sino en torno a una  relación compleja  con  los aparatos del mercado y de la nueva ciudadanía  de pos guerra fría.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIATIVISMO Y CRISIS REPRESENTACIONAL

Sociedad  civil siempre alude a un acto relacional  que  apunta  a descubrir unas relaciones de poder,  unas configuraciones culturales  de lo  deseable,  de lo correcto,  y en general de  los límites.  Es un campo  difuso, opinable,  y en el que tienen lugar  la aparición de  narrativas y proyectos de  cambio social.

Marx vio en la sociedad civil el asiento de las relaciones sociales de  producción, la base económica de  la sociedad. Antes,  Rousseau, en su Discurso sobre el Origen de la Desigualdad, señaló que la  sociedad  civil surge  al momento de aparecer la propiedad privada y  Adam Smith, puso de  relieve el egoísmo humano en la vida social en su Teoría de los sentimientos  morales. Dado que  la sociedad  civil  representa un momento del orden social,  y a la vez una continuidad que sostiene  una sociedad  y su  cultura política, su vida económica y sus  sueños, reflejan o se  muestran  mediante  procesos o  hechos  dramáticos. La transición a la democracia en Chile,  que sucedió a la dictadura del general Pinochet, constituyó un proceso dramático para la sociedad civil, toda vez que  en las categorías de la acción colectiva, los lenguajes de la política  institucional,  y los resultados  alcanzados  se vieron  sometidos  a  fuertes colisiones que  terminaron por  diluir los valores enarbolados y que  abrigaron  esperanzas de cambio para  una amplia  franja ciudadana  de Chile.

 

Compromisos  y expectativas

 

En los  inicios de la transición el  Programa de la Concertación de 1989 señaló que “el próximo gobierno  asume  como tarea fundamental la democratización del país (...) y uno de sus objetivos  será  alcanzar la  “democratización del aparato estatal, que incluye dentro de  otras  política, la participación de la ciudadanía en las distintas instancias del poder  regional  y local, que incluye tanto la participación en las estructuras del estado como el fortalecimiento de las organizaciones sociales...”[12]. Tras  dos gobiernos y de cara  a las elecciones de  1999, la  Concertación retomó ese discurso de los primeros años y propuso al país un programa  de gobierno con un fuerte énfasis en la  participación: “Para  crecer  con igualdad debemos otorgar mas poder  a la ciudadanía, de  modo que participe más activamente en las decisiones que le atañen en su  barrio, en su  comunidad, en su región,  con un  estilo de gobierno más cercano  a la gente y con una política mas comprometida con una distribución  equitativa de los recursos”[13]. En democracia –señalaba el texto, “la dignidad de las personas basta  para exigir su derecho a participar en las decisiones de su país, región, comuna, ciudad y barrio. El estado debe estar al servicio de las personas y de la  comunidad y no  al  servicio de sus funcionarios o de  otros  intereses”.[14]Durante  los dos primeros gobiernos de  la Concertación  (1990 -  2000),  se buscó generar políticas  públicas  destinadas  a   estimular la participación ciudadana y fortalecer  la sociedad civil, sin embargo no fue posible reconstruir los lazos entre Estado y sociedad.  Por el contrario, se desactivó el movimiento social y al no reemplazarlo con formas participativas innovadoras, no se realizó la expectativa de amplia participación existente a partir de la concertación social que permitió el retorno a la democracia.[15] Por cierto que hubo  lineamientos de  política al respecto y se crearon estructuras para  procesar y hacer  seguimiento de  las  relaciones  entre  Estado  y organizaciones de la  sociedad  civil.

 

 

Una vez  electo el  Presidente Lagos  dio  importantes pasos en  la línea  de  avanzar en una nueva política con la sociedad  civil. En primer  lugar convocó a  un elenco de  líderes de la sociedad civil a  formular propuestas  para la construcción de políticas  sobre la materia. Tras cinco  meses  de funcionamiento, el Consejo Ciudadano [16] hizo públicas sus propuestas a través de un Informe, donde se señalaron medidas destinadas a  la puesta en marcha de un conjunto de propuestas  que buscaron otorgar un nuevo status a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo nacional.[17] Tras la entrega de ese Informe, el gobierno  delineó lo que se conocido como la política de Nuevo  Trato orientada a  fortalecer  a las organizaciones de la sociedad civil y fomentar la participación ciudadana en las  políticas  públicas.

 

Como  se indicó entonces,  “el  gobierno se ha comprometido con el  fortalecimiento de la sociedad  civil porque no habrá una democracia sólida sin una sociedad civil fuerte. Una sociedad  civil activa contribuirá a crear las condiciones en las  cuales la democracia y nuestro desarrollo son posibles”[18]. A la vez se afirmó que “el perfeccionamiento permanente de la labor del Estado, requiere de mayor control ciudadano sobre  la acción  de los poderes públicos. La transparencia  en la administración de  los recursos, la eficiencia y la eficacia  de la gestión de  gobierno y la pertinencia  de las políticas  públicas, resultan del mayor protagonismo de los  ciudadanos organizados a través de la crítica activa  y constructiva” [19] El Proyecto ha señalado que uno de los  ejes del proyecto apunta a ese tópico “procurando  alcanzar una gestión  de los servicios  signada  por la eficiencia, la participación de la ciudadanía en ese proceso y la transparencia  de la actividad estatal”[20]. 

 

Se trataba de una oferta  atractiva, que  sintonizaba con demandas  en circulación desde fines de los  años ochenta y que habían esperado durante la transición  a la  democracia su materialización. Un examen  de la puesta en  ejecución de las  políticas  públicas orientadas  a  fundar un “nuevo trato”  entre estado  y sociedad civil, junto con  recoger  los avances alcanzados, habrá de  establecer  que  la maquinaria del Estado impuso sus reglas y  contuvo la expansión de  la creatividad ciudadana,  poniéndose en práctica un re diseño de los estilos de gestión pública  más bien enfocados a  satisfacer  unas demandas  provenientes de  usuarios – clientes del aparato estatal antes que  inaugurar  nuevos estilos  y modelos de  gestión fundados en  el  reconocimiento de  la nueva realidad  asociativa. La crisis  de paradigma en las alturas  de la política institucional sólo  vino a  confirmar un secreto a voces en el campo de la sociedad  civil: el viejo Estado chileno requiere  ser  democratizado para  avanzar  en los  grandes  debates de país así como  recuperar conquistas  históricas del movimiento asociativo chileno.

 

La transición  invisible

Como lo señaló el Consejo Ciudadano[21] en su Informe,  el desarrollo de la sociedad civil ha estado íntimamente vinculado a la dinámica política, especialmente a partir de los años veinte. Los procesos económicos y sociales también han dejado su huella, reflejando la sociedad civil las profundas diferencias sociales existentes en el país.  El golpe de Estado de 1973 y el gobierno militar que lo siguió por cerca de diecisiete años, tuvieron un fuerte impacto en ella, en el marco de transformaciones sociales, políticas y económicas que terminaron con la pauta de desarrollo vigente durante los cuarenta años anteriores, que permitía la inclusión de diversos sectores sociales en un marco institucional y político compartido. La restricción de las libertades individuales y de asociación y la proscripción de la actividad política, así como las reformas legales y económicas minaron drásticamente el espacio público y las condiciones de desarrollo de la sociedad civil.[22]

Con todo ha ido emergiendo una frondosa red  de  asociaciones en Chile, estimada  en más de  80.000,[23] compuesta de nuevos actores sociales y orientada  por  temas  e intereses muy  variados, que  van dando cuenta  de una reestructuración  profunda  que impone desafíos  al Estado chileno  y que  la  falta de  políticas  públicas o  la insensibilidad de las elites puede llevar  a fenómenos como los que acaecen en la región.[24]  Este  proceso  se da en el marco de una revalorización  de la cuestión ciudadana  y de la sociedad civil, en medio de una época de globalización  donde la  política  tiende  a hacerse mediática, imponiendo otra  imagen de lo público; por otra parte,  la  fluidez de la  circulación  del dinero, de la información y de   imágenes y  símbolos  diluyen  la idea  de nación y  de fronteras,[25] lo cual  va alterando las formas del ejercicio de la  ciudadanía y  se  expanden los  titulares  y campos de  los  derechos, dando  lugar a una reestructuración en la representación de demandas  y  exigencias de  derechos ante el mercado y el estado.[26]

 

El Consejo Ciudadano indicó  que, aun cuando se ha logrado mayores niveles de inclusión socioeconómica a través del consumo, se ha mantenido y profundizado la inequidad social, debilitándose, al mismo tiempo, los mecanismos de integración interna de los grupos sociales y generándose gran incertidumbre frente al futuro. Los relevantes logros sociales de la transición no se han traducido en pautas de integración y participación social estables y más bien se observa un fuerte debilitamiento de la sociabilidad.  Por otra parte, la democratización alcanzada no ha logrado involucrar la participación social, ni disminuir las desigualdades de poder existentes en la sociedad, todos ellos factores que limitan severamente el desarrollo de la sociedad civil. Hoy día ésta se expresa de un modo fragmentado y débil, no está articulada por proyectos sociopolíticos como en el pasado y se separa crecientemente de la institucionalidad existente.  La desarticulación social resultante se ha expresado principalmente en el temor y la inseguridad, desafiliación política y debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios.[27] 

 

Las organizaciones tradicionales han perdido su peso histórico, pero se ha fortalecido la presencia del gran empresariado y su influencia en la sociedad civil a través de fundaciones sin fines de lucro, centros académicos y universidades, en actividades culturales, de investigación, comunicación y producción artística por la vía del financiamiento, la filantropía o  las donaciones.

