Poder ciudadano

En poco tiempo  se  han desarrollado  los elementos centrales que configuran  una nueva situación  política, que  anuncia una  recomposición del campo de fuerzas y se comienza  a establecer  los  límites de lo  posible  y necesario  en este  ciclo democratizador  que  nace y que recompone y recrea las esperanzas  de  avanzar  a un nuevo  proyecto democrático para las  mayorías.

Desde que  las fuerzas  oligárquicas usurparán a sangre  y fuego el poder legítimo  a un presidente  electo  democráticamente, en 1973,  y llevaran  adelante un proyecto depredador, antinacional y anti popular, una intensa confrontación  ha tenido  lugar desde entonces, conflicto que  en ocasiones ha sido  abierto, y otras larvado,  soterrado.  Ese conflicto  ha permanecido oculto en medio de los  dolores de la sociedad,  y ha estado  latente como  una esperanza siempre renovada de que  Chile  puede ser  distinto,  donde  a sus  jóvenes se les quiera,  se les brinde educación de  calidad  y  accesible a  todos,  sin tener que  endeudarlos por décadas; en  establecimientos  educacionales que se inspiren en el bien de Chile y no el  lucro; donde  a los  adultos  mayores  se les trate con dignidad y  vivan una vejez  feliz acorde a  los esfuerzos de toda una vida, o que los niños y niñas  puedas vivir  y crecer  saludablemente en barrios acogedores, donde  imperen de verdad los derechos  humanos. Un Chile donde se garantice  la seguridad futura,  y  los  riquezas naturales sean  de todos los chilenos y no de  dos  o tres  familias  y  de empresas  transnacionales.  Esas esperanzas han estado  presentes  siempre en el Chile transicional que  doblegó a muchos  a través del miedo  y los hizo  abdicar de sus esperanzas de construir  un Chile  verdaderamente  para  todos.

De  todos  esos  cuentos de  un Chile  diferente,  singular,  exitoso, la gente  no quiere saber  nada más, y los  datos que  a  borbotones  aflorar  día a día anuncian la recuperación de la dignidad tantas  veces  pisoteada por quienes han intentado  corromper  a la sociedad y  buscado  demostrar que  se vive en el mejor de los mundos. 

Diversas  señales  dan  cuenta de la  nueva  situación  política,  que supone y exige a la vez   de una  nueva política.  Es decir,  quienes han creído que las cosas  pueden seguir como antes se equivocan, pues  se evaporan  velozmente las  certezas  sociales sobre el orden que se  ha intentado  erigir.  Basta  con mirar  los hechos  de los últimos días para  concordar en la inminencia del cambio que  tiene lugar: el  movimiento estudiantil se  reinstala como un actor protagónico  de la  política, que  habla  por la sociedad hastiada de los engaños de concertacionistas  y aliancistas; en el PPD, la fracción oficialista es  aplastada por  el girardismo en un intento  por  escapar  del destino que  avizoran; el eje  DC  -  PS se aferra   a la  figura de  Bachelet como última esperanza de  futuro, en un espectáculo  grotesco, como  crónica de una muerte  anunciada; la encuesta  CEP  sigue  ratificando  lo que  el país  padece,  que las instituciones  del Estado ya no representan a las mayorías confirmado la sensación de vivir  bajo  un cautiverio permanente y  al arbitrio  de una  constitución ilegítima  que  se reproduce  gracias  a los privilegios de una minoría  que  le rinde  diaria pleitesía. Por otro lado,  los liderazgos que emergieron han perdido el encanto de  un momento  y desvanecido en el aire. En este  marco,  el triunfo de Josefa  Errázuriz, en Providencia, marca  la señal  más  potente de la crisis,  pues  no sólo es  barrido el candidato del  oficialismo concertacionista, sino  el liberalismo ciudadano,  ambos con incomparables  poderes frente  a la líder social. Se siente en el aire que algo  cambió  muy  profundamente esa noche de la victoria  ciudadana y democrática.

Vivimos  el desarrollo  acelerado de una  nueva  situación política,  donde  los jóvenes  serán  determinantes en el Chile que  irá emergiendo de la destrucción y saqueo al que  ha sido sometido. Con seguridad los cantos de sirena ya no ejercerán el embrujo del mito de la  alegría que venía  en 1988,  o  del blufeo  del desalojo  que prometía  el oro  y el moro.

Como  nunca  es un momento  para  releer  los procesos de continuidad y memoria histórica, para  sacar las lecciones  de lo que nos  ocurrió y  prepararnos  para defender  las  conquistas democráticas que se avecinan.

No es sostenible a estas alturas del proceso político que vive Chile sostener que las demandas estudiantiles son actos aislados urdidos en las sombras por grupos antisistémicos o acciones extemporáneas ajenas al clima nacional. Los hechos siguen demostrando que irrumpe una nueva sociabilidad democrática fuertemente enraizada a los anhelos de las grandes mayorías del país, pre configurando el relieve de proyectos de renovación y recambio político y generacional con perspectiva de poder.

