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¿Después de la Nueva Mayoría qué?

El reinado de los gobiernos concertacionistas está llegando a su término con la disolución inminente de la Nueva Mayoría, acuerdo electoral que permitió prolongar la agonía de una alianza unida por intereses personales, negociados oscuros, y carencia de voluntad democrática. Como contrapartida emergen nuevos actores políticos y sociales que han asumido la responsabilidad de recuperar el sentido histórico del camino trazado por innumerables líderes a lo largo de nuestra historia.

El interregno de la dictadura capitalista que vivió la sociedad chilena durante la época del terror neoliberal, no ha logrado constituirse en un proyecto de proyecciones, y se ha sostenido tanto por el marco constitucional impuesto fraudulentamente en 1980, como por la aquiescencia de los partidos políticos pactantes de los acuerdos pos plebiscito de 1988 con los usurpadores de la soberanía nacional, en 1973. Los gobiernos concertacionistas y de Nueva Mayoría no han tenido fortuna en proponer un proyecto de desarrollo nacional a la sociedad chilena, y han terminado como proyecciones espurias del antiguo régimen, pues no han logrado romper el cordón umbilical originario que une a los gobiernos democráticos con la dictadura.


El desenlace que se avizora del fin de la Nueva Mayoría, y que también experimenta la Alianza Por Chile, plantea el desafío político de la construcción de un nuevo poder democrático para dar gobernabilidad, y permita a Chile superar la crisis que corroe a importantes instituciones de la República, como el Congreso, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.

Chile exige y reclama un nuevo entendimiento político que abra paso a un proceso de recuperación nacional y de saneamiento de sus instituciones. Un entendimiento amplio, transversal, plural, requiere no sólo de un nuevo acuerdo constitucional; demanda restablecer el imperio de la transparencia y el dominio de la ética en los asuntos públicos. La corrupción en el Estado, el tráfico de influencia, la intromisión de lógicas de mercado en la vida política, el abuso de poder, las violaciones de los derechos humanos en democracia, la falta de escucha a los actores sociales, entre otros, deben constituir bases mínimas para un acuerdo ciudadano post Nueva Mayoría.

Un nuevo entendimiento político debe plantearse la superación del proyecto neoliberal que tanto daño ha causado a Chile y avanzar a la recuperación del camino trazado por los padres de la patria, fundado en la independencia nacional, la soberanía popular, y los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Esta tarea patriótica que se inicia, requiere del aporte de todos y todas, de los actores sociales y políticos que florecen y de quienes han perseverado en esos valores en medio de la adversidad.

LA CRISIS ESTATAL EN CHILE

Establecer qué tipo de crisis afecta el orden político-institucional chileno es condición para avanzar no sólo en la búsqueda de soluciones para su recuperación, sino para promover una acertada acción política orientada a tal propósito.

El Estado chileno enfrenta una severa crisis de legitimidad, parte de sus instituciones y de las actividades que las gobiernan -hombres y mujeres- presentes en el Poder Ejecutivo y Legislativo, cuentan con bajos niveles de credibilidad o confianza social, a la vez que parte considerable de los apoyos intelectuales que han servido de soportes ideológicos se han replegado, dejando a la sociedad civil ad portas de dar paso a cambios paradigmáticos en el Chile de posdictadura. Develar la naturaleza de la crisis que se vive es una condición mínima de satisfacción para avanzar a una nueva etapa en la recuperación de una nueva estatalidad democrática.