 

En el Chile actual, el espacio público ha tendido a privatizarse, rigiéndose principalmente por los criterios de rentabilidad de los grandes conglomerados económicos. La acción del Estado, por su parte, tiende a copar, regular y normar los espacios que le corresponden a la sociedad, definiendo una agenda pública puramente estatal, dentro de marcos constitucionales no sancionados democráticamente y decidiendo, en forma vertical, qué servicios externaliza, qué funciones delega, qué reconocimientos otorga.[28] La relación establecida entre el aparato público y las organizaciones de la sociedad  civil ha sido  principalmente  vertical e instrumental, donde estas últimas se ven impelidas a jugar un rol de ejecutores y cooperadores de las políticas y prioridades gubernamentales en cuya gestación no han tomado parte. En general, las organizaciones ciudadanas, y particularmente las organizaciones no gubernamentales, han sido miradas con desconfianza.

El concepto de ciudadanía implícito en las políticas públicas, corresponde a lo que el Estado entiende como participación, es decir, como inclusión dentro de la institucionalidad estatal, más que como promoción de la autonomía de la sociedad civil, en cuanto creación de un espacio de decisiones públicas distinto del Estado y del mercado.[29] Así como los años ochenta fueron considerados la década perdida para el desarrollo económico en América Latina, la de los noventa puede ser identificada en nuestro país como la década perdida para la cooperación sociedad civil - Estado en las tareas del desarrollo y la democracia.

 

 

 

 

 

 

 

CLASE POLITICA  Y ASOCIATIVISMO  CIUDADANO EN LA  TRANSICIÓN

Se ha sostenido en este texto que  la crisis de  paradigma operante en la  esfera  de la política institucional explica en parte  la ocurrencia de reestructuraciones en la asociatividad chilena. Uno de  los perfiles de la crisis de  paradigma se observa  en la relación  entre  congresistas  y  movimientos  y actores  sociales. En este marco  es  oportuno  trazar un bosquejo de  esa crisis sobre la base de  los resultados alcanzados en un estudio reciente que  analiza el rol de los congresistas y  de líderes  ciudadanos en el desarrollo de la  rearticulación neo representacional entre política y ciudadanía.

 

Como se  sabe la democracia representativa atribuye el gobierno de la sociedad a personas que directa o indirectamente son representantes de los ciudadanos. En los estudios  recientes acerca de los regímenes políticos se demuestra que aquéllos de sello pluralista los parlamentos experimentan una pérdida de centralidad,  pues el ámbito del debate político ya no tiene  como sede  el ámbito  parlamentario, sino que se realiza en gran parte entre partidos,  organizaciones sindicales, gremios o corporaciones. Ello significa que la capacidad de los parlamentarios para  ser un canal de articulación de demandas y espacios para la creación de consensos se debilita. Este proceso podría corresponder a una fase de  corporativización de las democracias, esto es, donde  los modelos de estructuración  fundamentales (clasista, ocupacional, étnico, etc. ), el poder y el prestigio se ejercen a través de corporaciones. Las redes de negociación que comienza a  aparecen en la  vida política afecta  de este modo

 

La escasez de interpelación  a la ciudadanía o la ausencia de  debates públicos, tan propios de un régimen de gobierno  democrático por parte del   parlamento  chileno,  es  muy distinta a  aquélla que le caracterizó antes del gobierno  militar. También debemos  buscar en los cambios que han operado en las  recientes “democracia delegativas" que, como señala  O´Donnell es   “un tipo de   democracia que se basa en la premisa  de que quien sea el que gana la elección presidencial tiene el derecho a gobernar como lo crea conveniente, limitado tan solo por la realidad de las relaciones de poder existentes y por las limitaciones temporales impuestas por la Constitución a su mandato de gobierno”.[30]

 

Este fenómeno podría estar sucediendo con el Congreso Nacional, donde  tendría lugar la “representación delegativa,  que por lo demás  ha sido una variante en nuestro  parlamento, toda vez que  los  congresistas que no forman parte de estructuras partidistas rígidas, podían  actuar según su juicio, por cierto dentro de  los marcos programáticos de sus  partidos. Este fenómeno podría ser explicado como consecuencia  de los cambios en la política y la imagen que de ella se hacen las personas.

 

Tal cambio habría aflorado a fines de los años  ochenta con la desarticulación de los mapas  interpretativos  del período de Guerra Fría, en el que las ideologías jugaron roles de primer orden para comprender las dinámicas de la época.  El  sentido orientador que tuvo la ideología para diversos sectores de la sociedad  chilena,  se vio modificado por este  acontecimiento  global, hecho que  afectó  la función representativa de los parlamentarios.  Vistos como   distantes de los problemas de la gente y preocupados  de sus  particulares intereses,  los representantes se ven enfrentados  al  desarrollo de  formas de  representación  nuevas, al desarrollo de   movimientos  asociativos de carácter local y nacional, a la presión política de  nuevos grupos de interés, emergiendo una reestructuración  del sistema de representación en Chile. Un indicador  de  la fortaleza  del sistema  político chileno y en especial del Congreso Nacional lo  constituye el interés  de la población en  participar en procesos  electorales.  El siguiente  cuadro da cuenta  de  ese proceso.

 


Elección

   

%

Elección Diputados

1993

Elección Diputados

1997

Elección Diputados

2001

% no inscritos

9.67

16.18

21.51

% abstenciones

8.68

12.68

13.36

% nulos  y blancos

8.75

17.62

12.65

Fuente: Servicio Nacional Electoral

 

Se puede  observar que el interés tanto por participar en las elecciones  como en  emitir  preferencias a favor de  candidaturas  ha ido declinando  en el curso de la  década de los noventa.  De un  total de  27.1 %  de personas no inscritos, votos nulo  y blancos y abstenciones en  1993, se ha  alcanzado a un 47.52 % el año 2001. Esta  cifra tiende a  expresar  tanto  un cambio en el comportamiento  electoral de la  población como una manifestación de   desafección ciudadana  hacia el sistema político.

 

Si, como señala Garretón,  en  un régimen político democrático “los partidos  tienen funciones de competencia por la representación de intereses y demandas  globales y de ideas y proyectos” ¿qué explica  la crisis que afecta la vida  política chilena y a sus instituciones?, ¿Son sólo atribuibles  a la carencia de  sistemas de referencia compartidos, a  la debilidad de las  ideologías? o ¿esconden  una insatisfacción  con  sistemas no estrictamente  políticos, como los económicos o culturales? Como indica Garretón “está por verse  si puede construirse un modelo sociopolítico institucionalizado de  conflictos, arreglos, negociaciones y competencia. Es decir, si los regímenes democráticos serán capaces de canalizar las demandas y conflictos y si el Estado, los partidos y la sociedad civil serán capaces de  autonomizarse, fortalecerse y complementarse entre sí.”[31]

 

La  representación política  y la  cuestión ciudadana

La noción de ciudadano surge de la figura del súbdito de los regímenes monárquicos europeos y  conceptualiza  una condición nueva  del individuo liberado de las ataduras de un orden  cerrado. Comenzó a significar  posesión de  derechos, racionalidad, capacidad de  elección,  autodeterminación. Esta  noción igualó  a los seres humanos haciendo abstracción de las desigualdades que pudiesen operar en otros planos distintos al jurídico – normativo. Por cierto, esta perspectiva la hizo susceptible de críticas, tanto desde la derecha, por pretender igualar lo que naturalmente es desigual, y por la izquierda, por ocultar tras una igualdad abstracta las desigualdades reales que seguían existiendo. Más allá de las críticas, la  condición ciudadana hizo posible   el establecimiento en el plano del derecho, de la igualdad de las personas. Fue durante el siglo XX, junto al desarrollo del Estado democrático de  derecho que la noción de ciudadanía  se fue ensanchando junto a  sus titulares. Ciudadanía  pasó a designar a hombres y mujeres la condición de sujetos de derechos y responsabilidades, más allá de  sus pertenencias a diversas identidades colectivas. Este proceso  de  expansión de los derechos  y sus titulares  ha seguido  hasta nuestros días.[32]

 

En algún sentido, ciudadanía es una nueva forma de  aludir al pueblo o a la sociedad civil, que pone el centro de su definición en los individuos como sujetos  de derechos a los cuales acceden en su calidad de  integrantes activos de una comunidad política y social concebida como un Estado  democrático y social de derecho. Desde una perspectiva más [CdlA1] amplia “el concepto de ciudadanía hace referencia a una práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca de quienes podrán decir qué, al definir cuáles son los problemas  comunes  y cómo serán abordados”.[33] Esta perspectiva analítica de la ciudadanía incluye el compromiso cívico, centrado en la participación activa en el proceso público y los aspectos simbólicos y éticos, anclados en inclinaciones subjetivas que confieren un sentido de identidad y de pertenencia a una colectividad, un sentido de comunidad.