La crisis del orden político ideado en la dictadura sigue dando muestras de su inoperancia para expresar adecuadamente los intereses y demandas del nuevo Chile; como nunca la brecha entre gobernantes y gobernados había alcanzado los actuales límites, donde la mayoría social se ve sometida a la tiranía de las minorías políticas y elites insensibles a las dificultades que padece en el día a día, donde no parecieran existir puentes ni voluntad para avanzar hacia otro orden, abriéndose la perspectiva y convicción de que la salida a la crisis será mediante la formación de nuevas alianzas político – sociales, del recambio político y de la construcción democrática de una propuesta de cambio que abra paso a un nuevo orden estatal.

Claramente las actuales alianzas políticas se ven más como herederas y productos de la dictadura que proveedoras de nuevas certidumbres y esperanzas para la sociedad. La Coalición por el Cambio es la síntesis y núcleo del pinochetismo, aun cuando se intente ocultar ese vínculo vergonzante con los horrores que singularizan el legado de Pinochet; lo que queda de la Concertación, es el recuerdo de una alegría que nunca llegó y un grupo de amigos que hicieron un buen negocio que aún renta pese a la pérdida de acciones y credibilidad. Claramente no son apuestas ganadoras, sólo artefactos de reproducción de poder y privilegios y de eso Chile está hastiado. Por cierto, a estas alturas son poderes fácticos que se han apropiado del Estado haciendo uso de una institucionalidad que hizo posible su auto reproducción. Gestionar el Estado en todos sus niveles, en medio de una crisis de confianza nacional es una forma nueva de corrupción.

Todo el debate sobre alianzas, o el lugar del centro y de la izquierda, y los sueños de partido bisagra , el súbito sentido de responsabilidad de otros, no son sino expresiones groseras de la crisis de sentido que vive el enfermo terminal, alejado de los efectivos problemas de las mayorías sociales.

Transitar hacia una renovación de los acuerdos estratégicos político sociales requerirá de la conjunción creciente de la conexión de demandas nuevas e históricas, y de la elaboración de plataformas que hagan posible la construcción democrática de proyectos colectivos con perspectiva de transformación, proceso que ya se ha iniciado con la irrupción orgánica del movimiento estudiantil, que anuncia la recomposición de los anhelos y deseos sociales por justicia, igualdad y democracia.

Tales cambios suponen la renovación de los liderazgos políticos. No es sostenible para la nueva etapa que comienza a transitar Chile continuar con los mismos actores que se mueven en las viejas categorías de la política del siglo XX; el recambio es necesario y será el resultado de la reconstrucción de la propia política.

En lo inmediato, es urgente un gran acuerdo democrático entre actores sociales y políticos que establezcan las bases de desarrollo de una nueva democracia y de un orden económico y social solidario e incluyente, donde la voz social sea integrada activamente en los diseños que adopte ese proceso, al tiempo que se definan las vías y formas de trabajo para convocar a la recuperación del Estado para la sociedad, hoy cautivo de los intereses privados. La revolución democrática se ha iniciado.

En pocas ocasiones los procesos políticos y sociales se concentran al punto de adquirir perfiles nítidos y singulares que les dan fisonomía histórica a la vez que proyección, como acaece por ejemplo, con las revoluciones, los cambios constitucionales, la caída de un gobierno o el levantamiento popular. Son momentos constitutivos o generadores de nuevas tendencias históricas que implican a toda la sociedad, y como un tsunami, desplazan íconos, certidumbres, modificando el paisaje y dando lugar a una nueva realidad social.

Observando los acontecimientos político – sociales que han tenido lugar en el transcurso del año 2011, debemos asentir en que fueron hechos signados por una formidable y poderosa aspiración colectiva que cuestionó las certidumbres de orden urdido en las postrimerías de los años ochenta, celosamente protegido por la magia de la gobernabilidad y visto como el modelo de los poderosos y minorías. Esa fuerza ciudadana está en la base del cambio que vive Chile, y se perfila como un reencuentro de las aspiraciones de larga data, por alcanzar una sociedad genuinamente democrática y donde imperen los derechos, la justicia social y la libertad no sea una quimera, sino un bien apreciado por la mayoría.

Por de pronto, se pueden trazar las siguientes líneas que dan cuenta del formidable proceso que generó el 2011:

Por un lado, se vive la más profunda crisis en la política. La aprobación social de los partidos políticos y las coaliciones se encuentra en el nivel más bajo de las mediciones efectuadas, lo que da cuenta de una erosión en su legitimidad que se ve difícil remontar. La población lo dice claramente: estos partidos, este sistema no me representa. Movidos por intereses corporativos, los actores políticos de las coaliciones secretadas por el orden constitucional de base autoritaria, han manifestado su incapacidad para entrar en sintonía con la voz social, limitándose a cautelar las bases de su reproducción. Lo cierto es que el sistema binominal es el mismo de 1988, se reinstalan los senadores designados bajo nuevos maquillajes, la participación ciudadana no es comprendida como un derecho humano, el lucro en la educación es una consigna de anarquistas o ultras, y cosas por el estilo. En eso consiste la crisis que marca el inicio de un nuevo proceso en Chile.