Una crisis político-institucional alude a carencia de estabilidad sistémica donde sus componentes no interactúan de acuerdo a comportamientos presumidos. En este caso, los conductores del Estado adolecen de niveles de aprobación social razonables y su condición de legitimidad es precaria y altamente volátil. Su aparente fortaleza se afinca en una racionalidad legal que se cree impera extendidamente como factor de legitimación social; no obstante, se trata de una forma de ficción que se limita a la reproducción de un orden estatal. La ciudadanía, por otra parte, se sabe cautiva de una institucionalidad heredada de un orden dictatorial y aun cuando incrementa sus niveles de escisión frente al bloque político en el poder, no encuentra caminos ciertos que permitan poner término al prolongado fin del ciclo iniciado en la segunda mitad del siglo XX, tras la instalación de una dictadura liberal, en 1973.
Esta forma de crisis, que en su momento Lenin denominó "nacional" o "revolucionaria", o Gramsci, "orgánica", suponían la presencia de una "vanguardia", de una nueva voluntad colectiva nacional popular, y de condiciones subjetivas o de confianza social en la posibilidad del cambio. En el contexto de entonces, se jugaban apuestas de transformación estructural, como ocurrió con la instalación del orden soviético con el triunfo bolchevique, hecho que no ocurrió en la Italia fascista. Pero era una época de "vanguardias", de sujetos portadores del cambio social y la redención de los pobres del campo y la ciudad. Era otro tiempo.
¿Qué hacer hoy de cara a una crisis política, con sistemas erosionados, carencia de doctrinas políticas o ideologías movilizadoras y sin sujetos transformadores?
La crisis política que vive el Estado en Chile será resuelta en uno u otro sentido, vale decir, las fuerzas político-materiales sostenedoras del modelo societal vigente, podrán renovar su poder, sea mediante la argucia y el abuso, la invocación al miedo o al caos, o los nuevos grupos sociales emergentes liderarán las soluciones y representarán la nueva voluntad nacional. La cuestión crucial exige responder a la pregunta por el tipo de crisis que se vive, haciendo uso del material histórico y de la emergencia de las nuevas formas de interacción socio-estatales en curso.
Lo que aparece como decisivo es la existencia de una vocación transformadora y de convicciones que se sometan a las más duras pruebas para demostrar su corrección y la posibilidad de remover los obstáculos que separan lo viejo de lo nuevo.

EL REALISMO POLÍTICO Y LA CRISIS INSTITUCIONAL

Las recientes invocaciones al realismo político, a la responsabilidad de gobierno, la sensatez o el sentido de gradualidad de la acción política del gobierno de la Nueva Mayoría por parte de voceros y dirigentes de sus partidos integrantes, aun cuando apelan a un sentido común hegemónico erigido sobre el miedo, cual es preservar y cuidar el orden institucional, no logran persuadir a la mayoría social de sus bondades, la cual se siente manipulada por la clase política dirigente y que se expresa de modo fehaciente en los estudios de opinión del último tiempo con la desaprobación tanto del gobierno como de las coaliciones y partidos políticos.

¿Cuáles son las razones que explican que, en un país que da pautas de modelo de desarrollo y modernización capitalista, su elite política esté ampliamente desprestigiada y con bajos niveles de confianza social? ¿Y por qué si existe altos niveles de "ingobernabilidad subjetiva" la crisis que se arrastra desde 2006 en Chile aún es un malestar que no cristaliza en poder político para las mayorías ciudadanas descontentas?

El fenómeno puede observarse desde diversas perspectivas, no obstante, lo que permanece sobre la ética de la responsabilidad, realpolitik, gobernabilidad, prudencia, u otras denominaciones que puedan recibir tales invocaciones, remite a un asunto crucial: lo que está en disputa es la cuestión del poder político y su mantención por la elite dirigente.

Cuando el discurso político parece quedar desprovisto de emoción o pasión, lo que permanece como sustrato final es la cruda dominación ejercida por quienes detentan la capacidad de operar los recursos de poder del Estado, la capacidad coactiva y de uso de la fuerza estatal como razón final para la preservación de posiciones de poder, lo cual puede ser la antesala de un cambio en las posiciones en que se han puesto las piezas en el tablero de la política chilena, pues se modifica el equilibrio de fuerzas inestables presentes en la sociedad.

Asimismo, la abdicación programática de la Nueva Mayoría por razones de "realismo sin renuncia" a llevar adelante acciones orientadas a modificar relaciones de poder heredadas, pueden ser leídas más como formas de complicidad o de proyección institucional del orden autoritario impuesto por el neoliberalismo en Chile acatadas voluntariamente por quienes han ejercido responsabilidades políticas en la posdictadura o transición prolongada como la chilena que como restricciones objetivas propuestas por ideólogos neoliberales en el gobierno. Ello constituye una forma de colusión a nivel ideacional con el proyecto de refundación capitalista y contrarrevolucionario impuesto en septiembre de 1973. Es duro enunciarlo, pero hoy es parte del sentido común popular este modo de apreciación, especialmente entre los jóvenes.

Puesto de este modo el asunto del realismo vigente, Chile se encuentra ante una encrucijada que requiere ser resuelta por medios pacíficos y democráticos, a fin de evitar los costos de un desencuentro entre los chilenos cuyo desenlace es incierto. El modo en que podría avanzarse hacia una resolución de la crisis institucional que se vive es la democracia.