 

En algún sentido los cambios generados por el golpe de Estado de 1973, provocaron una profunda reestructuración entre Estado y sociedad. La refundación del  orden estatal en Chile trajo consigo  una  tensión de doble movimiento, como bien apunta Portantiero: ”integración hacia el mundo, fragmentación hacia el interior de las sociedades. Por un lado globalización, por el otro segmentación entre las coordenadas de la rehabilitación de la democracia representativa y la soberanía del mercado. El resultado impactó la sociedad civil despedazando las redes  comunitarias, los vínculos  sociales, los mecanismos de  protección, por lo que se  puso en marcha el escenario de la incertidumbre, de la privatización de  la vida, de la crisis del espacio público”.[34]

 

El debilitamiento de los vínculos entre representantes y representados, se explicaría  en parte  por  el “declive  o estancamiento de los movimientos sociales históricos y el distanciamiento que muchos de los nuevos movimientos  mantienen con la esfera política institucional.” Este  retiro de la vida pública, característico de los tiempos actuales “ha confinado a la mayoría de los ciudadanos a su expresión mínima – una suerte de grado cero de la ciudadanía – anclada a la condición de  audiencia de los medios en general y de la televisión en particular, señala la introducción de un estudio que reúne  estudios politológicos  relativos  a esta temática.[35]

El proceso  de  privatización de la política que  se extiende al campo de las representaciones,  tiene y puede llegar a  tener significativos impactos sobre la  calidad de la  democracia. Como  ha sido observado con agudeza “ la privatización  de la política nos conducirá inevitablemente a un estado donde hombres y mujeres son incapaces de  reflejarse a sí mismos en lo colectivo y, por tanto, pierden la capacidad de  reconocer  a los otros”. [36] La autora sostiene que se estaría viviendo  un “moderno estado de  naturaleza”, que en las actuales  sociedades trae  como consecuencia   sentimientos  de pérdida  de sentido,  soledad y enajenación.

 

 

CRISIS DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA

A continuación se señalan  los rasgos  identificados por  congresistas relativos  a la crisis que  estaría afectando a la  política respecto de  los actores sociales. Las categorías  corresponden  a las percepciones  que tienen  diputados  y diputadas entrevistadas en la investigación cuyos principales resultados  son presentados  públicamente  a través de este texto.[37]

 

El desconocimiento de la labor parlamentaria. Algunos  parlamentarios indican que este es un tema crucial a la hora de explicar la crisis que afecta la imagen del Congreso  y de su labor.[38] La diputada Lily Pérez señala “que la gente tiene desconocimiento de qué opinión  tiene el  representante en los temas de fondo, por que el tema no es solamente  quien va a gestionar los pavimentos compartidos. Lo segundo, es que hay mucha  hipocresía en la política; hay gente que dice una cosa en el distrito pero después vota de una manera distinta en la  Cámara y la gente sabe esa cuestión y  votan contra la ley de  divorcio, y toda  la gente sabe que se han casado  dos veces, que son separados. Yo creo que hay falta de  consistencia y de una sola línea.

 

En esta línea el diputado Patricio  Hales señala  que “hay una demanda equivocada hacia el parlamentario; los ciudadanos le piden lo que no le corresponde y que no puede  ejecutar. La gente se enoja porque el parlamentario no haya resuelto por iniciativa  propia  determinados  problemas, por ejemplo la gente dice vienen a pedir el voto y miren como están las calles...usted fue elegido diputado y mire nunca me vinieron a cortar el árbol, usted fue elegido diputado y mire como están las veredas. La diputada María A. Cristi señala similar argumento: ”el desconocimiento ciudadano del verdadero trabajo de un parlamentario (básicamente legislar) y la diferencia con el trabajo de un alcalde”.

 

b) Los privilegios de los representantes. “Determinados  privilegios, como por ejemplo, parlamentarios que han sido descubiertos manejando a alta velocidad o teniendo algún privilegio  irritante para la comunidad, la lentitud del parlamento para  enfrentar  determinadas  leyes y el apuro para aprobar leyes que  benefician a los  políticos, como la ley que permitió incorporar a la Democracia Cristiana  al padrón  electoral una vez que se habían inscrito mal”, señala Patricio Melero. En una línea de crítica que importa cierto privilegio, María A. Cristi anota que “lamentablemente se han dado señales equívocas, la más reciente fue el rechazo del Partido Socialista y el Partido por la Democracia en la Cámara, del examen de consumo de drogas para los parlamentarios y funcionarios públicos”. Confirmando esta perspectiva la diputada Adriana Muñoz apunta que “la gente  sabe que  el país se rige a través de la política y la gente siente desprecio por la  politiquería, por el trabajo sucio, que por cierto existe  en el trabajo de todos, los médicos, los profesores, etc. La gente siente rechazo al aprovechamiento de los  cargos, y aprovechando esta campaña mediática [39] trata de explicar todos sus problemas personales a través de la  política. Es el truco recurrente y no ven otros actores mediando en las críticas del  problema”.

 

c) La situación  económica.Hay una necesidad de descargar las frustraciones de la gente en alguien y obviamente quienes están expuestos (los parlamentarios) somos el primer frente de esta verdadera  catarsis que a veces se genera frente a los problemas que la comunidad tiene en cesantía, en delincuencia, frente a los  problemas en salud; es una necesidad de descargar sus propias  frustraciones y, obviamente, los que estamos más expuestos a eso somos nosotros” señala el diputado Melero.[40]

 

d) La  antipolítica. Algunos congresistas indican que  existe un ambiente contrario a la actividad política que estaría generando este clima. Adriana Muñoz, del PPD, apunta que la crisis de la política y la crítica a los parlamentarios “es más un discurso que realidad. Desde la dictadura, es un discurso de quienes controlan los  medios de  comunicación, que son los grandes monopolios e intereses de este país, con el propósito de que se pueda dirigir un país sin la  política, como que ésta no tiene sentido, y contribuyendo a una ignorancia absoluta de la gente de qué es la política. Se ha instalado una cultura mediante un esfuerzo mediático por desprestigiarnos y para hacer aparecer otras propuestas como  no políticas”.[41] Para el diputado Leal “puede influir la actitud de la derecha, de desconfiar de las instituciones.” 

 

e) La desideologización. “Otro problema es que la política no contribuye a construir identidad, como en el pasado...los  sentidos de la vida pública están debilitados  por el mercado” agrega  Leal. “Creo que las  organizaciones están cada día menos ideologizadas” apunta Lily Perez. [42]

 

f) Asistencialismo. “Parte de la crítica que se hace al parlamento es válida...hay diputados que no hacen ninguna tarea destinada a enfrentar la pobreza, el desempleo...se dedican a repartir dádivas, a conseguir cosas, son asistentes  sociales. Es una tarea de asistencialidad no de desarrollo. Hay un modelo instalado que es exitoso, eso vende votos y eso  impacta en el desarrollo cívico de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos” indica el diputado Alejandro Navarro.

g) Una actividad  no cuantificable. “A mi juicio hay en Chile una desvalorización de todo aquello que no sea materialmente cuantificable; y la política es una actividad no cuantificable, en donde el trabajo intelectual ocupa un espacio importante” acota la  diputada María A. Cristi. En el polo contrario, Patricio Hales  apunta que hay una  “imposibilidad del elector para valorar la utilidad de un diputado...no tiene elementos de  análisis ni conocimientos.”[43]

g) Las falsas promesas. “Ha habido contribuciones a desprestigiar la función política  por parte de algunos políticos. Borrar con el codo lo que se escribe con la  mano”, “ver un día a un político en una posición y al día siguiente en otra” acota Patricio Melero. “La mala costumbre de prometer lo que no se puede cumplir; me ha llamado la atención quienes prometen el aumento de jubilaciones, en circunstancias que los parlamentarios no tenemos atribuciones para presentar proyectos que le generen gastos al Ejecutivo”, indica María A. Cristi.[44]

 

i) Exceso de expectativas.  María  A. Cristi anota que “la insistencia de la oposición a fines del gobierno militar, respecto de la importancia que tendría para el ciudadano común el reinicio del parlamento” hizo que  se generaran “demasiadas expectativas, que luego fueron imposibles de cumplir.”