Por otro lado, emerge con fuerza la sociedad civil y sus nuevas tramas asociativas, donde el movimiento estudiantil lidera la aspiración mayoritaria por modificar las reglas que han sustentado el proyecto neoliberal de mercantilizar la vida. Durante meses o casi un año, cientos de miles de estudiantes ingresaron a la esfera pública y pusieron en cuestión las sacrosantas verdades sobre las que se levanta el orden educacional, generando una corriente de simpatía que envolvió a la sociedad. Por doquier las demandas estudiantiles ganaron legitimidad y se transformaron en tema de reflexión política familiar, comunitaria, tornándose conversación pública sobre el sentido del proyecto de país en construcción. Ha sido un debate que está llevando a otros temas, politizando la sociedad, sacándola de la burbuja y prisión a la que estuvo sometida por años.

Finalmente, se perfilan los contornos de nuevos proyectos políticos para Chile. Se siente en el aire que se ha ingresado a una nueva etapa en el desarrollo político del país, desde luego signada por sombras, temores e incertidumbres, como las que acompañan siempre todo cambio. Y han surgido líderes que interpretan los anhelos de transformación que buscan las mayorías sociales, junto con innumerables propuestas en el plano político, económico, ambiental, que múltiples actores de la sociedad civil han levantado y que perfectamente constituyen las bases de programáticas de un futuro gobierno. Desde luego las formas en que ello cristalice es parte del futuro.

En suma, emerge con fuerza la demanda del cambio en las reglas que establecen la distribución del poder político y los frutos del crecimiento económico, a la vez que se constituye una demanda por poner término a las odiosas jerarquías sociales y privilegios de sustentan las desigualdades de nuestra mediocre modernidad. Estas últimas son tendencias aun, las cuales no deben ser descuidadas, pues anidan fuerzas que pueden estremecer los cimientos de la sociedad si no logran ser procesadas.

2011 es el año que marcó el agotamiento del modelo de democracia de los acuerdos, ingresando a la arena pública la demanda por la democracia de las mayorías.

Existen escasos argumentos para invalidar el desarrollo y formación de un futuro conglomerado político que albergue al más amplio y plural espectro de actores políticos que se pongan como objetivo alcanzar un gobierno de unidad y reconstrucción democrática nacional. Quienes persisten en defender espacios o cupos, son quienes han profitado o lucrado en amplio sentido, de las bondades de la institucionalidad autoritaria que nunca logró asentarse en el imaginario colectivo.

Repasando los discursos públicos de la fase previa y posterior al plebiscito de 1988, debe asentirse en que la mayoría de los pronunciados por líderes políticos de lo que fue la Concertación de Partidos por la Democracia, manifestaron muchas esperanzas en que el orden a alcanzar por medio de una negociación o transición pactada, pudiera permitir avanzar hacia un orden auténticamente democrático.

Las negociaciones de 1989 que llevaron al plebiscito de reformas constitucionales mantuvieron el andamiaje político institucional y económico social incólumes, y las reformas que se hizo permitieron fortalecer el sistema de reproducción de clase política y los privilegios de la minoría opulenta del país. El actual desprestigio de la política institucional y la anomia frente a un orden que se lo ve distante y oligárquico, amenaza con devenir revueltas populares futuras de no alcanzarse un acuerdo político estratégico entre los actores políticos y nuevas fuerzas sociales. El escenario no será como en el pasado. Una vez periclitada la estrategia insurreccional del MDP que incluyó a comunistas, socialistas almeydistas y MIR, y fortalecida la vía de negociación pactada con la dictadura, se estructuró un arco político que hizo posible no sólo derrotar al candidato del dictador en 1989, sino exhibir en el primer periodo de esos gobiernos, una alta adhesión social, una legitimación si precedentes, donde los políticos eran los héroes de la transición.

Las lecciones dejadas son muchas así como sus insuficiencias. Pero políticamente constituye una fuente de inspiración para los actuales momentos de crisis, con formas de desgobierno, no porque Chile esté paralizado o ante amenazas superiores, sino porque la ciudadanía ha dejado de creer en la política existente; los sistemas de representación no operan y la maquinaria política está sin funcionar adecuadamente. Ningún orden soporta mucho esta sensación de vivir bajo algo que no es legítimo, que sólo subsiste por la fuerza de las armas o la coacción. Es un estado de pánico larvado.

Son amplias las opciones para recuperar el gobierno democráticamente, pero a diferencia de ayer, en que se debió pactar finalmente con la soberanía popular, hoy es posible reconstruir una convergencia de recuperación democrática, integrada por todas las fuerzas que deseen un nuevo Chile, humano, centrado en las personas y no en objetos o productos. En esa convergencia todas las actuales fuerzas y culturas de oposición son potenciales integrantes, no existiendo razones de vetos o exclusiones odiosas que impidan un nuevo acuerdo social de cara al siglo XXI. Este entendimiento amplio supone: a) plantearse una nueva constitución política, b) las bases para una profunda revisión del modelo económico depredador que impera, c) una revisión de los sistemas de protección de los derechos humanos en todos los campos; d) una modificación de la distribución de los excedentes en la sociedad, e) una política de inclusión de todos los actores sociales en los procesos de cambio. Chile demanda un nuevo acuerdo, nuevos rostros, nuevos discursos.