No cabe seguir dilatando un desgobierno a la espera de un milagro. El gobierno debe convocar a un plebiscito para consultar a la sociedad civil, a la ciudadanía, o sobre los modos posibles de poner fin a la crisis vivida o la convocatoria a nuevas elecciones generales para restablecer la confianza cívica en la República.Es el momento de la soberanía popular, la hora en que la ciudadanía ejerza su legítimo derecho a expresar su opinión y en que los actores políticos comprendan de una vez, que sin un acuerdo social, sin un entendimiento con la sociedad civil y las nuevas fuerzas que han emergido, no será posible una paz social duradera en nuestro país. La resolución de la cuestión del poder estatal es un asunto de correlaciones de fuerzas; el modo en que se organiza en el siglo XXI la disputa por la hegemonía es un asunto en desarrollo por lo que las lecciones de la historia y la memoria cultural están sometidas a fuertes tensiones para poder persistir en sus condicionamientos.

EL CARÁCTER DE LAS TRANSFORMACIONES EN CHILE

¿Cuál es el contenido que deben adoptar las transformaciones en Chile para romper la jaula de hierro del neoliberalismo y cuáles son las estrategias y vías para alcanzarlas? ¿Qué rol cabe a los actores sociales y políticos en ese proceso? y ¿Cuál es/son el/los sujeto/s del cambio? 

Se trata de preguntas levantadas siempre en momentos en que las sociedades se ven sometidas a crisis orgánicas y donde las nuevas generaciones buscan abrir paso a lo nuevo.

Una primera constatación: el orden político global se debate en una intensa confrontación entre el neoliberalismo y la democracia, formas antagónicas de estructuración social. El neoliberalismo es un modelo de sociedad profundamente opuesto a la cooperación social y a la participación ciudadana en los asuntos públicos, reduciendo la condición de los ciudadanos a consumidores del mercado y sujetos pasivos frente a las decisiones de quienes controlan el poder político. La democracia, en cambio, supone el reconocimiento de valores como la fraternidad, justicia social y la igualdad. No existe complementariedad entre ambas concepciones de organización y su disputa es una constante.

En Chile esa confrontación se ha hecho pública y avanza hacia la constitución de un sentido común en medio de las movilizaciones ciudadanas que recorren el territorio desde diversos espacios y actores. En neoliberalismo comienza a ceder paso y a mostrar su rostro: corrupción político-empresarial, crisis de gobernabilidad, ruptura en la representación política, desatando anhelos sociales por cambiar el actual estado de cosas, y desconfianza hacia la casta política que ha gobernado el modelo desde la contrarrevolución liberal de 1973.

En consecuencia, el contenido de las transformaciones que levantan los movimientos sociales y políticos apunta a poner fin al neoliberalismo en Chile, sea a través de un proceso constituyente de amplia participación o a través del derrumbe del modelo por colapso de conducción política. Es decir, por caminos institucionales o no institucionales. Junto con ser un cambio económico y político, la transformación tendrá un carácter social o popular, vale decir, implicará la movilización de millares de ciudadanos/as. Tendrá un contenido latinoamericanista, toda vez que las políticas neoliberales de la dictadura, Concertación y Nueva Mayoría, se ubican en un eje opuesto a las dinámicas asociativas de los pueblos de América Latina. Finalmente, deberá contener un fuerte sello cultural, desalienador y politizador de la sociedad, creador de estéticas nacionales y fundado en su historia.

Las estrategias que se observan hoy y que se vislumbran con fuerza a partir de 2011 señalan que éstas apuntan a la formación de amplias alianzas político-sociales de los nuevos sujetos sociales, a la construcción de plataformas y programas sectoriales que apunten a un articulación general en un proceso que lleve a una asamblea constituyente, en donde se forje el Chile de los próximos 100 años.

Junto a ello, la estrategia de la desobediencia ciudadana gradual, ascendente y coordinada, hasta concluir en logros parciales y generales, acompañado de formas de rebeldía social y desacato cívico debieran concluir en el colapso del actual modelo de privilegios de la casta político-empresarial.

Aspecto clave en este proceso lo desempeñarán los nuevos actores sociales y políticos junto a aquellos provenientes del viejo orden del siglo XX que deseen integrarse a las nuevas formaciones de bloques transformadores. Por cierto se autoexcluyen de este bloque quienes forman parte de las estructuras que sostienen el modelo como son quienes integran la Nueva Mayoría y desde luego la Alianza.
Aun cuando pareciera que las posibilidades de acuerdos entre actores sociales y políticos emergentes no fuera posible hoy, los hechos apuntan a que se articulan luchas sectoriales y posiciones políticas en los territorios, lo que admite prever acuerdos de largo alcance en un futuro próximo.