 

j)  El  interés personal o corporativo. Muchas veces se  señala que los políticos (parlamentarios) sólo velan por sus intereses y olvidan a los electores y sus problemas. Como afirma la diputada Cristi (RN) “el espectáculo que han dado las organizaciones políticas en los últimos años contribuye a ese descrédito (incluyo a mi sector). Los chilenos perciben que los partidos están más preocupados de discutir temas relacionados con sus cuotas de poder o reformas políticas (como las constitucionales), la conformación de alianzas, etc., y no en los temas prioritarios y para los cuales nació la política (polis, ciudad, no nos olvidemos, la preocupación por la organización de la ciudad, de la comunidad)”.[45]

 

k) Una comunidad que  cambia. La  crisis de la  actividad  política  es explicada también  por  la pérdida de contornos  que experimentaría la  sociedad  tradicional  chilena como resultado de la  modernización  intensa  que habría tenido lugar en los últimos años. El diputado Montes apunta que “el mundo  ha cambiado muy rápido y la política  ha cambiado  muy poco,  vale decir,  las formas de ir procesando el vivir juntos han cambiado  mucho. Me  refiero al municipio, al parlamento, al gobierno mismo, a las organizaciones  sociales, todas las  instancias para  vivir  juntos están mucho más ancladas en una realidad que ya no existe. El Centro de Padres es una organización que está en otro mundo...tenemos harto casquete de organización, pero no  organizaciones.”[46]

 

La representación  como campo  en disputa

La representación  a que están llamados  los partidos políticos puede  tener diversas dimensiones: canalización de  demandas, expresión de intereses y    representación. Esa  matriz  está sometida  a  una enorme tensión toda vez que la sociedad  que ha emergido con el  desarrollo económico y la crisis de  paradigmas, ha traído como consecuencia un cambio  tanto  en  la segmentación  de  los sujetos sociales como en sus   preferencias o intereses.  La  sociedad  está  constituida  por  diversos  centros de interés, con dinámicas,  espacios,  representaciones  y  lógicas  muy heterogéneas, y donde  coexisten  estructuras  tradicionales  y  emergentes en  territorios comunes.

 

Los parlamentarios en tanto  integrantes de los partidos  políticos son sometidos  a  un conjunto de  presiones por parte  de quienes  ven en ellos  vehículos  que pueden canalizar sus demandas, expresar  sus sentimientos,  y representar sus ideales. Junto con representar las ideas  del partido político  que  lo postuló  como candidato  a conquistar un escaño, un parlamentario puede  querer representar  a sectores o temas que pueden ser de su interés o del interés del partido político. Es  en el campo de la representación de los intereses sociales  o culturales  de la sociedad  en donde encontramos  las mayores  tensiones, las cuales se expresan  especialmente en aquellos  liderazgos con un fuerte anclaje en  temáticas  sensibles a  la comunidad.

 

Como  ha sido indicado en esta sección se busca ilustrar  la crisis de paradigma de la política es  especial en su esfera de representación parlamentaria, poniendo de manifiesto las percepciones de congresistas y líderes ciudadanos frente a las temáticas  implicadas. Por líderes ciudadanos  aludimos a  dirigentes  de  organizaciones sociales, plataformas culturales, redes  temáticas o exponentes de nuevos paradigmas  de acción  colectiva. Este perfil es  clave  a la hora de interpretar las respuestas  de nuestros entrevistados,  pues apunta  a un  segmento  del amplio campo de las  nuevas  representaciones sociales que emergen en la nueva sociedad  civil  chilena.

 

Para  Francisco Estévez [47] “hay parlamentarios que son capaces de asumir causas sociales, como Girardi, que asume la causa de la salud, aunque desalienta la formación de movimientos ciudadanos porque él no  expresa movimiento  ciudadano; él expresa respuesta personal respecto de problemas en el ámbito de la salud, pero no hay una inversión en producir un movimiento ciudadano en la salud.  Invierte en rating, en imagen televisiva”. Similar opinión tiene Lucio Cuenca: “con ellos (los  parlamentarios) nunca hemos trabajado en promover determinada  reforma de una ley, que podría entenderse como un campo más  directo de ellos y creo que tiene que ver con este rol de  los parlamentarios hoy en día, de la política de lo concreto y de lo cosístico, de  entrar a suplantar roles que tenían  otros actores de la sociedad, de hacer cosas que hacían tradicionalmente los alcaldes o los concejales y de  fomentar en alguna medida el clientelismo; de atender cuestiones muy particulares de aquellos sectores territoriales, pero muy alejadas de la actividad  legislativa y donde se pierde mucho tiempo en eso y destina poco tiempo en fomentar una discusión propiamente política de los temas”.[48]

 

Una opinión  similar sostiene Becerra, quien apunta que  “la gente está mirando  a los parlamentarios más allá de lo que puedan representar ideológicamente...y también ven el bolsillo del parlamentario y eso lo podemos ver en las actuales  campañas...las que significan hoy día  comprar  necesidades, no tiene que ver con proyectos de vida, con esperanza.”[49]

El caso de  Santiago Amable es al respecto muy expresivo. Sobre  lo mismo,  Mosciatti señala que “donde  tú no eres manipulable por algunos (parlamentarios) nosotros somos la competencia”, agregando que “los cambios políticos  nos han afectado. Por ejemplo el  patrocinio de la Municipalidad de  Santiago a la  actividad realizada  por  la agrupación en la calle Matucana de la comuna de Estación Central  llegó dos días antes  de  efectuarse”.[50] Una visión muy similar sostiene  Sara Larraín, para quien  los parlamentarios “toman los temas cuando les conviene y  la minoría representa una motivación más allá  que pueda servirles a sus objetivos electoralistas”, sin embargo, “tiene un sector que es sensible  y que puede  ir generando pequeñas intervenciones”, agregando  que “gente como  Navarro o Horvat siempre van a estar  en la parada. Los otros creo que son más oportunistas. Pero todo  sirve para ir legitimando la causa y darle un mayor peso político al  interior de los distintos  conglomerados”.[51]

 

La convicción que sostienen los líderes ciudadanos de estar contribuyendo al desarrollo de iniciativas abandonadas o no asumidas por la clase política parlamentaria. Por ejemplo,  Sara Larraín  estima  que “hoy vemos que el tema ambiental es un tema considerado  al interior de los partidos políticos, no como tema marginal como  era en 1993 – 1994. Ahora hay una relación fluida de denuncia con estos parlamentarios. La bancada verde es virtual, no tiene secretario, nada. Es la  expresión de una identidad de ciertos  intereses del Congreso. Las primeras acciones para sensibilizar sobre el tema ambiental  fueron dos: una  en 1996 contra las explosiones nucleares de Francia y  por el aire limpio. Se transformó en el eslogan para el plan de descontaminación  de la ciudad   de Santiago. Fue convocada por nosotros, la bancada verde y el colegio médico”.[52]

 

A juicio de los líderes ciudadanos, los parlamentarios “ven en CONADECUS un organismo social”, al punto que  sus  directivos  participan en diversos espacios de consulta, [53] o como sostiene Francisco Estévez, quien acusa un “presentismo muy  agobiante en el parlamento”, o al decir de Sara Larraín “somos un cierto peso  electoral sectorial, por la  legitimidad que se ha ganado, independiente  de la falta de poder para cambiar las políticas. Junto con las organizaciones indígenas el sector ecologista  es el que se ha perfilado con mayor legitimidad durante la transición a la democracia. Esa legitimidad es reconocida más allá como potencial del voto ecologista, de un sector que representa ciertas demandas ciudadanas  dentro  del bien común. Tenemos  legitimidad en localidades rurales que han perfilado un movimiento que representa  otras  alternativas  de desarrollo”.[54]

 