Una segunda renovación está naciendo en política, pero también se cristalizan las fuerzas de oposición al cambio. La primera vio el cambio global y el fin de los socialismos reales; la segunda que nace, descubre que debe reinventarse la democracia y establecerse  nuevas relaciones entre actores sociales y políticos.

Cómo esperamos que sea dependerá de la capacidad comprensiva y de la generosidad de quienes ya han completado un ciclo que muere con el proyecto derrotado por la coalición conservadora que gobierna.

Estamos a tiempo de promover los entendimientos entre actores sociales y políticos, de innovar en las formas. 

Cuando la derecha llegó al gobierno por vía electoral, se levantaron dudas y expectativas tanto sobre su capacidad para gobernar bajo reglas democráticas como por las promesas que esparció en su campaña. Los magros resultados obtenidos son ilustrativos de que la mayoría del país no confía en su capacidad de gobierno, abriéndose un nuevo escenario que anuncia cambios profundos para el futuro próximo. ¿Cómo explicar ese hecho?

Un país traumado política y moralmente por los brutales sucesos vividos durante la dictadura militar, han tenido duras consecuencias sobre los actores políticos que se han visto las caras desde antes del 11 de septiembre de 1973, cuando se enfrentaban en las calles haciendo uso de la violencia, sea porque estaban a favor de la Revolución en Libertad, y en contra de las expropiaciones de la reforma agraria de Frei o por el odio despertado por los pobres de la ciudad y el campo que abrazaron la causa del socialismo democrático de Salvador Allende. Lo cierto es que parte sustantiva de quienes lideran aún los actuales procesos políticos son figuras de esa escenografía. 

Seguramente no podrán superar nunca el trauma que significó vivir la tortura y el sufrimiento inenarrables, quienes fueron vencidos por la violencia militar apoyada por el odio y el temor de las grupos privilegiados ante el avance del gobierno de Allende; así como tampoco aceptar los horrores de la muerte, vejaciones, desapariciones, y robos que se produjeron bajo la dictadura militar patrocinada por civiles conservadores y anticomunistas, quienes formaron parte de ese régimen de terror. Es comprensible, se trata finalmente de seres humanos enfrentados a los límites. Aquí radica el núcleo de los comportamientos políticos de esa generación que no logra y seguramente no podrá alejar los espectros que circulan por sus pensamientos y limitan su comprensión del tiempo presente.

La derecha había vivido con el trauma de no ser electa democráticamente para dirigir el país desde el gobierno de Alessandri en 1952, y su veloz alejamiento del caudillo que levantaron en 1973 se debió no sólo a las vergüenza de ser parte de ese legado, similar al que sienten los nazi en Alemania de post guerra, sino por razones de conveniencia política. Derrotados una y otra vez por la Concertación, en las sucesivas elecciones efectuadas desde 1989 en adelante hasta el triunfo de Piñera, gracias al esfuerzo hecho por la generación política que requería cerrar un ciclo, la misma que se dio la tarea de demostrar a los militares que era capaz de ofrece gobernabilidad al estado, paz social, y adecuarse a las nuevas reglas, esta vez escoltada por jóvenes ambiciosos de sello tecnócrata que sabían como resolver los problemas de los pobres. 

De igual modo, la fusión liberal – conservadora que accede al gobierno en 2010, liderada por un magnate, intentara demostrar a país que no sólo con golpes de estado se llega al gobierno, y que los votos también están de su lado. ¿Pero qué ofrece a cambio, qué ideas o malas prácticas debe abandonar? Su objetivo es demostrar que puede dar gobernabilidad a Chile. Los datos indican que no han tenido éxito y que seguramente deberán prepararse para hibernar por un prolongado periodo. Cuando recientes estudios de opinión - Adimark – GfK - indican que el jefe de la fusión liberal – conservadora genera poca confianza, no es creíble, o no es querido por los chilenos, expresan un malestar social profundo con los estilos de gobierno, con el modo en que se conducen los asuntos públicos, las promesas incumplidas, la reiteración por favorecer a los mismos de siempre, de grupos económicos, de empresas que no respetan el medio ambiente, que protege los privilegios de los políticos que se aferran al poder impidiendo aperturas democráticas.

El mérito de la Concertación y su miseria fue haber ofrendado a dioses ajenos los pecados de la elite que se asume responsable de la dictadura, vendiendo su alma al diablo a cambio de la absolución de sus verdugos. El actual gobierno no ha tenido ese valor, pues quienes lo juzgan son las mayorías sociales que sólo ven al barrio alto en La Moneda, reemplazando  al soberano a fin de cuentas.  

El año 2011 será recordado como un período de cambio social, signado por la irrupción masiva de actores sociales en la esfera pública. Sin lugar a dudas los estudiantes han cumplido un rol catalizador a la vez que delatan los malestares más profundos de la sociedad chilena en este largo ciclo de vigencia del estado neoliberal, iniciado tras la crisis institucional de 1973. El modo en que se articulen las nuevas demandas y propuestas sociales a las fuerzas políticas emergentes marcará el proceso político de cara al 2014 y en los años venideros.