Finalmente, la cuestión de los sujetos del cambio sigue inserta en el marco de dominación general del capitalismo globalizado. No es reducible a un asunto de clases o fracciones de ella: se presenta de modo más difuso pues los sujetos que padecen la dominación política y económica del neoliberalismo se amplía a la fragmentación de actores. Hoy los actores del cambio son todos aquellos sujetos movilizados de modo activo o volitivamente en pro de las transformaciones sistémicas. Encontramos en ese espacio a trabajadores asalariados, estudiantes, adultos mayores, mujeres, empleados particulares, pueblos originarios, minorías en amplio sentido, pobladores, entre otros.

Un asunto clave es la construcción de acuerdos político-programáticos con estrategias compartidas y proyecto deseable a alcanzar.
Ese camino se ha iniciado en Chile y está ingresando en la formación de un sentido común aceleradamente.

Ciudadanía y Asamblea Constituyente

Una de las grandes aspiraciones de la ciudadanía chilena es contar con una nueva Constitución Política, que sea resultado de un proceso deliberativo en que participen el conjunto de actores sociales y políticos presentes en la vida del país. Ese deseo democrático no ha logrado ser interpretado ni canalizado por los actores políticos que gobiernan Chile desde inicios de la posdictadura, pareciendo que no existen razones plausibles para abandonar los privilegios otorgados por el orden institucional fraguado durante la dictadura militar y los años que siguieron a la caída del general Pinochet.

A estas alturas, la mayor parte de los sectores sociales que experimentan los impactos de la aplicación de la Constitución de Pinochet, identifican que el origen de sus malestares radica precisamente en su permanencia y crecientemente se inclinan a creer que su reemplazo por un nuevo acuerdo constitucional es un requisito para la estabilidad institucional y la gobernabilidad.

Eso lo comprenden muy bien quienes se están jubilando con pensiones miserables e indignas tras años de trabajo, los trabajadores que deben lidiar día a día por sus derechos sociales y económicos, los estudiantes a quienes se les endeuda día a día en universidades que lucran evadiendo la ley, a las nuevas organizaciones políticas que emergen, las cuales se enfrentan al muro de los privilegios irritantes de los mismos que por años se han beneficiado de los consensos jugosos que les brindó la transción a la democracia.

Al mismo tiempo, esa mayoría ciudadana observa que las autoridades políticas no sólo desoyen e incumplen las promesas vociferadas durante las campañas electorales, sino que violan de modo sistemático las leyes que norman la convivencia cívica. El desfile de ministros, diputados, senadores, familiares de políticos enquistados en el Estado, autoridades intermedias, alcaldes, concejales, además de grandes empresarios corruptores de políticos que prácticamente compran bancadas completas en el parlamento, genera sentimientos de profundo malestar en la sociedad y hastío que puede devenir amenaza para la convivencia democrática.

En este contexto, las palabras de la presidenta Bachelet, en su cuenta del 21 de mayo, respecto de que no habría nueva constitución vía asamblea constituyente sino a través de un proceso democrático, participativo e institucional, se transforman en una lápida a una sentida demanda social que se arrastra desde que el dictador impuso fraudulentamente su constitución, en 1980.

¿Qué significa proceso democrático? ¿Que el pueblo soberano, el titular del poder del Estado asuma el debate constitucional? Sin claridad en este punto nada es una consigna sin contenido. ¿Qué significa participativo? ¿Se refiere a cabildos comunales o asambleas regionales? ¿Quiénes las dirigirán? 

Desde el inicio de la posdictadura no ha habido un avance sustantivo en las políticas de participación ciudadana en los asuntos públicos. El "nuevo trato" de Lagos o el "gobierno ciudadano" del primer gobierno de Bachelet, no tuvieron impactos ni resultados consistentes. La ley 20.500 es letra muerta en la mayor parte de las instituciones públicas, y las autoridades responsables, con escasas excepciones, o bien no saben qué hacer con la ley o la utilizan para continuar con sus prácticas abusivas y clientelares.

Es duro decirlo y aceptar esta realidad, pero en Chile los gobernantes han perdido el sentido conductor de la política. Ya no se gobierna para la sociedad, para las mayorías: se gobierna en primer lugar para sí mismos, los familiares, los amigos y por cierto los poderes empresariales, nacionales o transnacionales.
¿Qué implica que sea un proceso institucional? ¿Que las reglas normativas de ese proceso se hagan conforme a la actual institucionalidad? ¿Cómo ha de ser posible si parte significativa de integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo se han visto implicados en casos de corrupción y nepotismo? ¿Porqué la ciudadanía debe seguir aceptando las políticas de quienes ve como ajenos a sus intereses, y en quienes no confía? ¿Porqué arriesgar la convivencia nacional al tratar de imponer un constitución que no será genuinamente democrática?