Estudiosos del tema han señalado que el surgimiento de  nuevas formas de expresión o representación políticas, que actúan al margen de los sistemas de partidos tradicionales y asumen modalidades de movimientos o nuevos partidos, como los ecologistas, étnicos, de género u otros similares, “juegan un papel  cada vez más importante en la conformación de una ciudadanía y una sociedad civil autónomas y fuertes, pero no llegan a reemplazar la función que tienen los partidos, cuya finalidad es acceder al control del poder del Estado, legislar, generar gobiernos y diseñar  políticas, considerando los intereses de los distintos sectores sociales que  representan.” [55] Una línea similar a la de este autor  la señala  Renee Fregosi, quien  intentando explicar los problemas que enfrentan los sistemas de representación políticos, alude a las peculiaridades de los procesos de transición y al rol que habrían jugado las  organizaciones de la sociedad civil. Indica que “de la misma  manera que  los cambios en algunos  países de  Europa del Este parecen configurar  una vuelta  a realidades políticas del período anterior al régimen comunista”, las transiciones latinoamericanas “vuelven  a colocar en una posición  destacada a ciertos  actores de la escena política tradicional anterior a la dictadura. Un elemento innovador fundamental radica en la  (re) aparición y afirmación de las  sociedades  civiles. Organizaciones más o menos estructuradas, asociaciones de  defensa de los derechos humanos desafían hoy al mundo político del período posterior a la transición”.[56]  Para  otros analistas “la  participación de la sociedad civil, el desarrollo de sus organizaciones, su democratización como red horizontal de agregación de  demandas, el importantísimo papel que su despliegue debe tener en la incorporación de nuevos  intereses en la agenda de las  sociedades, así como su potencialidad  para otorgar sentimientos de  pertenencia y de  identidad  colectiva, podría  culminar en un fracaso democrático en caso de no  converger en una relación madura con el Estado y con el sistema de  partidos, núcleo del sistema político”. [57]Por cierto que resulta  aventurada ésta  hipótesis, por cuanto no  parece estar en la agenda de las organizaciones de la sociedad civil, sustituir  a las organizaciones político partidistas, con la excepción de la intervención de las redes sociales ambientalistas  chilenas, nucleadas tras el liderazgo de la ambientalista  Sara Larraín.

 

Sociedad  civil  es un término profusamente  utilizado  tanto  por líderes ciudadanos como por estudiosos de las relaciones Estado - sociedad, hecho que hace  necesario  precisar  qué estamos entendiendo por tal  término. Siguiendo a Vieira,  el concepto  de sociedad  civil es un proyecto que  critica “tanto el paternalismo  estatal como  esta otra forma de  colonización de la sociedad basada en la economía de  mercado sin regulación. Busca realizar el trabajo de  una  política social  mediante programas  autónomos y descentralizados, basados en la sociedad  civil, en vez de programas  tradicionales del welfare  state. Busca, asimismo,  realizar el trabajo de una política económica de regulación mediante formas  no burocráticas  y menos intrusivas de legislación”. [58]

 

Aun cuando Manuel A. Garretón se inclina por este tipo de análisis, señala que  “desde el momento en que la política aparece como menos relevante en  relación con el modo como percibe la gente su destino individual y colectivo,  la actividad política  misma  que se expresa a través de partidos pierde relevancia para muchos.”[59] En este sentido,  el manejo  efectivo  del poder y del Estado parece escapar de las “manos de los partidos y quedar entregados a los poderes fácticos de los medios de comunicación, las transnacionales o la tecnoburocracia estatal” señala Garretón. En ese momento “el liderazgo partidario aparece desafiado por poderes que intentan despojar al Estado de su rol dirigente; “desde abajo” nuevas organizaciones  sociales  comúnmente asociadas a la idea de sociedad civil, parecen menoscabar este liderazgo partidario de la sociedad”, indicando seguidamente que entre “ellas las llamadas ONG - cuyo papel principal  en la reconstrucción  de la sociedad - consiste en ligar las elites democráticas de tipo profesional, tecnocrático, político o religioso con los sectores populares, especialmente en momentos en que la política es reprimida por el autoritarismo o la sociedad se atomiza por las transformaciones económicas impuestas por las lógicas del mercado.”[60]

 

Un estudio  sobre esta temática  ha señalado que, a medida que  se  lleva adelante el  proceso de  re – democratización  en América Latina,  “los partidos políticos, las legislaturas y las instituciones políticas heredadas de los períodos anteriores se encuentran a sí  mismas en ocasiones  compitiendo, a menudo colaborando, con nuevos  actores  políticos para quienes la “sociedad civil” ha servido como estandarte de los intereses populares. La conjunción de  intereses y la representación están en juego, compitiendo con la apatía y el repudio general del desempeño de la elite política.” [61] Agrega que  mientras la  representatividad  de cualquier individuo, segmento o sector  de la  sociedad  civil puede ciertamente ser cuestionada, la inadecuación de las instituciones  representativas tradicionales es reconocida en toda la región. “La  representación es el mayor problema subyacente que debe resolverse, por cuanto la representación encuentra numerosos mecanismos organizacionales nuevos que se multiplican en los niveles micro,  meso y macro en las sociedades latinoamericanas”. [62]

 

Al parecer  no existe  un concepto  politológico que  de cuenta del proceso  que tiene lugar en la sociedad  civil, donde  surgen  nuevos actores que  ingresan a la arena pública, hacen propuestas,  intervienen en debates, y disputan  espacios  de  acción y  de representación  a  las estructuras  políticas  llamadas a ello, como son los  partidos  políticos y los congresistas. Ello ha llevado a  algunos autores [63] a pensar que   ni el tipo ideal pluralista   ni corporativista   como formas opuestas de  agregación de  demandas  responden  al nuevo  fenómeno asociativo.  El  primer modelo, del pluralismo,  se caracteriza por  articulaciones  fluidas de apoyo  y demandas  a  través de actividades de  grupos  de intereses que ingresan  y se mueven  en el escenario  político. [64] En politología se entiende  por pluralismo  la concepción que  propone como modelo una sociedad compuesta por muchos  centros de poder, aun en conflictos entre ellos, a los cuales se  les ha asignado  la función de  limitar, controlar,  contrastar, e incluso de eliminar el centro de  poder históricamente identificado con el  Estado. [65] Por otra parte, el corporativismo se caracteriza por la canalización de intereses por intermedio de  categorías  organizacionales  vertebradas y preestablecidas.

 

Como las define  Bobbio, el corporativismo es “una  doctrina que propugna la organización de la colectividad sobre la base  de asociaciones representativas de los intereses y de las actividades profesionales”. Gracias  a la solidaridad  orgánica  de los intereses concretos y  a las  fórmulas de colaboración que de ellos pueden derivar “la remoción o la neutralización de los elementos  conflictivos: la competencia, la lucha de  clases en el plano  social, la diferenciación ideológica en el plano político”. [66] Para  Reilly,  el fenómeno de la nueva asociatividad  constituiría  una  nueva  modalidad  organizativa que no responde a  las categorías clásicas. Como  señala el autor “se desprende de un conjunto de organizaciones de ciudadanos con el cometido de ingresar al escenario de las políticas, los programas y la opinión  pública, y no sólo  para suministrar  servicios sociales o financiar tareas caritativas o filantrópicas en el “tercer sector”. Incluye ONGs,  redes, coaliciones, asociaciones y movimientos que van y vienen, se fusionan y compiten, disputan y concuerdan, en tanto que ocupan espacios políticos y articulan exigencias políticas que, según manifiestan explícita o implícitamente sus portavoces, no  han sido adecuadamente representadas a través  de las instituciones  formales del  gobierno, legislativas,  judiciales y ejecutivas, o por las instituciones establecidas de representación ciudadana, como son los partidos políticos  y los  grupos de  interés”. [67]

 

Las nuevas  prácticas  sociales  están estrechamente  vinculadas  a una  nueva forma de concebir la esfera  de lo  público, asociada tradicionalmente a la acción  del Estado  y los actores  políticos.  A partir  de la  década de los noventa en Chile,  la noción de  sociedad  civil comienza  a  cambiar  substantivamente, ya no es  un término  más, sino una manera  de actuar vinculada a la noción de  igualdad  de derechos, de ejercicio de derechos, de autonomía, autodeterminación  y participación. Los actores  de la nueva  sociedad civil que emerge interviene en una  esfera  pública no estatal.  Según Melucci “la existencia de espacios  públicos  independientes de las instituciones de  gobierno, del sistema partidista y de las estructuras  del  Estado, es la condición necesaria de la democracia contemporánea. Como  intermediaciones entre  el nivel del poder político y las redes de la vida  cotidiana, estos espacios públicos requieren simultáneamente de los mecanismos de  representación  y de la participación”. [68]

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se  exponen las principales  conclusiones  alcanzadas en el estudio  indicado, que aporta  luces  sobre la dinámica  que se  está generando en la relación  ciudadanía – congresistas en Chile durante la  transición y que da cuenta de  tendencias  resultantes de la recomposición del  capital social  del país.