Ha sido difícil de aceptar por parte de la clase política tradicional gobernante - en el poder y la oposición - que el ciclo iniciado hace 38 años está en fase de colapso, no porque exista un cuadro de deterioro creciente y nunca acabado de crisis de la política, o por el bajo nivel de legitimidad de las instituciones del Estado, porque los jóvenes no creen en el sistema o por la irrupción de las mayorías o la revuelta de la clase media.

Los motivos apuntan en otra dirección: estamos asistiendo a una escisión entre, por una parte, sistema político y, por otra, sociedad. El sistema político de democracia protegida que rige en el país está anclado a un diseño surgido en tiempos de la guerra de baja intensidad, cuando los Estados Unidos enfrentaba el reto comunista en su patio trasero, y que llevó a la instalación de dictaduras de seguridad nacional, como la que vivimos por 17 años. Ese sistema fue ideado como una contención o barrera a la expansión del comunismo y socialismo, que veía la sociedad como un campo de lucha donde sólo cabía la aniquilación del opositor. El nuevo orden creado por los defensores de la libertad fraguó una idea de democracia para controlar a la sociedad y no para fomentar su autonomía y la deliberación pública. Pero a casi cuatro décadas del asalto al poder y de fundación de un estado defensor de privilegios corporativos de la clase lucrativa, los argumentos a favor de preservar un orden que por su naturaleza ha producido desigualdad, son equívocos. Los argumentos conservadores que, por ejemplo, asocian multipartidismo con polarización social, para negarse a modificar el sistema binominal, delatan confusión, pues las circunstancias en que se desarrolló esa sociedad y ese régimen electoral ya no existen. Son los fantasmas del pasado. Y de esos  está poblado el discurso  político.

Por otra parte, la sociedad que se separa del orden reinante, lo hace porque la democracia representativa de la Constitución de 1980, no fue concebida para incluir a los nuevos sujetos y actores sociales, sino para excluir a los viejos grupos del orden bipolar del siglo XX, evitando al máximo su interferencia en los asuntos del nuevo estado subsidiario. Si se lee detenidamente, en los últimos 38 años no ha habido integración institucional de formas de participación ciudadana en las políticas públicas como política de estado. En dictadura hubo corporativismo social, fundada en la teoría de los grupos intermedios. En la post dictadura – periodo de la Concertación - en rigor hubo simulacro y algunas buenas intenciones y, en los nuevos tiempos, no alcanza para farsa. La ley 20.500 ni dispone de presupuesto, ni se ha actuado con la debida prolijidad en su implementación.

Enfrentada a un orden que  no  valora a la ciudadanía, el camino de la acción ciudadana no institucional, seguirá en desarrollo y marcará los escenarios políticos próximos. El sistema político no dispone de ductos de descompresión, y la clase política vive en una institucionalidad del pasado. La confluencia entre movimientos ciudadanos y nuevos liderazgos democráticos exige levantar propuestas de recomposición sistémica y programática de un nuevo orden político, que instale en La Moneda a los sujetos históricos del siglo XXI.

Se vivirá en Chile un segundo 5 de octubre sin estar en el poder del Estado la coalición que se hizo del poder luego de infligir una derrota en las urnas a la dictadura militar. Ese día que se vivió como fiesta en los primeros años de recuperación democrática y que hoy sólo es motivo de recuerdo para unos pocos, parece tornarse propicio para reflexionar sobre la fragilidad del orden político instituido y para explicarnos qué fue lo que ocurrió en nuestro país que hizo posible la construcción de una sociedad con miedos, injustica social, desigualdad, exclusiones, y múltiples violencias que la asedian y amenazan nuevamente. No existen razones para celebrar el 5 de octubre.

Cuando se intenta analizar el proceso post plebiscito de 1988 a objeto de comprender y explicar por qué la energía democrática que se expresó en las urnas ese día primaveral, la alegría como se la denominó, se disolviera y terminara en un lejano recuerdo, y donde sus actores - millares de ciudadanos/as - se fueron replegando como avergonzados de la criatura que surgió de ese viejo soberano que le dio vida y sustento, se puede evaluar ese proceso a lo menos desde dos perspectivas: vencedores y vencidos. Y surge de inmediato la pregunta ¿quiénes son ellos?

Los vencedores serían quienes agrupados tras la Concertación de Partidos por la Democracia se hicieron del poder del Estado en 1990, y los vencidos, los soportes políticos de la dictadura del general Pinochet y los actores sociales y políticos que no participaron del diseño de salida pactada que dio lugar al proceso de transición. ¿Cómo se explica el dramático cuadro de desafección actual hacia la política existente y la aspiración a retomar un camino sensato de desarrollo inclusivo, justo y en democracia?