Chile enfrenta una encrucijada política. Es preferible concordar con las mayorías sociales los términos de un proceso que lleve a la nueva constitución a tener que lamentar más tarde un nuevo fracaso.

Una alternativa puede ser que el congreso electo en 2017, junto con disponer de poderes constituyentes, sea a la vez parte de la Asamblea Constituyente a la que convoque el nuevo gobierno nacional electo ese año. Asamblea que exprese la más amplia diversidad social y territorial de Chile, de cuyas deliberaciones pueda emerger un contrato social fundado sobre nuevas bases.
Es preferible llegar a un buen acuerdo nacional democrático que seguir navegando a la deriva.

LOS CAMINOS DE LA OPOSICIÓN

Para fundar las bases de un nuevo entendimiento político en Chile, es imprescindible distinguir, por un lado, quiénes forman parte de la oposición al actual orden reinante y quiénes no. Mantener la ambigüedad sólo favorece a los actores que profitan de ese estado e impide avanzar hacia un gobierno democratizador.

Si se observa el escenario en que tiene lugar la lucha política actual, deberá concordarse en que existen dos grandes bloques, en general perfilados y constituidos o en proceso de conformación creciente.

Por un lado, se encuentran los actores políticos sistémicos, esto es, los partidos políticos con representación parlamentaria, sean de derecha, centro o izquierda. Parte de ese bloque forma parte del gobierno estatal. Por otro, los partidos no sistémicos, que adhieren a programas que aspiran cambiar el modelo económico y político chileno, en general, buscan modificar el rumbo seguido desde el plebiscito de 1988 a nuestros días.

Asimismo, debe concordarse que los actores sistémicos están nucleados en la Nueva Mayoría (PPD, PS, PDC, PR, PC, IC) y la Alianza por Chile (UDI, RN). Ambas coaliciones tienen algo en común: no disponen de apoyos en los movimientos sociales, y hoy son masivamente repudiadas por la mayoría de los jóvenes. Sus apoyos electorales han sido logrados gracias a aportes ilegales vía donaciones fraudulentas, por lo que los niveles de confianza social y legitimidad están en los más bajos de los últimos 25 años. Son actores en crisis

El campo de oposición, de otra parte, es amplio y heterogéneo. Está estructurado por un conjunto de actores políticos y sociales que comparten una idea: poner término a los gobiernos de posdictadura y modificar el rumbo programático de éstos, tornando a Chile en una Estado con una democracia social de derechos, participativa, al servicio de intereses nacionales, antioligárquico, de mayorías, plurinacional, y profundamente democrático. Entre sus actores políticos está el Partido Igualdad, partidos regionalistas en formación, Partido Progresista, Partido Humanista. Junto a ellos, deben sumarse los emergentes colectivos políticos Izquierda Autónoma, Revolución Democrática, Verde y Popular, que pudieren devenir partidos en un futuro no lejano.

En este bloque político cultural en formación se encuentran múltiples movimientos sociales, como el Frente de Estudiantes Libertarios (FEL), Unión Nacional de Estudiantes (UNE), ACES, CONES; agrupaciones ciudadanas como MODATIMA, que luchan por el derecho al agua, comités de vivienda, nuevas centrales sindicales ajenas al oficialismo de la CUT, entre otras.

De cara al acelerado deterioro que sigue experimentando el polo sistémico de la política, cuya transversalidad se expresa, por ejemplo, en el común delito de evadir impuestos para financiar campañas, o estigmatizar y criminalizar a los movimientos sociales, las fuerzas políticas y ciudadanas que emergen tienen ante sí la responsabilidad histórica de avanzar en entendimientos políticos de cara a ocupar con nuevos estilos y transparencia, alcaldías, diputaciones, senaturías, y por cierto un eventual gobierno del pueblo.

Por cierto, tales diálogos políticos están teniendo lugar y avanzan los acuerdos sobre bases programáticas y estrategias electorales. No será tarea fácil, no obstante, el deterioro en la gobernabilidad actual hace muy difícil enmendar rumbos a la clase política en el poder y su futuro no es sino de decadencia progresiva.