 

Los antecedentes   proporcionados  por la  investigación  permiten señalar que son observables  rasgos de  una  cierta disfuncionalidad  entre las estructuras  políticas  de  mediación y representación de intereses  y demandas - para estos efectos, los partidos  políticos  y en particular sus parlamentarios - y  entidades  sociales con anclajes territoriales, liderazgos  constituidos y nichos  temáticos  más o menos  definidos.  Por disfuncionalidad nos referimos a la  falta de interacción efectiva entre  los  propósitos de las  instituciones  políticas  de representación (parlamentarios) y  las  entidades  y temáticas representables. En cambio,  las organizaciones sociales de base -  entidades  tradicionales  que forman parte de la institucionalidad comunal - como son las  juntas  vecinales,  centros de  madres, clubes deportivos, o entidades funcionales como los grupos  culturales  o de adultos  mayores,  mantendrían  cierta  vinculación con las  entidades  políticas y los parlamentarios, aún cuando es posible  observar un comportamiento más pragmático y desideologizado, lo que  afectaría  la función representativa de los  congresistas. Tal vez más adecuado que el término “crisis”  para  referirnos a la disfuncionalidad señalada, debamos  hablar de  “tensión  representacional”, que señala un estado de  emergencia,  una señal de alerta para el sistema  político.

 

La  tensión representacional se  observa en un conjunto de  fenómenos. Entre ellos se pueden mencionar el desconocimiento  de la labor  parlamentaria,  los  privilegios de los cuales hacen uso los congresistas o los partidos políticos;  la situación económica;  la despolitización o la antipolítica  promovida reinante en la sociedad;  la desideologización; el  asistencialismo como  método de  trabajo  parlamentario, las  falsas promesas;  el exceso de expectativas  generadas  durante la  transición a la democracia; los  intereses personales por sobre los  generales y el cambio   que  vive la sociedad chilena. Resulta  sorprendente que los congresistas entrevistados  no  identifiquen en el  entramado político institucional  uno de  los  factores que  estaría  generando  disfuncionales en su relación con los ciudadanos. Aluden  más  bien a un catálogo  amplio de  factores explicativos, entre los cuales  una parte de  ellos  serían responsabilidad  de los propios  congresistas (desconocimiento de su labor, falsas expectativas, privilegios, asistencialismo, falsas  promesas) y otros  estarían fuera de su control, como el cambio de  la sociedad, la antipolítica y  la desideologización.  Con  todo,  parecer ser que los  congresistas aun cuando  perciben  la existencia  de  tensiones en lo tocante a  su función representativa,  no siempre despliegan estrategias  orientadas a superar esas  dificultades; más  bien,  por los antecedentes proporcionados  en las entrevistas y los estudios sobre el tema,  buscarían  neutralizar los efectos  negativos  que pudieren  tener las  nuevas  relaciones con los  organismos de la sociedad.

 

Más que nuevas  formas de representación,  se observa una segmentación de  las demandas  e intereses sociales que pueden  estar  tensionando al sistema  político, toda vez que  no encuentran en las actuales estructuras  espacios donde  canalizarse. Nuestro estudio abarcó  un elenco emergente de entidades lideradas por ciudadanos (as) que  responderían a  este perfil. Se trata de  modalidades de representación  profesional, esto es, se  interviene una  temática  desde el conocimiento y la práctica,  lo cual  tiende a producir empatía y  grados de  interactividad  entre  líderes  y  actores  y temas  representables. Existirían  disputas  en el campo de la representación de  ciertas  demandas y temáticas entre  líderes ciudadanos y congresistas, pero se  trataría  de  conflictos no constituidos como tales. Ciertos  temas  de interés  no estarían  siendo asumidos por  los congresistas, como  puede ser  por ejemplo  la democracia  cultural,  la convivencia  social y el uso de los espacios públicos,  el  desarrollo sustentable, la construcción de  comunidades de sentido o  la asociatividad. Y ello se debería a un doble  proceso: por  un lado  la sociedad se segmenta como  resultado del cambio de  modelo de sociedad, y por el otro,  cambian sus intereses.  La diferenciación  social  conllevaría la emergencia de  nuevas  demandas, las cuales  no han sido procesadas por  los partidos políticos que  aparecen más bien como  administradores del presente y no  constructores del cambio.

 

Los (as) líderes ciudadanos tienen  percepciones  comunes respecto de  la  tensión  representacional. Algunos  señalan  una  falta de  visión de  futuro de los congresistas; falta de igualdad en las relaciones con los legisladores, al carácter  instrumental  de las alianzas  que eventualmente se van estableciendo frente a un tema de  interés común. En general  los líderes  ciudadanos saben estar participando en un proceso de cambio político – institucional,  toda vez que  logran  percibir las dificultades  de los congresistas en su labor. Con todo,  establecen puentes  de relación  para abordar temas de interés mutuo, especialmente  en aquellos en donde  no existan problemas  ideológicos, como  el consumo  y el medio  ambiente. En aquellos en donde  puede  existir convergencia, claramente el tema es  integrado al repertorio discursivo del parlamentario,  quedando excluido  el  actor  social cuando se  trata de  materias  político – institucionales.

 

Según  los  antecedentes del estudio existirían dos  modelos de  representación en  el sistema político chileno. Por un lado  el  modelo  clientelístico /asistencial y el modelo  de representación temático / funcional. El primero  se  estructuró  durante el siglo  XX y  tuvo  como  actores  privilegiados a  los partidos políticos, a  las organizaciones  sociales y gremiales y el Estado. Los partidos  agregaban demandas  y  representaban opciones y proyectos de  sociedad con perfiles  definidos ante el  Estado.  A cambio de  los apoyos que recibían  los líderes locales,  sean  políticos  y sociales,  a las demandas levantadas y gestionadas por los  parlamentarios en la arena central, éstos  generaban bases de apoyo  clientelar, las cuales  eran   funcionales  tanto  a la  proyección y reproducción de los liderazgos de los políticos de perfil nacional  como  para la del liderazgo  local. Ese  modelo  sigue  imperando en Chile,  y  opera con una lógica similar a la  que  reseñamos.  Los  congresistas  identifican  necesidades concretas de la gente del distrito y generan sistemas de  gestión con las instituciones de gobierno de  nivel   central, regional  o en el ámbito comunal, que  les permita  dar respuesta a ellas. La proliferación de  agencias públicas que administran  recursos para el desarrollo de  políticas sociales  son canteras especialmente  importantes a la hora de  responder a las demandas  sociales de las bases comunales.  El segundo  modelo en un proyecto en  construcción.  Ha ido  adquiriendo perfil durante los años  noventa pero no logra  instalarse como una dispositivo  acabado. Es un modelo  temático /  funcional en donde  intervienen actores  nuevos  y  tradicionales. Por una parte  está el congresista, y por la otra líderes ciudadanos  expresivos de  nuevas  demandas sociales.  Los  congresistas  más  que  agregar  las  nuevas demandas  y representarlas  ante el sistema  político o  económico se asocian  con las  organizaciones  emergentes que  despliegan  un trabajo temático  sean en el ámbito territorial o  desterritorializado. En algunos  casos se forjan alianzas, como las ambientales, contra la discriminación, por la descentralización, a favor de los consumidores. El modelo es temático por cuanto lleva a  que los congresistas formen “bancadas” afines a su sensibilidad que los identifiquen, por ejemplo, reformas  laborales, salud,  discriminación, divorcio, medio  ambiente, etc. Es funcional dado que permite  articular  múltiples  intereses no necesariamente convergentes. Contribuye a  la organización de actores, a la  denuncia social o  a la intermediación de  intereses ante  actores  económicos. Un componente de este modelo es su fuerte emplazamiento en los  medios de  comunicación que busca impacto a la vez que  empatía  temática  de quienes pueden ser partes del tema en cuestión.

 

 

MIRAR EL  FUTURO

Chile  esta inmerso en un cambio de  enorme envergadura, cambio que opera en un amplio  campo de  sectores  y que modifica radicalmente  los conceptos en uso. Se tornan  obsoletos  los viejos códigos  que hacían  inteligibles las conversaciones  sociales y entre  actores  y  sectores; emergen  nuevos liderazgos y actores  sociales, la economía  y sus dispositivos  adquiere  gran significación individual y colectiva. Tal vez uno de las  dimensiones más golpeadas  por el cambio es  la convivencia entre los chilenos expresada no como  violencia e inseguridad ciudadana, sino como desafección cognitiva y moral hacia  los consensos en que se  funda  una idea  de  país. La crisis de la  política y la volatilidad  de las doctrinas e ideologías  señalan no sólo  el advenimiento del  pragmatismo y el realismo, dan cuenta  de  un orden  que  se afinca  sobre  imágenes y  discursos.

