LA SEGUNDA TRANSICIÓN

Cuando la Concertación de Partidos por la Democracia pactó con la dictadura del general Pinochet las condiciones para el retorno a la democracia, en 1989, luego del plebiscito de octubre de 1988, junto con aceptar la herencia constitucional y el orden instituyente que los vencedores de la Unidad Popular establecieron como restauración conservadora de las viejas clases privilegiadas de Chile, cercenó en el acto su potencialidad moral de cambiar el estado de naturalización del crimen y el delito que con la fuerza había logrado el viejo régimen.

Ahí reside su debilidad medular y es lo que impide su recomposición como fuerza política conductora en la crisis en desarrollo que vive el Estado y la sociedad chilena hoy.
La descomposición de las élites dirigentes, tanto de las clases lucrativas como de los actores políticos, se enfrentan a un laberinto donde la puerta de salida es perseverar con la tradición instaurada en 1989, es decir, pactar acuerdos, concordar racionalmente formas de solución a la crisis. Una vez más, pasando sobre los valores de la justicia y la democracia, y particularmente desoyendo a la ciudadanía por enésima vez.
Como acaeció en otros procesos transicionales, se pensaba que esos acuerdos entre elites políticas eran modos en que se procesaban los conflictos de posdictaduras, y que implicaban aceptar normas heredadas, dejar sin juicio crímenes de lesa humanidad, y aceptar el nuevo orden. Y que luego venía una segunda transición, más compleja, de sello democratizador, que apuntaba al desmontaje de los dispositivos legados por quienes ejercieron terrorismo de Estado -civiles y militares- y a la instauración tras proceso deliberativos de formas de democracia con grados superiores de justicia, libertad y fraternidad cívica.
Los sucesos que estremecen la política chilena dan cuenta del desarrollo de una crisis de envergadura en el horizonte, crisis política y de confianza social en las instituciones del Estado y su legitimidad. Su resolución podrá seguir el modo oculto y a resguardo de la ciudadanía como en 1989, o será un acto en donde el soberano decida el destino que prefiere para su país. Se podrá continuar gobernando sin la sociedad, con ella o contra ella. Es el dilema del presente.
Por de pronto, las autoridades electas implicadas en crímenes y delitos de corrupción se encuentran interdictas y deberían dejar sus cargos, al igual que el gobierno nacional, que ha formado parte de los ilícitos, de modo abierto o encubierto.
La prudencia señala que es aconsejable convocar a nuevas elecciones presidenciales luego de llevar adelante un proceso nacional de debate y deliberación ciudadana sobre los nuevos fundamentos del orden que trascienda al actual, signado por la impronta de un acto espurio, que permitió la impunidad de violadores de derechos humanos, la usurpación de los bienes del Estado como botín para adquirir carteras de clientes políticos y la enajenación de la voluntad popular.
La segunda transición será un acto de reparación democrática que permitirá a Chile y su pueblo retomar el camino de la decencia y el genuino interés común. Desconocer la gravedad de la situación que se vive sólo puede contribuir a incrementar los niveles de desestabilización a futuro.

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