A diferencia de situaciones anteriores, hoy no están dadas las condiciones para la competencia entre liderazgos que al fin de cuentas terminaron socavando las bases de apoyo favorable al cambio. Ya no es posible la presencia de figuras como Roxana Miranda, Marcel Claude, Marco Enríquez-Ominami o Alfredo Sfeir. Todos ellos cumplieron roles en un momento histórico, pero hoy no tienen cabidas nuevas apuestas.

La oposición chilena sólo tiene un camino: trabajar por un programa de gobierno en conjunto, avanzar en la definición de los nombres de líderes calificados para gobernar las comunas, representar a la sociedad en el parlamento y concordar en un mecanismo para elegir a quien represente los intereses de la nueva mayoría ciudadana en un gobierno de transición del neoliberalismo a un nuevo socialismo democrático.

No es hora de desgastarse en modificar el programa del oficialismo ni enmendar su trayectoria de crisis.

La asamblea constituyente como acto democrático y fundacional del nuevo Chile, debe ser la primera tarea de un gobierno pos neoliberal, y donde la participación ciudadana y popular sea un camino de entendimiento político social que permita superar estos años de elitismo, autoritarismo, corrupción y aprovechamiento.

Las cartas están echadas, es hora de los acuerdos estratégicos.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DESPUES DE BACHELET

El inicio de las manifestaciones estudiantiles y ciudadanas en demanda de un nuevo orden institucional para Chile, que excede las reivindicaciones parciales levantadas en el inicio de la lucha democrática por el movimiento estudiantil en 2006, y que son herederas de la continuidad histórica antipinochetista, apuntan en una dirección cuyo centro está en la recuperación de la República y una nueva democracia con protagonismo cívico.

Tras los escándalos de corrupción que sacuden a parte importante de la élite política y empresarial, ha quedado en evidencia para la mayoría social que se vive bajo un orden de privilegios para unos pocos, y donde los actores políticos han dejado de representar intereses sociales, quedando la convicción de que los esfuerzos por poner fin a los amarres de la dictadura y las falsas promesas de los gobiernos concertacionistas y posterior de la Nueva Mayoría, son inconducentes para alcanzar una democracia de derechos y niveles superiores de justicia social y libertad.

La sociedad civil chilena deberá enfrentar la descomposición del orden político con firmeza y generosidad, teniendo presente que alcanzar un gobierno representativo de la voluntad mayoritaria del pueblo y no de intereses político-partidistas o de clanes empresariales, será un camino que demandará trabajo, disciplina y valor. Asimismo, deberá estar alerta a los cantos de sirena que surgirán y llamarán a disfrutar de falsos diálogos y acuerdos para los cuales no existe voluntad pues los intereses están claramente en otros lados.

En consecuencia, deben darse una serie de pasos que hagan viable una estrategia ciudadana para recuperar el poder político gubernamental para la mayoría :

1. Constitución de una coalición democrática integrada por movimientos sociales regionales y locales, actores políticos no gubernamentales, organizaciones sociales, agrupaciones ciudadanas, que expresen una genuina voluntad de avanzar hacia un proceso de recuperación democrática y republicana, que se oponga al continuismo de los actuales gobernantes, y se proponga la conquista de un gobierno democrático.

2. Aquella coalición debe ser nacional, programática y constituyente. Ella debe conformarse en una plataforma o movimiento nacional que se avoque a tres tareas centrales: a) constitución de un partido ciudadano que acoja a la diversidad social no representada en los partidos políticos del siglo pasado, así como establezca relaciones con los nuevos agrupamientos políticos que han surgido de la crisis que vive Chile, b) levantar un programa de gobierno con participación de la sociedad civil chilena que establezca acuerdos vinculantes para todos quienes se proyecten como líderes del mismo a nivel local, regional o nacional, y c) iniciar una campaña por la asamblea constituyente, cuya materialización deba expresarse una vez alcanzado el gobierno de transición hacia una democracia participativa.

¿Porqué aceptar como válidas propuestas que se propongan desde el poder legislativo o ejecutivo, cuando la mayor parte de la ciudadanía ha perdido credibilidad y su legitimidad se encuentra severamente cuestionada? ¿Porqué aceptar transitar hacia un nuevo acuerdo sobre un proceso constituyente si las bases del sistema político están horadadas?

No existen condiciones ni garantías hoy para la ocurrencia de tan importantes procesos para el país. La asamblea constituyente o el formato que adopte la sociedad chilena para dotarse de un nuevo contrato social debe ser llevado adelante bajo nuevas condiciones de legalidad y legitimidad democráticas. De lo contrario, se corre el riesgo de prolongar la larga posdictadura y no cerrar el prolongado proceso de gobiernos al servicio de minorías nacionales y transnacionales.