El reencuentro   del asociativismo ciudadano  emergente con las fuerzas  de larga duración que nutren  el ethos y el proyecto histórico de cambio sociocultural en Chile se producirá en  unos escenarios  aún en desarrollo. El asociativismo operante en nuestra  sociedad civil comienza a gestar nuevas narrativas, generalmente distantes de la  real politik  prefigurando la construcción de  nuevos  campos de sentidos y acción en un proceso de renacimiento colectivo, fundado en los valores  de los derechos  humanos y la democracia.

Las llamas  que  arden  en La Moneda no lograron quemar los sueños del Chile  que  renace  con sus esperanzas, recuerdos y fuerza de futuro.

 

 

 

 



Historiador -  Cientista  Político. Director Ejecutivo Corporación  Libertades  Ciudadanas.

[1] Para Juan Carlos Portantiero, “Centralismo burocrático y segmentación corporativa han coexistido en los procesos de  modernización de América Latina, como  forma de  relación entre Estado y sociedad civil,  en el marco  de una matriz de cultura política  mucho más estadocéntrica que  sociocéntrica”.El rol de congreso  en la  construcción d ela democrcaia: el caso argentino CLADE, B,Aires, junio de 1986, pág.  35

[2] Assies,  Willen, Calderón, Marco  Antonio y Salman,  Ton  “Ciudadanía, Cultura Política y Reforma del Estado en América Latina”, en Instituto Internacional de Gobernabilidad., Catalunya, España. Ver: www.iigov.org/pnud/bibliote/documentos/temal/docu0091.htm-ls. De interés son los trabajos de Norbert Lechner: “Los nuevos  perfiles de la política. Un bosquejo”,  DT, FLACSO, octubre de 1993 y “¿Son compatibles modernidad y modernización? El desafío de la democracia latinoamericana”, DT FLACSO, marzo 1990.

[3] Sobre este tema ver los sugerentes ensayos de  Norbert Lechner. “La (problemática) invocación de la sociedad  civil”·  en  Revista Cuestión de Estado, año 2,  nº 11,  1994, Lima, Perú. También “¿ Un nuevo orden? Estado y sociedad  en una perspectiva  democrática”, en Revista  El Tercer Actor, año 2, nº 3,  2001.

[4] Varas, Augusto., “Sociabilidad y política  en el Chile de  hoy”., Revista  Creaciones  Ciudadanas, 2, Invierno 2003.

[5] Idem., pp. 18 - 19

[6] Riquelme, Alfredo y Castillo, Adolfo., “Derechos humanos y democracia en América  del  Sur”, en Derechos  humanos, Democracia y  Desarrollo en América latina, Novib, Bogotá, 1993,  págs. 167 –168.

[7] Reilly, Charles,  en Lo público no estatal y la reforma del Estado, en  Pereira, Bresser; Carlo, Luz y  y  Cunill, Nuria  (eds)., Paidos – CLAD, B. Aires,  1998, 1ª ed., Pág. 419.

[8] Chalmer, Douglas et. al.: The  New Politics of  Inequality in Latin America: Rethinking and  Representation,  NY, Oxford University Press,  1997, págs. 582. Apud.  Reilly, Ch. Op. Cit. Pág 419.

[9] Günther  Maihold, “Procesos de concertación  nacional  y gobernabilidad democrática”. En  Sociedad y  Política en América latina: Representación de  Intereses y Gobernabilidad.Hengstemberg, Peter y otros, FES, Ed. Nueva Sociedad, Venezuela, 1999.  pp. 401 – 402. 

 

[10] Vicherat,  Daniela. “Por  el  ejercicio  de una política  más libre. Una  crítica al principio  de  representación en las actuales democracias”, en Magazine, 22, octubre  2001. Instituto  Internacional de  Gobernabilidad, Catalunya, España. Ver: www. iigov.org

[11] Cheresky, Isidoro y  Pousadela, Inés. “Política , instituciones y ciudadanía en América Latina”, en Política e Instituciones Democráticas en América Latina., Paidós, Buenos Aires, 2001.,  pág. 49.

[12] Bases programáticas de la Concertación de  Partidos por la Democracia. 1999,  cap. VII., 1.

[13] Programa de  Gobierno Concertación III,  1999,  página. 48

[14] Ibid., pág. 52

[15] Informe  Final,  Consejo Ciudadano  para el  fortalecimiento  de la sociedad  civil. Santiago, diciembre  2000, pág. 9

[16] El Consejo  Ciudadano es un espacio donde confluye  actores de la sociedad  civil y el Estado y, pese a  su  rasgo  centralista y a la falta de debates abiertos,  constituye una  expresión  de síntesis de  las relaciones entre ambos sectores.

[17] Informe  Final. Consejo Ciudadano. Para el  Consejo “ no se alcanzará una plena democracia y un desarrollo verdaderamente sustentable y ciudadano, sin participación de una sociedad civil activa y responsable. Para ello es necesaria una sociedad civil poderosa y diversa, organizada en diferentes modos y sectores, con capacidad de acuerdo, interlocución y resolución autónoma de conflictos, que infunda profundidad y permanencia a la democracia”, p. 20

[18] Plan  para el Fortalecimiento de la Sociedad  Civil  DOS – SEGEGOB. Mayo  de 2001

[19] Idem., pág. 2 También señalaba que “una plena  democracia y un desarrollo  verdaderamente  sostenible no se alcanzará  sin participación de  una sociedad civil  activa  y responsable”

[20] Proyecto de  Reforma y  Modernización  del Estado”, MINSEGPRES, p.1

[21] El Consejo  Ciudadano, formado en año 2001,  fue  un espacio donde confluyeron  actores de la sociedad  civil y el Estado y, no obstante   su  rasgo  centralista y la  falta de debates abiertos,  constituyó un momento de  avance y  síntesis en  las relaciones entre ambos sectores

[22] Informe  Final,  Consejo Ciudadano  para el  fortalecimiento  de la sociedad  civil. Santiago, diciembre  2000, p. 8.

[23] PNUD, Desarrollo Humano en Chile., 2000

[24] Donatti,  La Crisis del Estado y el surgimiento del Tercer Sector”. Revista  Mexicana de Sociología,  4/97;  Actas  I y II  Encuentro de la Asociación  Internacional de Investigadores del Tercer  Sector, Brasil 1998, Chile 1999.

[25] Ottone, Ernesto y  Hopenhayn, Martín, “Ciudadanía e igualdad: la ecuación pendiente”, Cepal, 1999. Lo ocurrido en Argentina, Venezuela, Perú o Ecuador señala un cuadro crítico que  emite  señales a  considerar.

[26] Castillo, A.,  “Ciudadanías de pos guerra  fría y la reestructuración de  las estrategias y modelos de  exigibilidad y  fiscalización de  derechos”,  Plataforma  Sudamericana de DDHH. Nobiv,  Santiago, enero de 1997.

[27] El Informe del PNUD - Chile Las paradojas de la modernización. Desarrollo humano en Chile 1998. Santiago de Chile, 1998, concluye que “la relación entre el Estado y la sociedad civil ha estado determinada por la preeminencia de un Estado activo y central en el desarrollo del país, aunque la reducción que sufrió en los años 70 y 80 y el cambio desde una visión proteccionista y de bienestar hacia una perspectiva de subsidiaridad tuvieron como consecuencia un deterioro, e incluso la desatención de los requerimientos sociales de importantes sectores de la sociedad. Ello dio pie al surgimiento y desarrollo de organizaciones no gubernamentales que buscaron atender las necesidades de los sectores desprotegidos”.

[28] Para examinar la relación existente hoy día entre el Estado y la sociedad civil es preciso formular y responder un conjunto de preguntas: ¿Quiénes son los actores legítimos y reconocidos en el espacio público? ¿Quién y cómo se definen sus roles y funciones? ¿Dónde, cómo y con quiénes se define la agenda pública y sus prioridades? ¿Cómo se organiza la sociedad para llevar a cabo tareas de bien común? ¿Cómo se articulan las diferentes acciones y diversidad de actores? ¿Cuándo y cómo se analizan los resultados e impacto alcanzados?

