LA SALIDA A LA CRISIS POLÍTICA CHILENA

Gran parte de la ciudadanía se pregunta hoy de qué modo va a concluir la crisis de gobierno que vive el orden político chileno, y si sus demandas y aspiraciones de ser parte de la construcción del país serán atendidas o una vez más desestimadas. O si el camino a seguir debería ser, como en otras circunstancias, por una estrategia de desobediencia civil conducente a la modificación de un orden percibido como injusto o al servicio de una minoría política y económica que lucra de esos privilegios.

Se trata, obviamente, de asuntos antecedidos por preguntas sobre el plano de realidad en que tiene lugar la crisis política chilena: ¿Es una crisis en las alturas, entre élites y grupos de presión corporativos o una crisis sistémica?
Si fuese una crisis en las alturas, pudiese bastar con que los actores políticos pactasen formas de acuerdo o arreglos institucionales, sea como amnistías a los delitos que hoy se investigan o invocando virtudes de buen gobierno y comprometiendo la adopción de nuevas normas para salvaguardar los intereses superiores de Chile. Si, por el contrario, se tratase de una crisis sistémica, supone la formación de una nueva voluntad colectiva que entra en oposición al orden imperante, que vislumbra como salida el desarrollo de procesos crecientes de desobediencia civil, conducentes a formas de gobernabilidad democráticas renovadas.

Si se observa el modo en que la autoridad política ejecutiva opera la crisis, claramente opta por una salida presidencial y centralista, fuertemente anclada al lastre del marco constitucional heredado de la dictadura, un arreglo en las alturas lejos de la ciudadanía. En este contexto ¿qué pueden esperar la ciudadanía de los actuales grupos gobernantes -gobierno y oposición- si nuevamente se oculta lo que es tan diáfano a los ojos del pueblo? ¿Por qué seguir pagando impuestos si a los poderosos les son condonadas sus faltas? ¿Por qué obedecer a los "representantes" ante el Congreso, si han demostrado estar al servicio de grupos económicos y no de las grandes mayorías sociales que padecen las desigualdades de una democracia para los privilegiados?

El largo proceso de la contrarrevolución conservadora iniciada en 1973, aún no ha concluido y pese a las mutaciones que han experimentado parte no menor de los viejos agentes políticos que han transitado por sus diversos momentos, pareciera ser que se está ad portas de un nuevo quiebre institucional. Esta vez, a diferencia de antaño, no será sangriento ni cobarde. En los hechos es un quiebre que se ha iniciado en la subjetividad de la mayoría ciudadana; aquella cuyas preferencias se inclinan por un proceso constituyente que ponga término al orden de privilegios existente, orden extraño a las nuevas relaciones sociales de un mundo interconectado y globalizado.

El modo y la astucia con que el quiebre institucional en la subjetividad ciudadana se exprese y tenga impactos en lo público, es un asunto aún en desarrollo, como todo proceso histórico. Pero sus aristas son visibles y circulan por doquier para quien las desee ver.

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