Los vencedores del 5 de octubre han propuesto líneas explicativas pero no autocrítica de los motivos que arrojan luz sobre el clima emocional del país. Para unos, el sistema político estuvo trabado por los cerrojos institucionales que impidieron la expresión de la voluntad popular, siendo el sistema electoral, los senadores designados en el primer decenio post dictadura, y los altos quorum constitucionales, los principales responsables de la crisis de representatividad política que aqueja a ambas cámaras y al sistema político en general. Para otros, por una excesiva prolongación del modelo de gobernabilidad diseñado y operativo en el gobierno de Aylwin, que gracias a los acuerdos intra elites permitió fijar campos de acción y prebendas mutuamente ventajosas a los actores con poder real entonces. También existe la visión que los vencedores del 5 de octubre olvidaron los compromisos programáticos democratizadores previos a la llegada al poder, que abandonaron a la población que les dio apoyo y confianza, y también que el desgaste de los años en el poder erosionó la fortaleza que proyectaban. Entre medio, circulan ideas sobre la elitización u oligarquización de la política, el transformismo, hasta los extremos de la corrupción o descomposición de una coalición que perdió el alma y se corrompió en disputas de poder e intereses privados, abdicando de lo público.

En este contexto, cabe pensar sobre los vencidos de entonces, y hoy en el poder. En rigor, sólo perdieron la facultad de aplicar el terror y el disciplinamiento como lo practicaron por años, y algo de recaudación por las reformas tributarias de inicios de los noventa. Su poder se mantuvo incólume a través del orden constitucional que diseñaron y pensaron perduraría por siempre. No obstante, el poder de ese grupo social y político no radicaba tanto en la política como en las reglas de mercado que se expandían y generaban una nueva sociedad, produciendo hegemonías proclives al pensamiento conservador y autoritario y, en última instancia, no democrático.

Un grupo vencido minoritario fue el nucleado en torno al Partido Comunista, fracciones socialistas, y desgajamientos del núcleo vencedor que se retiran del aparato de Estado por discrepancias en enfoques de gobierno. Para ese sector se vivió una travesía por el desierto, muchos de ellos en las cárceles, exiliados, en condiciones de subsistencia, retornando a los estudios, rehaciendo vidas clandestinas. Dura derrota pues junto con quedar fuera del diseño de gobierno, pierden a la vez referentes globales tras a caída del Muro de Berlín.

En 1990 se construyó una doble alianza que permite explicar la crisis de Chile actual: por un lado, el centro político de entonces, aliando a la franja renovada del Partido Socialista y a fracciones liberal – progresista más tarde, recompone un eje de poder político y social que daría estabilidad al orden post dictadura, a cambio de la concesión a los soportes del viejo régimen, de la mantención de los equilibrios de poder, léase modelo económico e institucional, y renuncia a abordar con rigor el tema de las violaciones a los derechos humanos. Por otro, una alianza en el grupo vencedor del 5 de octubre, que avanza solapadamente: la renuncia a los ideales de cambio y la apropiación de un discurso e ideología global, al igual que las planificaciones del periodo Frei Montalva y Allende. No era extraño para quienes conocían de propuestas integrales, totales. El ideario neoliberal que se expandió durante los gobiernos de la Concertación, junto con ser una derrota de ideas para los vencedores de octubre, marca a la vez la ruptura del acuerdo social que hizo posible la sostenibilidad de ese proyecto administrado por la fracción mesócrata de la elite chilena.

Junto con la descomposición de los sujetos históricos de la transformación social y política de los proyectos de cambio del siglo XX, el núcleo de poder que administra el Estado entre 1990 y 2010, queda vaciado de interlocutores y sujetos sociales transformadores, lo que explica en parte, la soledad actual de las elites en un marco de reconstrucción de nuevos sujetos.

Prisioneras en el dilema de los encuadres de la post dictadura, las fuerzas triunfantes de 1988, enfrentadas hoy a una crisis profunda, nos recuerdan a Marx que escribió en 1859: “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitro, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sin bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado”. Hoy enfrentada a una crisis profunda de supervivencia “es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable, representar la nueva escena de la historia universal”.

Tras años de escuchar los mismos discursos y ver rostros repetidos, tiene lugar un cambio en la situación política que adelanta los perfiles que tendrán las luchas democráticas venideras, proceso signado por la pervivencia de modos  del  siglo XX de comprender las transformaciones y la emergencia de las nuevas fuerzas, en una disputa que dejará en el pasado los vestigios del ciclo oligárquico que creíamos había concluido.

El orden político chileno se ha sostenido dos siglos por la conjunción de tres factores: un Estado instituido por las fuerzas oligárquicas rebeldes al sometimiento hispano, una sociedad civil fuertemente hegemonizada por los poderes fácticos dominantes, cultural, política y económicamente, y una naturalización de la desigualdad e injusticia social.

El siglo XX marcó una inflexión en el proceso de disputa por el sentido de la democracia donde diversos ensayos políticos buscaron realizar unos ideales de justicia e igualdad en un marco de respecto a las reglas democráticas. El modo en que las fuerzas políticas, los actores sociales y el sistema político se articularon para producir esos cambios dio un sello distintivo al tipo de democracia chilena en el contexto latinoamericano. Estado, partidos y actores sociales del conflicto capital / trabajo marcan el decurso histórico que culmina en  1973. El estado capitalista fundado de las ruinas de La Moneda, no sólo transforma el contenido de la forma de dominación que había imperado, sino que deja al desnudo el nuevo formato del poder instalado, ahora sometido a las reglas y lógica del mercado, desprovisto del contenido democrático del viejo ciclo con la pretensión de una nueva fundación estatal sostenida por las nuevas clases políticas recicladas y desarmadas ideológicamente. El milagro de la Concertación debe entenderse como el triunfo del neoliberalismo sobre la democracia y como derrota moral de los viejos adalides de la justicia social.