LA SALIDA A LA CRISIS POLÍTICA CHILENA

Gran parte de la ciudadanía se pregunta hoy de qué modo va a concluir la crisis de gobierno que vive el orden político chileno, y si sus demandas y aspiraciones de ser parte de la construcción del país serán atendidas o una vez más desestimadas. O si el camino a seguir debería ser, como en otras circunstancias, por una estrategia de desobediencia civil conducente a la modificación de un orden percibido como injusto o al servicio de una minoría política y económica que lucra de esos privilegios.

Se trata, obviamente, de asuntos antecedidos por preguntas sobre el plano de realidad en que tiene lugar la crisis política chilena: ¿Es una crisis en las alturas, entre élites y grupos de presión corporativos o una crisis sistémica?
Si fuese una crisis en las alturas, pudiese bastar con que los actores políticos pactasen formas de acuerdo o arreglos institucionales, sea como amnistías a los delitos que hoy se investigan o invocando virtudes de buen gobierno y comprometiendo la adopción de nuevas normas para salvaguardar los intereses superiores de Chile. Si, por el contrario, se tratase de una crisis sistémica, supone la formación de una nueva voluntad colectiva que entra en oposición al orden imperante, que vislumbra como salida el desarrollo de procesos crecientes de desobediencia civil, conducentes a formas de gobernabilidad democráticas renovadas.

Si se observa el modo en que la autoridad política ejecutiva opera la crisis, claramente opta por una salida presidencial y centralista, fuertemente anclada al lastre del marco constitucional heredado de la dictadura, un arreglo en las alturas lejos de la ciudadanía. En este contexto ¿qué pueden esperar la ciudadanía de los actuales grupos gobernantes -gobierno y oposición- si nuevamente se oculta lo que es tan diáfano a los ojos del pueblo? ¿Por qué seguir pagando impuestos si a los poderosos les son condonadas sus faltas? ¿Por qué obedecer a los "representantes" ante el Congreso, si han demostrado estar al servicio de grupos económicos y no de las grandes mayorías sociales que padecen las desigualdades de una democracia para los privilegiados?

El largo proceso de la contrarrevolución conservadora iniciada en 1973, aún no ha concluido y pese a las mutaciones que han experimentado parte no menor de los viejos agentes políticos que han transitado por sus diversos momentos, pareciera ser que se está ad portas de un nuevo quiebre institucional. Esta vez, a diferencia de antaño, no será sangriento ni cobarde. En los hechos es un quiebre que se ha iniciado en la subjetividad de la mayoría ciudadana; aquella cuyas preferencias se inclinan por un proceso constituyente que ponga término al orden de privilegios existente, orden extraño a las nuevas relaciones sociales de un mundo interconectado y globalizado.

El modo y la astucia con que el quiebre institucional en la subjetividad ciudadana se exprese y tenga impactos en lo público, es un asunto aún en desarrollo, como todo proceso histórico. Pero sus aristas son visibles y circulan por doquier para quien las desee ver.

!VERDAD, JUSTICIA Y DEMOCRACIA AHORA¡

Chile vive una crisis institucional de enormes dimensiones, cuyo rasgo central es que sus responsables vienen compartiendo el mismo tiempo histórico desde los años 60 del siglo XX; tiempo signado por odios, violencia, traiciones y dolores. Una crisis que arrastra consigo a generaciones incapaces de superar con solvencia moral las encrucijadas que exige construir un orden democrático, no podrá ser resuelta por los caminos institucionales establecidos antes, por quienes no tuvieron el valor para enfrentar o aplicar justicia.

Es cierto que las democracias suponen niveles variables de conflictos y tensiones entre gobernantes y gobernados, no obstante, cuando son superados niveles básicos de entendimiento entre las partes, y si la democracia se la percibe amenazada por estar cautiva de grupos de interés económico o político, con incrementos de inseguridad cívica frente a la incompetencia de los grupos dirigentes, se abre el camino para avanzar a la búsqueda de soluciones a la crisis antes de que pueda devenir conflicto nacional o situación inestable.

La descomposición moral a la que ha llegado la política institucional luego de irse conociendo detalles de las operaciones fraudulentas y delictuales en que han incurrido actores de los bloques políticos de gobierno y oposición, dejan una sensación de hastío y desconfianza en la sociedad civil, que no aprecia una salida ética en el marco de los actuales límites de la jaula de hierro constitucional heredada de la dictadura.