[29] Cabe  destacar como una propuesta perfectible la ley medioambiental (N°19.300) que define espacios y procedimientos formales de cooperación y participación, reforzados por un estilo de gestión pública que ha buscado crear y ampliar espacios, como el Consejo de Desarrollo Sustentable, elegido democráticamente. Otros modelos interesantes de incorporación ciudadana en las instancias directivas de organismos públicos han sido desvirtuados por motivos políticos, como es el caso de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y el Directorio de Televisión Nacional.

[30] O´Donnell., “Delegative  Democracy”, en Journal of  Democracy, vol. 1994,  5, nº 1.

[31] Id., pág. 373.

[32] Vieira, List.  “Ciudadanía  y control social”. Capítulo 7. En  Lo Público no Estatal y la Reforma del Estado, de  Pereira,Bresser; Carlo, Luz y  Cunill, Nuria  (eds). Paidos – CLAD, B. Aires,  1998, 1ª ed. Hace un acucioso  seguimiento al tema de  los  derechos de ciudadanía.  págs. 215 – 221.

[33] Jelin,  Elizabeth., “¿Cómo construir ciudadanía? Una visión desde abajo”., En European Review of Latin American and Caribbean Studies, nº 55, december,  1993, p. 255

[34] Portantiero, Juan Carlos.,  “La sociedad  Civil en América  Latina: entre  autonomía  y descentralización”, en Sociedad y  Política en América latina: Representación de  Intereses y Gobernabilidad. , Hengstenberg, Peter y otros.  FES, Ed. Nueva  Sociedad, Venezuela,  1999. Pág. 33.

[35] Cheresky, Isidoro y  Pousadela, Inés. “Política , instituciones y ciudadanía en América Latina”, en Política e Instituciones Democráticas en América Latina., Paidós, Buenos Aires, 2001.,  pág. 49.

[36] Vicherat,  Daniela. Op.  Cit. Sobre este punto A. Arendt había señalado que “una sociedad de  masas no sólo destruye el campo de lo público, sino también  el privado, deprivando a los hombres no sólo  de su lugar  en el mundo sino también  de su hogar, donde ellos se sintieron alguna vez protegidos, y  donde, a cualquier nivel, aquellos excluidos podían encontrar un abrigo substitutivo” ., En Human Condition, U.  of  Chicago. 1998, pág. 59.

[37] Castillo, Adolfo, “La representación parlamentaria en las percepciones de  congresistas y líderes  ciudadanos durante la transición a la democracia en Chile”, Tesis Magíster en Ciencia Política, U. De Chile. 2002.

[38] En  marzo de 1997, un  36.6 %  de los entrevistados consideraban que el congreso estaba  cumpliendo bien su papel, en tanto,  sólo un 21. 1 % opinaba  lo mismo de los partidos  políticos (ADIMARK). En 1993, la Vicepresidente de la Cámara de  Diputados, Sra.  Eliana caraball,  señalaba: ”no hemos  sabido proyectar debidamente a la comunidad nuestra tarea. Y por eso es que la gente a veces le interesa mucho más cuánto gasta un parlamentario que lo que éste hace. Creo que es  producto de una mala comunicación”. Diario La Epoca, 200/6/1993

[39] Se refiere al desprestigio que hacen los medios de comunicación del trabajo parlamentario.

[40] Patricio  Melero. Ent. Cit.  A este respecto  se podría analizar los efectos que va a tener para el PPD el uso  de recursos  fiscales para el envío  de 24.648 cartas a favor de la candidatura de Guido Girardi, hecha pública el  5 de agosto de 2002.

[41] María  A. Cristi  sostiene que “los acontecimientos políticos que dividieron a Chile a partir de fines de los 60’ terminaron por saturar a la ciudadanía y a generar desconfianza en la política”. En cambio para un Concejal PS de La Florida “hay un mensaje de la derecha de desprestigiar la política. La distancia de la gente con la  política  tiene  mucho que ver con el mensaje que  la derecha  trata de  entregar a la sociedad  chilena. Mientras más  segmentada este la sociedad  más fácil es para la derecha lograr sus objetivos”.

[42] En  julio de 1997,  un 68 % de  los encuestados mostraban  bajo índice de politización (CEP); en marzo de  1996, un 62 %  de los  entrevistados consideraban la política complicada  e inentendible  para ellos (CERC).

[43] El diputado Hales (PPD) señala: “he presentado 16 proyectos de ley. Fue uno de los pocos parlamentarios que obtuvo la aprobación de una ley por iniciativa propia en menos de un año  y medio. Esa ley está  aprobada y promulgada y es  para proteger a los ciudadanos chilenos de  los errores de cálculo estructural a la hora de  construir. Ni un ciudadano de mi territorio  conoce que yo haya  hecho esa ley...entonces el ciudadano en su desconocimiento lleva implícito la  imposibilidad  de medir la buena gestión mía como parlamentario porque no sabe.”

 

[44] María  A.  Cristi. Ent. Cit.

[45] María A. Cristi.  Ent. Cit.

[46] Carlos  Montes. Ent.  Cit.  Sobre la nueva realidad asociativa  ver:  Informe  sobre Desarrollo Humano en Chile.  Más sociedad  para Gobernar el Futuro. 2000., PNUD – Chile, marzo, 2000. Especialmente  capítulos I y  II, que  dan cuenta de la  reorganización de la sociedad y el cambio de  época en Chile.

[47] Director de Fundación  Ideas

[48] Lucio Cuenca. Director  OLCA

[49] Francisco  Becerrra. Ex Presidente FEMUCC - RM

[50] Ezio Mosciati. Coordinador Agrupación  Santiago  Amable.

[51] Idem.

[52] Sara Larraín. Coordinadora de l Programa  Chile  Sustentable.

[53] Ernesto Benado, Presidente de Conadecus, participa en  el Consejo Consultivo de  Salud, de MINSAL, llevando la voz de los  consumidores. Uno de los seis  asesores del Consejo del  Defensor Ciudadano es de Conadecus. También existe un comité consultivo de Transporte y Telecomunicaciones donde también participa Conadecus , y en la Cancillería, con motivo de  las negociaciones comerciales con  Estados  Unidos.

[54] Sara Larrain. Op. Cit.

[55] Garretón, Manuel Antonio.,   “Política, partidos  y sociedades en  la  época contemporánea”, op. cit., pp. 375 –376

[56] Fregosi,  Renee., “Sistemas de partidos,  representación  y consolidación democrática”, en Política e Instituciones. Op. Cit., pág. 251. El autor llega a afirmar que “desde ahora los  partidos  políticos comparten  el campo de la  representación con otros actores salidos de la sociedad civil”,  pág. 251.

[57] Portantiero,  Juan Carlos, Op. Cit. Pág. 37

[58] Vieira, List. Op. cit. Pág.  224.

[59] Garretón, Manuel Antonio., Id., pág.  376.

[60] Garretón, Manuel A., Op. Cit. Las ONG brindan apoyo material y espacios a los sectores  débiles; ligan  a estos sectores con  organismos internacionales, elaboran  ideas y proyectos sociales, siendo muchas veces “el lugar de continuidad y memoria histórica para la sociedad como  para los actores sociales”.

[61] Reilly,  Charles., “Redistribución de  derechos y responsabilidades: ciudadanía  y capital social”.  Ponencia presentada en la Conferencia sobre Ciudadanía  Social. Guadalajara, México,  1997., op. cit. , Pág. 416

[62] Idem., A modo de ejemplo  da cuenta de   los consejos de vecinos,  presupuestos  participativos, redes de ONGs, lobby sectoriales, organizaciones indígenas, de género, etc.

[63] Idem., pág.  420

[64] Reilly, Ch. Op. Cit. Pág. 420.

[65] Bobbio, Norberto,  “Pluralismo”, Diccionario de  Política, op. cit. Pág. 1.209.

[66] Ludovico Incisa,  Diccionario de   Política, op. cit.,  Corporativismo.,  pág.  431.

[67] Reilly, Charles, Op. Cit., pág.  420

[68] Melucci,  A., “Social Movements and the  democratization of Everyday Life”, en Civil  Society and the  State, Londres, Verso, 1988. Apud.: Vieira,  Liszt., Op. Cit., pág.  238. Estos  movimientos “no gubernamentales, no mercantiles, no corporativos y no partidarios”, promueven “la articulación entre esfera pública y ámbito privado, como una  nueva forma de  representación, buscando alternativas de  desarrollo democrático para la  sociedad” (el subrayado es nuestro).


 [CdlA1]mplioa

Manual de control ciudadano de inversión pública municipal

Índice de la Sociedad Civil (2006)

La experiencia de los Prespuestos Participativos en San Joaquín (2004)



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