Durante toda la fase del post pinochetismo, desde 1990 en adelante, se produjo una partición del campo democrático que operó en los ochenta: por un lado, los actores sociales orgánicos afines al proyecto de la Alianza Democrática, bajo conducción del PDC, son cooptados, asimilados o fagocitan del aparato estatal gobernado por la Concertación, en un entendimiento basado en dejar que las reglas institucionales de la Carta de 1980 reformada, operaran sin alterar lo esencial del modelo y la refundación neo capitalista. Este proceso fue posible gracias a la continuidad histórica del viejo patrón de relaciones entre pueblo y política, proceso marcado por clientelismos, amiguismo, formas de corrupción, que dieran tono a la democracia tutelada que se abría paso en gloria y disciplinamiento social. De otra parte, los actores sociales que quedaron fuera de la negociación, básicamente del PC y sectores socialistas y fuerzas no adscritas al orden guzmaniano, terminaron replegadas y esquilmadas, manteniendo adhesiones a proyectos del viejo siglo XX, y sólo generando acuerdos tácticos con las fuerzas políticas administradoras del Estado en una fase tardía y de crisis de proyecto estatal fundacional del neoliberalismo.

Con la aparición del movimiento estudiantil, de los ambientalistas, y grupos expresivos de identidades y reivindicaciones nuevas, al margen de la política institucional y sus ritos, se fractura una línea de continuidad que había perdurado casi un siglo, y emergen los perfiles de un nuevo proyecto político nacional, con nuevos liderazgos, discursos, formas de comunicación, que apunta una crítica a corazón del sistema: el fin del lucro, un nuevo rol del Estado y la gratuidad del bien público educacional como promesa de justicia social.

En ese cuadro, las invocaciones a recuperar la idea de la Asamblea de la Civilidad, hechas por parte de los futuros náufragos del tsunami político que se avecina, no sólo es atemporal sino crónica de una farsa anunciada. O de otra  parre, como  acercamiento a un nuevo acuerdo social, que permita escuchar lo que la gente quiere es algo difícil de digerir.

Es necesario concordar en que aun cuando sobrevivirán los modos tradicionales y culturales de hacer política en el Chile de hoy, ese proceso no será dirigido por los actores políticos que contribuyeron a la construcción de un país profundamente desigual, oligárquico y seudo democrático.

Un proyecto transformador está naciendo en Chile, y nuevos líderes se están formando. La clave es sumarse al cambio de mayorías que trasciende las vejas nociones de centro e izquierda.  Esos nichos con pretendidos dueños no existen.

El sentido común ha sobrepasado los límites cognitivos de un grupo que se auto reprodujo por años al amparo de un orden que ha generado a sus sepultureros.

El debate que está teniendo lugar sobre las opciones de continuidad de la Concertación de Partidos por la Democracia, se está circunscribiendo a cuestiones formales, obviando la crucial pregunta por la vigencia de un proyecto  y el consentimiento social que suscita en la ciudadanía. Existen razones para pensar que su tiempo histórico ha concluido.

En primer lugar es preciso concordar en un punto crucial. El fin de la república democrática luego de la contra revolución conservadora de septiembre de 1973, y la fundación de un nuevo Estado chileno, constituye un proyecto en desarrollo aun en movimiento. El retorno a la democracia que hemos vivido desde 1990, significó el restablecimiento de libertades y garantías básicas, pero no debe llevar a pensar que el orden autoritario institucional y económico concluyó. Por el contrario, y en un sentido laxo debe reconocerse que el proyecto concertacionista fue una extensión civil del programa neoliberal activado bajo lo militares dirigidos por la tecnocracia que hoy gobierna. Estructuralmente la constitución política garantizó la reproducción de los equilibrios de poder necesarios para la mantención del status quo, no existiendo cambios estructurales del modelo.

Diversas razones pueden explicar la perdurabilidad de ese proyecto concluido, entre los que debe apuntarse el abuso de recurso del miedo, señalando la involución autoritaria, las pesadillas del terror militar, los errores del pasado, la polarización política, el post comunismo, entre otras. Lo concreto es que la Concertación contribuyó a generar disciplina social hacia las reglas del orden establecido, debiendo en consecuencia demostrar capacidad de gobierno y respeto por una institucionalidad ajena, como usando un ropaje prestado. Algunos vistieron esas prendas sin pudor, otros, ocultando la condición de parientes pobres administrando la casa de los patrones generosos.

La instalación en el Estado de nuevos gobernantes, junto a las medidas adoptadas en este primer tiempo de gestión y de las dificultades observadas, sólo da cuenta de un hecho: podrían haber dejado en la administración al anterior bloque político y haberse ahorrado muchos malestares, después de todo hacían una buena labor de protección de las reglas del modelo.  