Si no ha habido justicia frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes de la dictadura y los cómplices pasivos que hoy se arropan de demócratas y viven del erario público, si las conquistas históricas alcanzadas por el pueblo de Chile tras años de luchas sociales fueron conculcadas durante el interregno de terror vivido entre 1973 y 1989, conquistas que no fueron revertidas por los operadores del orden de posdictadura ¿qué se puede esperar de una crisis de legitimidad democrática de los actuales grupos dirigentes del Estado? ¿a qué verdad y justicia se puede aspirar de esta crisis si sus responsables trabajan apresuradamente por una nueva ley de amnistía o impunidad para ocultar sus delitos?

Lo que se aprecia como invocación actual de la sociedad civil puede resumirse del modo que sigue:

a) Convocatoria a un debate nacional sobre la salida a la crisis que suponga transitar hacia un proceso constituyente que abra paso a un nuevo orden democrático.
b) Inhabilitación y desafuero de los representantes ante el Congreso Nacional, e inicio de procesos judiciales en contra de quienes hayan violado la fe pública y el compromiso de servir a los intereses de Chile y de sus representados.
c) Convocatoria a elecciones de nuevos representantes en los distritos y circunscripciones.
d) Dimisión de aquellas autoridades políticas vinculadas a hechos de corrupción sea como autores directos, cómplices o encubridores.

No dar señales claras y oportunas a la ciudadanía, supone una grave incomprensión de la crisis que vive Chile y deja abierto el camino a la sociedad civil a exigir en las calles libertad, justicia y democracia.

LA SEGUNDA TRANSICIÓN

Cuando la Concertación de Partidos por la Democracia pactó con la dictadura del general Pinochet las condiciones para el retorno a la democracia, en 1989, luego del plebiscito de octubre de 1988, junto con aceptar la herencia constitucional y el orden instituyente que los vencedores de la Unidad Popular establecieron como restauración conservadora de las viejas clases privilegiadas de Chile, cercenó en el acto su potencialidad moral de cambiar el estado de naturalización del crimen y el delito que con la fuerza había logrado el viejo régimen.

Ahí reside su debilidad medular y es lo que impide su recomposición como fuerza política conductora en la crisis en desarrollo que vive el Estado y la sociedad chilena hoy.
La descomposición de las élites dirigentes, tanto de las clases lucrativas como de los actores políticos, se enfrentan a un laberinto donde la puerta de salida es perseverar con la tradición instaurada en 1989, es decir, pactar acuerdos, concordar racionalmente formas de solución a la crisis. Una vez más, pasando sobre los valores de la justicia y la democracia, y particularmente desoyendo a la ciudadanía por enésima vez.
Como acaeció en otros procesos transicionales, se pensaba que esos acuerdos entre elites políticas eran modos en que se procesaban los conflictos de posdictaduras, y que implicaban aceptar normas heredadas, dejar sin juicio crímenes de lesa humanidad, y aceptar el nuevo orden. Y que luego venía una segunda transición, más compleja, de sello democratizador, que apuntaba al desmontaje de los dispositivos legados por quienes ejercieron terrorismo de Estado -civiles y militares- y a la instauración tras proceso deliberativos de formas de democracia con grados superiores de justicia, libertad y fraternidad cívica.
Los sucesos que estremecen la política chilena dan cuenta del desarrollo de una crisis de envergadura en el horizonte, crisis política y de confianza social en las instituciones del Estado y su legitimidad. Su resolución podrá seguir el modo oculto y a resguardo de la ciudadanía como en 1989, o será un acto en donde el soberano decida el destino que prefiere para su país. Se podrá continuar gobernando sin la sociedad, con ella o contra ella. Es el dilema del presente.
Por de pronto, las autoridades electas implicadas en crímenes y delitos de corrupción se encuentran interdictas y deberían dejar sus cargos, al igual que el gobierno nacional, que ha formado parte de los ilícitos, de modo abierto o encubierto.
La prudencia señala que es aconsejable convocar a nuevas elecciones presidenciales luego de llevar adelante un proceso nacional de debate y deliberación ciudadana sobre los nuevos fundamentos del orden que trascienda al actual, signado por la impronta de un acto espurio, que permitió la impunidad de violadores de derechos humanos, la usurpación de los bienes del Estado como botín para adquirir carteras de clientes políticos y la enajenación de la voluntad popular.
La segunda transición será un acto de reparación democrática que permitirá a Chile y su pueblo retomar el camino de la decencia y el genuino interés común. Desconocer la gravedad de la situación que se vive sólo puede contribuir a incrementar los niveles de desestabilización a futuro.

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