Preguntarse por la vigencia de la Concertación remite a la vieja pregunta gramsciana sobre si existen nuevas condiciones para la organización de la voluntad colectiva nacional popular, que permita la articulación de los grupos sociales subalternos, dando origen a una fuerza social y política transformadora que avance en un proceso de acumulación de fuerzas capaz de crear un nuevo Estado. Si la Concertación reúne las capacidades y es capaz de organizar esa voluntad hoy fragmentaria tendrá opciones. De lo contrario, habrá de asumir que su vida política ha concluido y deberá replegarse, dando paso a la emergencia de un nuevo bloque histórico en formación, cuya composición aun en desarrollo indica que será un espacio plural y con vocación de cambio, con un repertorio de nuevas prácticas democráticas aprendidas en la acción colectiva, con las lecciones obtenidas de su lectura crítica de la realidad, anclado sobre bases nacionales y con perspectiva internacional y regional. Sus  contornos  son hoy difusos, aun cuando se siente en el aire público que el cambio mayoritario anhelado es inminente.

Vivimos en medio del cambio social y político donde lo viejo lucha por perdurar y el parto del nuevo proyecto democrático tiene lugar en medio de las juventudes que se abren paso entre los trastes del pasado, los códigos desvencijados, y una elite política aferrada a sus símbolos e historias, como buscando huir de un destino  ineluctable.  

¿Cómo  explicar  los bajos niveles de popularidad del actual gobierno y de la política institucional, más  allá de  la crisis  educacional?, ¿En  esto  consiste el fin de la democracia de los acuerdos?, ¿Cómo  interpretar los fenómenos que sacuden  la gobernabilidad institucional? No parece  posible encontrar líneas  argumentales que  den cuenta de la magnitud del proceso, ni  modelar  una realidad que recién comienza  a manifestar  su primeras  expresiones. 

Con  todo,  se puede observar  la formación de  tendencias en creciente  desarrollo, las cuales  se avizoraban hacia  fines  de los años  90. Todo  indica  que  Chile ingresa al  curso  democratizador  que  demandan las sociedades  civiles por doquier,  en el cual convergen factores de continuidad  y  de  ruptura.

En  primer  lugar, tras  20 años de  carencia de  política,  y  de imperio de la lógica de mercado  en las relaciones sociales e interinstitucionales, ha concluido una fase de  disciplinamiento social  hacia las reglas del mercado y  la gerencia  pública o tecnocrática del aparato de  Estado. Se ha instalado una  nueva  figura de ciudadano, y  de  una capacidad de comprender lo público estatal y  lo político. La  invocación del Estado en nuestros  días, en tanto figura rectora del orden político,  no es en tanto búsqueda de la autoridad  garante del  bien  social,  sino instrumento de  transformación social,  y  de  democratización  de  unas reglas  percibidas  distantes y al servicio de  minorías y elites que se  auto protegen con una legitimidad  cuestionada. El Estado es  sólo un lugar  de  coordinación social y técnica para  la solución de los conflictos actuales, en donde  importa  el contenido que imprime  la dirección del  cambio.

En segundo lugar, está concluyendo la formación de  una  nueva ciudadanía,  fundada en una noción de  derechos  contradictoria  con el orden  excluyente que  impera en diferentes planos de la vida colectiva. El  pluralismo asociativo  que emerge señala el fin de la sociedad  tradicional que vivió Chile, a la vez que tensiona  con la aparición de  nuevas  identidades colectivas y actores  sociales el entramado  en que  había  tenido lugar el  viejo modo de  hacer  política.  No  implica esto la  desaparición de los  estilos  históricos de generar  adhesión a través de la gestión clientelar  de las demandas y anhelos sociales; sólo que ha  de considerarse una señal de  ruptura con  lo viejo que  no  tardará en concluir.

En tercer lugar, puede afirmarse que los elementos de  continuidad están dados  por la  constitución de  una  voluntad  de construcción democrática afincada  en una valoración de la acción colectiva,  centrada en el desarrollo y afirmación de derechos;  los elementos de  ruptura, y contracara del proceso en curso, apuntan a  la reinterpretación del contrato  social vigente,  y  en  definitiva  al tipo  de convivencia deseable  y posible. La democracia como es percibida hoy, no guarda  relación con la  política  realmente  existente,  ni sus exponentes. A diferencia del efecto  de mercado, las reglas  institucionales han generado  una indisciplina  social hacia  el orden democrático que  se ha querido construir, particularmente entre las nuevas generaciones, abriendo una brecha que  señala  un camino de ruptura, cuyos contornos no son apreciables hoy.

Finalmente, puede  sostenerse que el  inicio de un nuevo  ciclo político en Chile no sólo se ha iniciado, sino que es necesario  volver  a mirar de otro  modo lo que  aparecía como  sólido y duradero. La democracia de los  desacuerdos sólo da cuenta  de mayorías  y minorías  reales, desacuerdos que exigen de  nuevos consensos, entre ellos, el educacional.